ASF detecta triangulación de recursos en Sinaloa y Nuevo León hacia empresas y familiares de funcion
Edgar Ledesma · 30 de octubre de 2026
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó posibles esquemas de triangulación de recursos públicos en Sinaloa y Nuevo León, mediante transferencias de proveedores hacia empresas y personas vinculadas con funcionarios, aunque todavía calcula el posible daño al erario y mantiene reservados los nombres de los involucrados.
Su titular, Aureliano Hernández Palacios Cardel, presentó los hallazgos este viernes 30 de octubre en la Cámara de Diputados, durante la segunda entrega de informes individuales de auditoría de la Cuenta Pública 2025, y posteriormente amplió la información en una conferencia de prensa.
“Sí tenemos mapeado, por así decir, exactamente cómo se dan los movimientos del recurso público, cómo llegan los recursos públicos directamente a ciertos proveedores que prestan servicios a los estados”, sostuvo.
El auditor explicó que, después de esos pagos, el dinero pasa por cadenas de transferencias cuyos patrones apuntan a posibles actos ilegales, con recursos que terminan en manos de personas cercanas o familiares de servidores públicos.
Nuevo León, transferencias hacia un despacho e inmuebles
La presentación de la ASF muestra cuatro rutas de recursos que parten del gobierno de Nuevo León hacia proveedores y pasan por otras compañías antes de llegar a un despacho jurídico, identificado como una firma fundada por un funcionario y un familiar.
En una de ellas, el gobierno estatal entregó 964 millones de pesos a una comercializadora, que transfirió 237 millones a una empresa de alimentos, desde la cual se enviaron 202.9 millones al despacho.
Otra ruta parte de una constructora que recibió 5 mil 851 millones de pesos del gobierno y transfirió 5 mil 154.6 millones a otra empresa, que a su vez canalizó 385.3 millones al mismo despacho.
Las dos cadenas restantes muestran pagos gubernamentales por 154.2 millones y 243 millones de pesos a proveedores, seguidos de transferencias mediante una empresa de equipamiento y una consultoría, desde las cuales llegaron al despacho 77.03 millones y 62.9 millones, respectivamente.
El esquema también vincula al despacho con bienes inmuebles por más de mil millones de pesos y con una persona identificada únicamente como “Funcionario 1”, sin precisar públicamente su nombre ni detallar las operaciones inmobiliarias.
Estos montos corresponden a distintas etapas del recorrido del dinero, por lo que no deben sumarse como si fueran recursos independientes ni equivalen a un daño al erario determinado por la ASF.
Cuestionado sobre si la investigación involucra al gobernador Samuel García o a despachos vinculados con él, Hernández Palacios no confirmó responsabilidades individuales y argumentó que debía preservar el debido proceso.
Sinaloa, constructora familiar y pagos a un exfuncionario
En Sinaloa, la ASF identificó una constructora constituida por dos familiares de un funcionario del Ejecutivo estatal, que recibió contratos de obra pública de instituciones estatales y municipales.
De acuerdo con la presentación, una de esas personas era accionista y administrador único, mientras que la otra fungía como apoderado legal; ambas aparecen identificadas mediante claves, sin sus nombres.
La Auditoría señaló que la constructora concentraba depósitos muy superiores a los correspondientes a su obra pública y triangulaba dinero entre cuentas propias, además de transferir recursos a esas dos personas después de que habían salido de la empresa.
A su vez, ambas realizaron pagos millonarios a un exfuncionario de Finanzas bajo el concepto de “pago préstamo”, según el esquema presentado ante los diputados, que no precisa las cantidades ni identifica al beneficiario.
Durante la conferencia, el auditor también fue interrogado sobre la posible participación de un exgobernador de Sinaloa, pero no confirmó ni descartó su involucramiento.
“Eso sí es materia de nuestras investigaciones y estaremos presentando los resultados para no violentar nuestro proceso”, respondió.
Aún calculan el posible daño al erario
Al preguntarle cuánto suman los recursos presuntamente triangulados en cada estado, Hernández Palacios explicó que todavía realizan los cálculos, debido a que parte del dinero permanece en distintos puntos de las cadenas de transferencias.
“Los recursos se van transfiriendo con proporciones que se van quedando en el camino”, señaló.
La ASF ha reconstruido movimientos que considera indicios de posibles irregularidades, pero aún debe determinar qué cantidades podrían constituir un daño al erario y establecer las responsabilidades correspondientes.
El auditor aseguró que, conforme documenten los hechos, promoverán procedimientos por faltas administrativas graves ante el tribunal competente o denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR), sin esperar a que termine todo el proceso de fiscalización.
“Ya no tenemos que esperar que acabe el proceso de fiscalización que nos llevaba años, sino que ahora lo queremos hacer de manera inmediata”, afirmó.
Aunque reportó 40 denuncias penales durante los primeros seis meses de su gestión, no precisó si alguna corresponde a las investigaciones de Sinaloa y Nuevo León, y sostuvo que la institución actuará “independientemente del partido político que gobierne”.
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