Diputados avalan alivio fiscal para industria automotriz y gasolineras; oposición reclama exclusión

La Cámara de Diputados aprobó exceptuar a determinadas armadoras y a empresas que venden, distribuyen o comercializan gasolinas y diésel de los nuevos límites a las deducciones y pérdidas fiscales del impuesto sobre la renta (ISR), entre cuestionamientos de la oposición porque el beneficio no se amplió a otros sectores productivos.

Las modificaciones enviadas por el Senado fueron avaladas en lo general y en lo particular con 349 votos a favor, 92 en contra y ninguna abstención, por lo que el decreto pasó al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.

Morena, el Partido del Trabajo (PT), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Movimiento Ciudadano (MC) respaldaron los cambios, mientras que el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) anunciaron su rechazo al considerar que la corrección era insuficiente y atendía advertencias que la mayoría había desechado previamente.

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“Hoy, el Senado nos vuelve a enmendar la plana”, reclamó el priista Jericó Abramo Masso, quien sostuvo que representantes de la industria automotriz habían advertido sobre las afectaciones durante la discusión original de la reforma.

Qué cambia para armadoras y gasolineras

Las modificaciones al artículo 78-E amplían las excepciones al mecanismo de control de deducciones y pérdidas fiscales, dirigido a personas morales residentes en México con ingresos acumulables superiores a 50 millones de pesos que determinen utilidad fiscal en el ejercicio.

Ese mecanismo limita los gastos que pueden descontar de sus ingresos y las pérdidas de ejercicios anteriores que pueden aplicar para calcular el impuesto a pagar.

En el caso automotriz, la excepción incluye a las empresas autorizadas para ensamblar y fabricar vehículos bajo el régimen de depósito fiscal, con un tratamiento semejante al de las maquiladoras, aunque no comprende los ingresos por la venta de mercancías en territorio nacional.

También quedan exceptuados los contribuyentes dedicados al expendio al público, distribución o comercialización de gasolinas y diésel que cuenten con el permiso correspondiente.

Las modificaciones no eliminan el pago del ISR ni las obligaciones de fiscalización de estas empresas, sino que las excluyen de ese mecanismo específico de límites. El decreto establece su entrada en vigor el 1 de enero de 2027.

Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Carol Antonio Altamirano, defendió que las excepciones reconocen las condiciones operativas de ambos sectores y negó que su aprobación se hubiera acelerado mediante dispensas de trámites.

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“No estamos modificando tasas del impuesto sobre la renta”, sostuvo, y afirmó que el objetivo es equilibrar la recaudación con la inversión y la generación de empleos.

Reclaman que el beneficio no alcance a toda la cadena productiva

El principal cuestionamiento de PAN, PRI y MC fue que las nuevas excepciones no abarcan de manera general a fabricantes de autopartes, distribuidores de vehículos y empresas de gas LP, pese a que también enfrentan costos elevados y márgenes de ganancia reducidos.

La diputada Patricia Flores Elizondo, de MC, explicó que su bancada votaría a favor por considerar que los cambios representan un avance, aunque cuestionó que el tratamiento fiscal dependa de la capacidad de negociación de cada sector.

“El propio Senado aceptó lo que dijimos en esta tribuna. Deducir mucho no siempre es evadir. Muchas veces simplemente es producir”, expresó.

Flores también pidió que Hacienda y el Servicio de Administración Tributaria informen cuánto recauda el nuevo mecanismo, a qué empresas afecta y si contribuye a combatir la evasión o frena la inversión.

Por el PAN, Federico Döring calificó la modificación como un “mejoralito” para la industria automotriz y cuestionó que el apoyo no se extendiera a las autopartes, mientras que Abramo Masso señaló que tampoco se atendió a mayoristas, distribuidores de alimentos y empresas en reestructura.

Durante la discusión, la morenista Claudia Rivera Vivanco reconoció que la adecuación enviada por el Senado ya había sido planteada en la Comisión de Hacienda, aunque defendió que el intercambio entre ambas cámaras permite mejorar las leyes.

Su compañero de bancada Daniel Murguía también coincidió en que deberían incluirse otros sectores, pero llamó a respaldar los beneficios incorporados para armadoras y empresas de combustibles.

El Verde advierte que la reforma no garantiza gasolina más barata

Morena y el PT defendieron que la excepción para gasolineras busca evitar que una mayor carga fiscal se traslade a los consumidores y contribuya a encarecer el transporte y las mercancías.

Sin embargo, el diputado del PVEM Carlos Joaquín Ruiz Olloqui advirtió que ese objetivo no equivale a una reducción automática de precios.

“Esta reforma no establece descuentos en las gasolineras ni obliga a las empresas beneficiadas a reducir sus precios”, puntualizó.

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El legislador pidió evaluar si las excepciones contribuyen a estabilizar los combustibles, favorecen la inversión y el empleo, así como conocer su efecto sobre la recaudación.

Antes de la votación, la mayoría rechazó admitir a discusión una reserva del panista Miguel Ángel Salim Alle para ampliar las actividades beneficiadas, entre ellas la comercialización de autopartes y vehículos, así como actividades de transporte relacionadas con el gas LP.

La diputada de Morena Leticia Farfán retiró su reserva, con lo que las modificaciones del Senado fueron aprobadas sin cambios.