Oscar Nogueda Romero · 7 de octubre de 2026
El gobernador de Nuevo León, Samuel García, acusó a la diputada priista, Lorena de la Garza, de estar inhabilitada por diez años. Sin embargo, esta resolución fue inhabilitada por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León en 2020.
“Usted quedó inhabilitada diez años por corrupta. Resolución firme”, declaró el gobernador Samuel García el 3 de septiembre de 2026.
El 15 de noviembre de 2017, bajo la administración de Jaime Rodríguez Calderón, la Contraloría del Estado realizó un proceso para sancionar a De la Garza con 10 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos y una multa de 20 millones de pesos para resarcir los recursos entregados a la empresa Diversiones Dinámicas.
Durante el gobierno de Rodrigo Medina, De la Garza fue titular de turismo y parte del Comité Técnico del Fideicomiso para el Desarrollo de la Zona Citrícola.
Entre el 2014 y el 2015, este fideicomiso dio 20 millones de pesos a Diversiones Dinámicas para extender el parque de diversiones Bosque Mágico y adquirir la montaña rusa conocida como Zombie Ride.
La Subsecretaria Anticorrupción estatal investigó a otros funcionarios integrantes del Fideicomiso y les acusó de por violar los procedimientos del fideicomiso.
Ante esta situación, De la Garza aseguró que las autoridades estatales no fundamentaron su resolución y anunció que impugnaría la resolución inicial.
El 2 de julio de 2019, la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa de Nuevo León declaró nula la resolución que sancionó a De la Garza.
De acuerdo con la sentencia, la Contraloría no acreditó ni motivó el dolo necesario para calificar la conducta de grave y sustentar las sanciones.
El 10 de marzo de 2020, dentro del Juicio Contencioso Administrativo 014/2018, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León la declaró anulada la sanción contra De la Garza.
Aunque la Contraloría interpuso un recurso de revisión. El 3 de junio de 2020, la Sala Superior resolvió que este recurso no procedía y confirmó la anulación de la sanción contra la diputada priista.
Con esta anulación, la Contraloría eliminó la inscripción de la sanción del registro de servidores públicos y la Secretaría de Finanzas canceló el cobro de las sanciones económicas.