Auditoría rastrea operaciones de INE por 8 mil 870 mdp; revisa compras de organismos estatales
Edgar Ledesma · 30 de octubre de 2026
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó operaciones por 8 mil 870.3 millones de pesos realizadas entre 2014 y 2026 por dos grupos empresariales con diversas entidades públicas, como parte de la investigación sobre presuntas irregularidades relacionadas con el Instituto Nacional Electoral (INE).
Su titular, Aureliano Hernández Palacios Cardel, presentó los hallazgos este viernes 30 de octubre en la Cámara de Diputados, durante la segunda entrega de informes individuales de auditoría de la Cuenta Pública 2025.
De acuerdo con la presentación de la ASF, del monto identificado, 3 mil 790.3 millones de pesos corresponden a operaciones con organismos electorales, de los cuales 430 millones fueron con el INE y 3 mil 360.3 millones con institutos estatales.
El periodo de las operaciones identificadas abarca años de las presidencias de Lorenzo Córdova, quien encabezó el INE de 2014 a abril de 2023, y de Guadalupe Taddei, quien lo sucedió ese año, aunque el auditor no desglosó montos por administración ni atribuyó responsabilidades personales a los expresidentes.
Hernández Palacios señaló que la ASF detectó vínculos entre empresas y funcionarios, subcontrataciones entre compañías que participaron en las mismas licitaciones y posibles barreras para favorecer adjudicaciones e incidir en los precios.
“Identificamos redes de vínculos entre ambos grupos y funcionarios, así como conexiones entre personas servidoras públicas y distintas empresas”, sostuvo.
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La presentación identifica a los dos grupos bajo las siglas GHC y GC, sin desarrollar su significado, el primero con operaciones por 2 mil 257.1 millones de pesos y el segundo por 6 mil 613.2 millones, equivalentes al 25.4% y al 74.6% del total, respectivamente.
En el grupo GHC aparecen ZEG, C Graph, Seriplast, Reconstrucción y Comunicación y TOL, mientras que en GC figuran C JVLY, Formas Finas, Formas Finas de México y Corona J, con las denominaciones utilizadas por la ASF en sus láminas.
Los 8 mil 870.3 millones de pesos fueron presentados como el monto de las operaciones identificadas con distintas entidades públicas, no como un daño patrimonial determinado.
Revisarán contrataciones locales desde 2000
En una conferencia de prensa posterior a la entrega del informe, Hernández Palacios anunció que la investigación sobre los organismos públicos locales electorales (OPLE) revisará información desde el año 2000, un alcance temporal distinto al de las operaciones identificadas entre 2014 y 2026.
Explicó que el jueves 29 de octubre la ASF envió 32 oficios a los gobiernos de las entidades para conocer cómo administran las participaciones federales que llegan a los organismos electorales.
La revisión seguirá los recursos del Ramo 28 desde su recepción por los estados hasta su transferencia a los OPLE y el gasto que estos realizan, además de solicitar información directamente a los 32 organismos.
“No nada más estamos pidiendo la información de las contrataciones del 2025”, señaló, al anunciar un estudio del comportamiento de las contrataciones desde 2000 para identificar posibles sobreprecios.
El auditor explicó que analizarán si los grupos empresariales establecieron condiciones que restringieron la participación en concursos públicos y les permitieron obtener ganancias extraordinarias.
Según el desglose de la presentación, los mayores montos identificados entre los organismos electorales estatales corresponden a Veracruz, con 484.4 millones de pesos; Oaxaca, con 370.3 millones; Coahuila, con 306.3 millones; Puebla, con 286.6 millones, y Nuevo León, con 253.9 millones.
También distinguió esta investigación de la auditoría integral al gasto del INE de 2025, cuyos resultados prevé publicar en febrero de 2027.
Ganadoras subcontratan a sus competidoras
Entre los hallazgos, Hernández Palacios describió operaciones entre sociedades de los mismos grupos empresariales que participan en una licitación y posteriormente se subcontratan.
“La empresa ganadora subcontrata a una de las que participan en los procesos de licitación y forman parte de los grupos señalados”, explicó.
La presentación cuantifica en 150.6 millones de pesos las operaciones entre empresas de los grupos analizados, aunque no detalla el concepto de esas transacciones ni establece que todo ese monto corresponda a operaciones irregulares.
La ASF también identificó registros laborales reducidos o inexistentes en compañías con operaciones millonarias.
“Empresas que, a pesar de facturar cientos de millones, cuentan con menos de cinco trabajadores y, en algunos casos, ninguno”, señaló.
La tabla de trabajadores registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) incluida en la presentación reporta, para 2025, tres en Cajas Graf, 12 en ZEG, uno en Formas Finas y tres en TOL Producciones.
Además, reportó operaciones por 21.3 millones de pesos en las que proveedores de una empresa analizada trabajaron con compañías dedicadas al timbrado de facturas, cuyas certificaciones fueron revocadas por trabajar con factureras, y añadió que otra empresa está suspendida en el padrón de importadores.
Indagan vínculos con funcionarios y revisan contratos de credenciales
Cuestionado sobre la posible intervención de proveedores en el nombramiento de funcionarios del INE y los organismos locales, Hernández Palacios respondió que esos vínculos forman parte de las investigaciones, sin dar por acreditada esa intervención.
Explicó que la ASF cruza bases de datos de contrataciones públicas con comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI), para identificar a servidores públicos que también facturan y examinar posibles conflictos de interés.
Ante una pregunta sobre la presunta existencia de 57 proveedores que también serían funcionarios, no confirmó la cifra y señaló que la información sigue en procesamiento.
El auditor también fue interrogado sobre el contrato de credenciales para votar en el que participaron Talleres Gráficos de México y Cosmocolor, durante la etapa en que el actual consejero electoral Arturo Chávez dirigía el organismo público.
En respuesta, sostuvo que la revisión comprende los contratos de Talleres Gráficos, aunque no presentó hallazgos específicos sobre ese procedimiento ni confirmó una investigación individual contra el consejero.
“Revisamos prácticamente todos los contratos que tienen que ver con la administración del Gobierno Federal, incluido obviamente todos los que incluyen a Talleres Gráficos”, afirmó.
Denuncias sin esperar a febrero
Hernández Palacios aseguró que las denuncias penales y los procedimientos por responsabilidades graves se promoverán conforme se documenten los hallazgos, sin esperar necesariamente a la publicación de la auditoría integral en febrero de 2027.
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“Ya no tenemos que esperar que acabe el proceso de fiscalización que nos llevaba años, sino que ahora lo queremos hacer de manera inmediata”, sostuvo.
Sobre si las 40 denuncias penales reportadas durante su gestión incluyen a funcionarios del INE, remitió al listado publicado por la ASF, sin confirmar expresamente que alguna corresponda a este caso.
El auditor también fue cuestionado sobre posibles medidas cautelares para evitar que Taddei salga del país, pero no anunció una solicitud concreta ni una restricción vigente contra la expresidenta.
“Todas las medidas que sean necesarias para hacer que se castigue a quienes tengan responsabilidad y que siempre se regrese el recurso público”, respondió.
Hernández Palacios afirmó que intercambiará información con el Órgano Interno de Control del INE y otras autoridades para esclarecer los hechos, y aseguró que actuará “independientemente del partido político que gobierne”.