Caso Ayotzinapa: Ángel Aguirre afirma que pidió detener a Abarca antes de la desaparición de los 43

ALTIPLANO, ESTADO DE MÉXICO.- El exgobernador de Guerrero, Ángel Helodio Aguirre Rivero, afirmó que meses antes de la noche de Iguala y la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa pidió a Jesús Murillo Karam, titular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), detener a José Luis Abarca Velázquez, entonces presidente municipal de Iguala, por sus presuntos vínculos con el crimen organizado.

Así lo sostuvo durante la continuación de su audiencia inicial, celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal “El Altiplano”, Estado de México, en la que fue vinculado a proceso por presuntamente ocultar y ordenar destruir videos clave del Caso Ayotzinapa.

“En una reunión en Palacio Nacional le pedimos al entonces procurador Jesús Murillo Karam detener a Abarca, pero me dijo que tendría una cirugía, por lo que asignaría a alguien para darle seguimiento al tema, cosa que nunca hizo”, señaló el exmandatario durante la audiencia en la que estuvieron presentes madres y padres de los estudiantes desaparecidos.

Además, indicó que no fue la única vez que solicitó a las autoridades federales actuar en contra del alcalde de Iguala e insistió en que la tragedia pudo evitarse si le hubieran hecho caso.

“El gobierno del estado a mi cargo también planteó, un mes antes de los lamentables hechos de la noche de Iguala, al representante de la PGR en la entidad que se detuviera al alcalde de Iguala, José Luis Abarca. Tal vez si lo hubieran hecho nada de esto hubiera pasado”, agregó el exmandatario estatal.

Esta declaración del exmandatario se suma a registros previos en la investigación del Caso Ayotzinapa, en los que se abordan este deslinde de responsabilidades y las gestiones realizadas para detener a José Luis Abarca meses antes de la noche de Iguala.

Antes de Ayotzinapa, la PGR y el gobierno de Guerrero conocían los nexos de José Luis Abarca

Desde su primer informe, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) expuso la correspondencia oficial de 2013 y 2014 entre autoridades estatales y federales, en la que se reveló que tanto el exgobernador Ángel Aguirre como el procurador Jesús Murillo Karam tenían bajo resguardo pruebas para encarcelar al exalcalde de Iguala.

Por ejemplo, se tiene registro de que el 14 de marzo de 2014, la entonces Procuraduría General de Justicia de Guerrero remitió formalmente a la PGR la declaración de un testigo clave dentro de la averiguación iniciada por el secuestro y asesinato del activista Arturo Hernández Cardona, líder de la Unidad Popular Emiliano Zapata en mayo de 2013, advirtiendo sobre la posible participación del grupo delictivo Guerreros Unidos.

Derivado de estas alertas, el 12 de junio de 2014 la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) —órgano de la PGR bajo el mando del procurador Jesús Murillo Karam— entonces encabezada por Rodrigo Archundia Barrientos, abrió formalmente la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDMS/439/2014.

En la investigación se señalaba de manera explícita a José Luis Abarca y a su secretario de Seguridad Pública municipal, Felipe Flores Velázquez, como autores materiales vinculados con la delincuencia organizada.

Sin embargo, en la SEIDO la investigación sufrió una parálisis procesal que impidió cualquier acción penal preventiva, según documentó también el GIEI en su segundo informe del caso.

Solo dos días después de la desaparición de los 43 normalistas, el 28 de septiembre de 2014, durante una reunión de gabinete registrada en un reporte oficial del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), el gobernador Ángel Aguirre intentó deslindar a su administración responsabilizando directamente a las autoridades federales.

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“Todo esto no hubiera sucedido si la SEIDO hubiera actuado desde antes en contra de José Luis Abarca, presidente municipal de Iguala”, refirió el GIEI en el sexto y último informe que presentó sobre el Caso Ayotzinapa.

Los informes del GIEI también refieren que cinco meses después de la agresión contra los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, durante una reunión de seguimiento celebrada en la Ciudad de México ante los familiares de las víctimas —donde estuvieron el procurador Jesús Murillo Karam, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y la secretaria de Desarrollo Social Rosario Robles—, el entonces titular de Gobernación habría confrontado directamente la versión defensiva de Aguirre.

De acuerdo con el testimonio de los familiares, Osorio Chong les habría dicho en esa sesión: “nosotros le dijimos a Aguirre que tuviera cuidado y vean, las cosas se le salieron de las manos”.

CNDH señala omisión del gobierno de Guerrero durante la gestión de Ángel Aguirre

En el Informe de la Recomendación 15VG/2018, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y publicado en marzo de 2022, se dio cuenta de que el entonces procurador de Guerrero, Iñaki Blanco Cabrera, respaldó la versión que hizo Ángel Aguirre en sus comparecencias, asegurando que “desde muchos meses antes” de la noche del 26 de septiembre de 2014 la fiscalía a su cargo se había coordinado estrechamente con la PGR y su subdirección de Crimen Organizado en torno del expediente del activista Hernández Cardona.

El exfiscal estatal argumentó que la procuraduría de Guerrero estaba “perfeccionando” la investigación para fincarle responsabilidades penales de manera sólida a José Luis Abarca por dicho secuestro y ejecución.

Sin embargo, la narrativa de la CNDH dio un giro en su recomendación 208VG/2026, publicada el pasado 2 de julio de 2026, y criticó severamente la actuación de las autoridades locales de Guerrero.

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En dicho documento, la CNDH reiteró que años antes de la tragedia eran ampliamente conocidas las acusaciones de colusión entre José Luis Abarca y su esposa con el crimen organizado y el narcotráfico.

Por este motivo, el organismo señaló que tanto el gobernador Ángel Aguirre como el procurador Iñaki Blanco tenían conocimiento de esos vínculos y “a quienes en primera instancia les hubiera tocado actuar y no lo hicieron”, permitiendo que la denuncia del activista Hernández Cardona pasara desapercibida y facilitando un clima de impunidad en Iguala.

Durante la audiencia inicial contra el exgobernador, su defensa legal criticó que la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) haya iniciado la carpeta de investigación contra Ángel Aguirre apenas el pasado 6 de julio, tan solo cuatro días después de la presentación del informe de la CNDH y a más de 12 años de los hechos ocurridos en Iguala.

¿Qué papel jugaron José Luis Abarca y Murillo Karam en el Caso Ayotzinapa?

José Luis Abarca Velázquez fue presidente municipal de Iguala, Guerrero, bajo las siglas del Partido de la Revolución Democrática (PRD), desde octubre de 2012 hasta el 30 de septiembre de 2014, fecha en que solicitó licencia y se dio a la fuga tras el ataque armado contra los estudiantes normalistas. Fue detenido por fuerzas federales en noviembre de 2014 en la Ciudad de México junto con su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, señalada también por pertenecer a una familia con nexos con el crimen organizado.

La FGR y las investigaciones del Caso Ayotzinapa señalan a Abarca como presunto autor intelectual de la desaparición forzada de los 43 normalistas. Se le acusa de operar en colusión con el grupo delictivo Guerreros Unidos y ordenar a la policía municipal de Iguala la agresión y captura de los estudiantes en septiembre de 2014.

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En mayo de 2023, un juez federal lo condenó a 90 años de prisión, tras encontrarlo penalmente responsable del secuestro y homicidio del activista Arturo Hernández Cardona y de otros dos luchadores sociales, crímenes perpetrados en mayo de 2013.

Actualmente, Abarca está recluido en un penal federal de máxima seguridad cumpliendo su condena. De manera simultánea, enfrenta otros juicios federales abiertos por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) y desaparición forzada.

Por su parte, el exprocurador Murillo Karam, el exfuncionario federal de mayor rango procesado en relación con la noche de Iguala, también enfrenta juicios vinculados al Caso Ayotzinapa, aunque bajo la medida de prisión domiciliaria.

El 27 de enero de 2015, Murillo Karam presentó ante los medios de comunicación las conclusiones oficiales de la PGR, sentenciando que los normalistas habían sido secuestrados por policías municipales, entregados al grupo criminal Guerreros Unidos e incinerados en el basurero de Cocula.

Esta narrativa oficial, bautizada por él mismo como la “verdad histórica”, fue calificada posteriormente por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ) y el GIEI como una fabricación construida mediante la tortura de detenidos, la manipulación de pruebas y el ocultamiento de bitácoras telefónicas y videos clave.

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Murillo Karam fue detenido por la Policía Federal Ministerial el 19 de agosto de 2022 en Lomas de Chapultepec. La FGR lo acusó formalmente de ser el presunto responsable de los delitos de desaparición forzada de personas, tortura y delitos contra la administración de justicia por haber coordinado la distorsión deliberada de los hechos.

El exprocurador se encuentra formalmente vinculado a proceso por los cargos imputados por la FGR. Aunque inicialmente un juez de control le dictó prisión preventiva justificada en un reclusorio federal, debido a su edad y a sus padecimientos médicos crónicos se le concedió el beneficio procesal de continuar sus juicios en prisión domiciliaria, estatus en el que se encuentra actualmente.