Caso Ayotzinapa: crónica de audiencia de Ángel Aguirre y el dolor de las madres

Con casi tres horas de retraso inició la audiencia inicial contra el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, por el caso Ayotzinapa. La demora obedeció a la incorporación formal de 13 madres y padres de los 43 normalistas víctimas de desaparición forzada en 2014, quienes participaron en la sesión en calidad de víctimas indirectas.

De ellos, cinco estuvieron presentes físicamente en la sala de testigos protegidos y ocho siguieron el desarrollo de esta crucial audiencia por videoconferencia, acompañados por su asesoría jurídica desde las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez en la Ciudad de México.

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Vestido con una sudadera de manga larga y un pants gris, Ángel Aguirre compareció ante la justicia federal en esta audiencia histórica. Durante las casi 14 horas que se prolongó la sesión judicial, el exmandatario se mantuvo atento, realizando constantes anotaciones en un cuaderno y conversando de forma intermitente con su equipo de defensores particulares.

El debate entre los agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) y los abogados de la defensa se caracterizó por su rispidez. Incluso, la tensión en la sala obligó al juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Mario Elizondo Martínez, a intervenir enérgicamente para llamar al orden, amonestando a ambas partes con la aplicación de multas, la expulsión de la sala o incluso el arresto inmediato en caso de persistir con las interrupciones mutuas.

El debate en la audiencia: bitácoras frente al viaje a Polanco

Durante la jornada del juicio, la defensa de Ángel Aguirre desplegó una estrategia basada en la presentación de 31 datos de prueba para evitar su vinculación a proceso en el caso Ayotzinapa.

El objetivo central de los litigantes era desacreditar la imputación de la FGR, la cual sostiene que el exgobernador ordenó ocultar y destruir las grabaciones clave del Palacio de Justicia de Iguala la noche de la desaparición forzada de los normalistas en septiembre de 2014.

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La acusación de la Fiscalía se sustenta en las declaraciones recientes de la expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, Lambertina Galeana Marín (actualmente bajo proceso judicial), y de Blanca María del Rocío Estrada Ortega, exvisitadora general del Consejo de la Judicatura Estatal.

Estrada Ortega declaró ante el Ministerio Público Federal haber sustraído los discos con los videos originales de la oficina de la magistrada Galeana para entregárselos personalmente a Aguirre Rivero en la ciudad de Chilpancingo la noche del 29 de septiembre de 2014, aproximadamente a las 20:00 horas.

Según la acusación, el exmandatario ordenó al día siguiente a su gabinete la destrucción de dichas grabaciones.

Para contrarrestar este testimonio, la defensa argumentó que en la fecha y hora señaladas por la exvisitadora, el exgobernador no se encontraba en la capital de Guerrero, sino en la Ciudad de México, reunido en una oficina de la zona de Polanco con el entonces secretario de Gobernación federal, Miguel Ángel Osorio Chong.

Para respaldar esta coartada de ausencia, los abogados presentaron notas periodísticas, comunicados de prensa y el testimonio de dos excolaboradores de primer nivel que comparecieron en la sala: Jesús Martínez Garnelo, exsecretario general de Gobierno de Guerrero, y Felipe Martín Ornelas Rebollo, excoordinador general de Seguridad y Transporte Aéreo, quienes confirmaron haber acompañado al exmandatario en dicho viaje.

Sin embargo, a pesar del caudal probatorio de la defensa, el juez de control Mario Elizondo Martínez desestimó la totalidad de los datos de prueba. El juzgador federal determinó que en esta etapa procesal inicial de vinculación no se requiere una certeza absoluta de culpabilidad, sino únicamente indicios mínimos que hagan probable la participación del imputado para continuar con la investigación formal.

Por este motivo, el juzgador determinó la vinculación a proceso de Ángel Aguirre por el delito de desaparición forzada de personas cometido por servidores públicos en el caso Ayotzinapa, ilícito que contempla penas de hasta 60 años de prisión.

El reclamo de las madres durante la audiencia y la respuesta de Ángel Aguirre

Al concluir el debate técnico entre los litigantes, el juez Elizondo Martínez concedió el uso de la voz a las madres de los estudiantes normalistas en su calidad de víctimas indirectas.

Desde la sede del Centro Pro Juárez, las mujeres dirigieron sus mensajes directamente al juzgador.

“Lo que nosotros queremos es que él esté en la cárcel. También queremos que investiguen al expresidente Enrique Peña Nieto y a todo su gabinete”, demandó la señora MCTC, madre del estudiante desaparecido JJRE.

Por su parte, la señora MMO, madre del normalista ASM, cuestionó de forma directa la actuación del exmandatario durante la crisis: “¿Cómo es posible que siendo gobernador no sepa dónde están nuestros hijos? Por eso yo le pido que deje en la cárcel a este señor. Ya han pasado 12 años; es justo que nos den una respuesta favorable”.

Antes de concluir la audiencia del juicio, el exgobernador Ángel Aguirre solicitó la palabra para responder de manera directa a los familiares sobre la investigación del caso Ayotzinapa.

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“Yo entiendo el dolor de las madres y padres de los jóvenes de Ayotzinapa. Sé lo que es perder un hijo. […] Si yo supiera dónde están los jóvenes, desde el primer momento se los hubiera manifestado. Tengan plena confianza de eso. Sería yo un desalmado si no se los dijera”.

“He escuchado las consideraciones que me hacen las madres. Las entiendo. Quisiera decirles dónde están sus hijos, pero no tengo esa información. Ojalá que con el fiscal Pasarán se llegue por fin a esa verdad”, añadió.

Resolución de la audiencia y prisión preventiva por desaparición forzada

La audiencia inicial del juicio concluyó formalmente a las 2:31 de la madrugada. El juez decretó el auto de vinculación a proceso contra Ángel Aguirre por el caso Ayotzinapa y ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada por el delito de desaparición forzada, ordenando su reingreso al penal del Altiplano.

Atendiendo a las condiciones de salud expuestas por la defensa, el juez Mario Elizondo Martínez otorgó un plazo perentorio de 48 horas a la dirección del centro penitenciario federal para que se le suministren al procesado los tratamientos y medicamentos necesarios para el control de sus padecimientos crónicos: hipertensión arterial, problemas de próstata y apnea del sueño.

Al concluir la diligencia, el exmandatario estatal —quien, a diferencia de la primera audiencia del pasado viernes, logró ponerse de pie de la silla de ruedas en la que permaneció durante las 14 horas del proceso— se despidió a la distancia de su esposa, la señora Laura Rocío, única familiar presente en la sala.

“Ánimo, todo va a estar bien. Los niños están bien…”, le transmitió la señora Laura Rocío con un apretón de manos y visiblemente conmovida, mientras elementos de la Guardia Nacional resguardaban el perímetro para impedir el acercamiento físico antes del traslado del procesado al área de seguridad del penal.

“Eso es lo que importa”, respondió con serenidad Ángel Aguirre Rivero antes de ser conducido por los custodios federales hacia el pasillo de salida del tribunal.