Por una auditoría participativa: ¿a dónde va nuestro dinero?
Opinión y Análisis · 28 de octubre de 2026
Por Lourdes Morales Canales*
Imagina que puedes pedir al Gobierno que el dinero público, que es de todos, sea supervisado de mejor manera para evitar desvíos, excesos o incumplimientos. Imagina que un trabajo que suele ser técnico, complicado y alejado de la supervisión ciudadana se diseña de tal manera que facilita un mejor ejercicio de los derechos fundamentales. Imagina que esto lo hace una institución con independencia política, profesionalizada y con autonomía técnica y de gestión. Esto, que parecería utópico, es lo que promueve la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras (INTOSAI, por sus siglas en inglés).
Creada en 1953 en un contexto de posguerra y necesidad de reconstrucción, esta organización ha trabajado para que las instituciones encargadas de vigilar el uso y destino de los recursos públicos sean profesionales, independientes, capaces y que sean relevantes para la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Desde hace una década, INTOSAI, que agrupa a las auditorías superiores de 194 países, promueve que el trabajo de fiscalización no se limite a verificar si el dinero se gasta conforme lo que dice la ley. Más allá de eso, busca que además se evalúe si la ejecución de políticas y programas públicos “no dejan a nadie atrás” y se acercan a las metas establecidas en los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.
A pesar de esto, el último informe sobre la independencia de las Entidades de Fiscalización Superior (EFS) es preocupante. Por tercer ciclo consecutivo confirma un deterioro en la independencia de las instituciones encargadas de vigilar el uso del dinero público. El informe refleja que, a pesar de la existencia de normas e instituciones en 95 países evaluados, las leyes han mejorado pero siguen existiendo dificultades para su aplicación. En particular: 1) autonomía presupuestaria, 2) acceso a la información y 3) protección frente a influencias indebidas.
Las instituciones de fiscalización operan dentro de un ecosistema de rendición de cuentas más amplio, compuesto por los tres poderes públicos, así como por otros actores de supervisión y no estatales. La eficacia de este sistema depende de la calidad de las interacciones entre estos actores, lo que incluye la claridad de las funciones, el respeto mutuo de los mandatos y la existencia de una colaboración estructurada y predecible.
La pérdida de capacidad e impacto de la fiscalización está relacionada con factores informales. Entre ellos: incentivos políticos perversos y las expectativas de lealtad entre quienes encabezan las instituciones de rendición de cuentas (como deberle el cargo a otra persona). A esto se suman las injerencias directas de quienes se ven afectados por una auditoría, las restricciones presupuestarias, las dinámicas de poder y la cultura institucional, que en conjunto tienden a promover el “revisar lo que no haga daño”.
Reputación y confianza son actores clave en la rendición de cuentas
En contraparte, la reputación de una entidad de fiscalización superior es clave para su independencia. La confianza en las instituciones aumenta la probabilidad de que las partes interesadas la respalden cuando se cuestione su autonomía y eleva los costos reputacionales de la interferencia política. Por ello la participación ciudadana es relevante. Una auditoría de puertas abiertas, vinculada a las necesidades de los ciudadanos, es una auditoría mucho más fuerte.
Desde México Evalúa, de la mano con la Alianza por la Justicia Fiscal y un grupo de universidades públicas y privadas, estamos promoviendo un ejercicio de auditoría participativa para utilizar los canales de interlocución contemplados en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas así como en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción para hacer sugerencias para la fiscalización.
Partimos de una metodología basada en datos públicos, principalmente de censos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información (INEGI), como la Encuesta Nacional sobre Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE); la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG); datos de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y datos presupuestarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; que servirán para documentar qué es lo que más le afecta al ciudadano y cómo se revisa el gasto público en relación a estas necesidades.
En el rubro de políticas públicas alineadas a los ODS destacan seguridad, educación y salud. Sin embargo, esta información debe contrastarse con los montos presupuestarios que reciben los programas prioritarios, las demandas de información ciudadana y los principales fondos de transferencias federales.
Con esta información se construirá una encuesta digital. La idea es que a partir de una plataforma pública y accesible se puedan recopilar opiniones y propuestas ciudadanas sobre aquellos programas, acciones e instituciones destinadas a garantizar derechos fundamentales. En otros países del mundo como Nigeria, Austria y Filipinas se utilizan estos mecanismos para fortalecer a las entidades de fiscalización superior y para contar con auditorías más precisas. En el trayecto también sirven para explicar a la ciudadanía sobre qué pasa con el dinero público. En América Latina varios países han promovido las auditorías sociales con distintos niveles de institucionalización e impacto. En todos los casos han servido para que la ciudadanía conozca sobre las instituciones de rendición de cuentas y proponga mejores resultados sobre el desempeño de sus gobiernos.
Este ejercicio será una oportunidad para subrayar la importancia de la fiscalización en la rendición de cuentas. Será también un intento por dar voz ciudadana a las prioridades de las instituciones de rendición de cuentas.♦
*Lourdes Morales Canales es coordinadora del programa de Ciudadanía en México Evalúa.