Hablemos de suicidio: infraestructura desigual, bajo presupuesto y estigmas
Marcela Nochebuena y Andro Aguilar · 10 de septiembre de 2026
Michelle Judd describe al suicidio como un compañero silencioso, uno que un día se cuela por la ventana del dormitorio y se siente como una brisa fresca hasta que se convierte en un frío terrible ante el cual no se halla con qué cubrirse. Un compañero oculto entre estigmas y desatención institucional.
Su primer intento fue a los seis años y tuvo varios más hasta los 27. En busca de atención, acudió a varios hospitales públicos, incluidos el Instituto de Psiquiatría Juan Ramón de la Fuente y el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, pero siempre encontró una atención estigmatizante, no solo por sus intentos de suicidio, sino desde el diagnóstico.
Después de recibir todo tipo de violencias por parte de personal de salud, la joven decidió dedicarse a la sociología médica para poder profundizar sobre el tema.
“En aquel momento, una adolescente que buscaba ayuda —entre los 17 y 19 años—, al no recibirla, o al encontrar muchas trabas en la atención, simplemente la dejé”, cuenta.
Michelle, hoy con 31 años de edad, está segura de que le sucedió lo mismo que a muchas personas: se dan de alta solas, ante la necesidad de seguir subsistiendo. Más tarde, cuando empezó su vida laboral, no tenía recursos para médicos particulares. El vacío institucional la llevó a transitar en búsqueda de herramientas entre pares.
“Del suicidio se tiene que hablar siempre. No es una cuestión que se deba dejar solo para ciertos momentos o hasta que una persona tenga pensamientos suicidas. Hay que hablar también de que el suicidio es algo que puede atravesar a cualquier persona, en cualquier situación, en cualquier momento de su vida, no importa la raza, la clase social, preferencia sexual. Absolutamente nada”, apunta.
No obstante, existen poblaciones más vulnerables a intentos de suicidio o que pueden ser más señaladas. Para ella, la estrategia gubernamental no debería pasar por campañas que invitan a “elegir ser feliz” automáticamente, que ignoran las desventajas estructurales que atraviesan a muchas personas.
Michelle destaca que es necesario transformar el discurso para no apuntar a una elección o responsabilidad individual, que atribuye a la persona la tarea de solucionarla, sino que pueda entenderse que cualquiera es susceptible ante circunstancias distintas. Piensa que uno de los grandes problemas es que no se identifican las señales más simples, que van asomándose poco a poco, como no querer dormir, no dormir bien, perder interés por lo que antes había entusiasmo, empezar a alejarse de los seres queridos, o de los sueños o proyectos propios.
“El suicidio no discrimina”
El último intento de suicidio de Michelle ocurrió cuando tenía 27 años. Durante días enfrentó un dilema al mirar una caja de medicamentos cardíacos que su padre había dejado tras fallecer por una serie de infartos. Los tomó, pero sintió un arrepentimiento inmediato que permitió que le salvaran la vida.
El padre de Michelle, a quien considera su mejor amigo y mayor aliado, intentó quitarse la vida en tres ocasiones bajo circunstancias muy distintas a las de ella. Sus intentos ocurrieron después de sus 60 años de edad, cuando perdió el empleo y se vio imposibilitado de seguir siendo el proveedor de su familia.
Esto, destaca, evidencia las particularidades que enfrenta cada persona ante el suicidio, incluido el género, la edad y las vulnerabilidades. En ella, el detonante de su primer intento —distinto a todos los siguientes— fue el abuso sexual infantil.
El suicidio, enfatiza, puede afectar a cualquier persona. Existe la falsa creencia de que ese dolor solo toca a quienes enfrentan condiciones de vulnerabilidad o problemas visibles graves, pero en realidad atraviesa cualquier barrera social, económica o de género.
“A ti te discriminan por intentar suicidarte, pero el suicidio no discrimina a nadie”, advierte.
Conasama, la respuesta institucional que no termina de consolidarse
A nivel federal, la creación en 2023 de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama —unas semanas después de que se diera por terminada la pandemia— pretendía agrupar la respuesta federal a temas relacionados con la salud mental. Sin embargo, ha avanzado lentamente y con bajo presupuesto.
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Para la atención de cualquier problemática de salud mental o asociada al consumo de sustancias, la Comisión cuenta con 343 Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones (Cecosamas) que buscan fomentar la promoción de la salud mental, la prevención y el tratamiento de diversas condiciones.
La distribución por estados, sin embargo, es sumamente dispar: mientras la Ciudad de México y el Estado de México están a la cabeza con 32 establecimientos, respectivamente, entidades como Aguascalientes —con una de las mayores tasas de suicidios a nivel nacional—, Campeche y Durango cuentan con apenas cuatro.
Nuevo León y Jalisco le siguen a la zona metropolitana de la capital del país, con 28 y 20, respectivamente. Sin embargo, solo el segundo se encuentra entre las entidades con mayor incidencia, en el octavo lugar. Otros estados con una cantidad significativa de unidades Cecosama son Tamaulipas (18), Veracruz (17) y Sinaloa (14).
En tanto, las que ocupan los primeros lugares en tasa de suicidios, a excepción de Jalisco, cuentan con muy pocos centros de atención: 10 en Chihuahua, 8 en Quintana Roo, 6 en Yucatán, 8 en Coahuila, 6 en Queretaro, 7 en San Luis Potosí, 9 en Guanajuato y 11 en Sonora. Con una de las tasas más bajas, la Ciudad de México concentra cuatro unidades integrales más y tres hospitales psiquiátricos.
Si bien la alerta por el incremento de condiciones de salud mental, ideación suicida y suicidio consumado fue difundida durante la pandemia por el gobierno federal, en voz de Alejandro Encinas, entonces subsecretario de Derechos Humanos, la transición a Conasama y un presupuesto escaso prolongaron durante años la recopilación de datos certeros y el lanzamiento de un programa nacional.
Para 2025, la Conasama aún respondió, vía la Plataforma Nacional de Transparencia, que no contaba con evidencia documental en torno de los componentes, aplicación o resultados del Programa Nacional para la Prevención del Suicidio. Éste fue presentado apenas en 2026, tras una década de crecimiento sostenido de los casos y un incremento que se mantiene aún después de terminada la pandemia.
Por otro lado, tras la última encuesta sobre consumo de sustancias legales e ilegales en 2017 —que con el nacimiento de la Conasama empezaría a incorporar el bloque de salud mental que hoy confirma el crecimiento de suicidios—, el diseño de políticas públicas se quedó sin instrumento de medición y sin datos hasta 2023, cuando la Comisión prometió resultados para el siguiente año. Pero el levantamiento tuvo que repetirse y los primeros resultados se conocieron hasta este año.
Exfuncionarios de esta dependencia sostienen que le ha faltado acción, es decir, establece el eje rector, pero los programas no se llevan a cabo en los hechos: “cada estado, cada municipio y cada clínica termina haciendo lo que puede con lo que tiene y no hay sinergia. Terminamos viendo diferentes esfuerzos aparte”, opina el doctor Alejandro Molina López, de la Asociación Mexicana de Psiquiatría.
Presupuestos bajos y falta de sensibilización médica
Entre 2016 y 2026, la salud mental en México ha recibido apenas entre el 1.3 % y 1.6 % del presupuesto total de salud, es decir, menos de 30 pesos por persona. En específico, el presupuesto de la Conasama ha descendido de forma gradual desde su creación, al pasar de 2 mil 600 millones de pesos en 2024 a 2 mil 131 para este año. Apenas para 2027, se propone —a reserva de ser aprobado— un incremento mínimo del 6 %.
Otro de los problemas, advierte el doctor Molina López, es que la atención en salud mental sigue siendo polarizada en hospitales psiquiátricos cuando se cuenta con esa infraestructura, como en Ciudad de México.
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”Las personas siguen creyendo que si tienen algún problema de salud mental en el sector público los lugares a los que deben acudir son el Hospital Fray Bernardino Álvarez o el Instituto Nacional de Psiquiatría”, sostiene Molina López.
En otras entidades, en cambio, las personas deben recorrer distancias de entre 6 y 8 horas para encontrar atención psiquiátrica de primer nivel, insuficiente y saturada. Destaca también que en servicios de urgencia las personas que intentan suicidarse suelen ser discriminadas o maltratadas, al percibirse que “lo provocaron”.
“Hay que saber que un intento suicida es una urgencia, que cualquier unidad debería de atenderlo, y en caso de que esa unidad no se encuentre capacitada tiene que canalizar a una unidad que sí”, advierte Julio César Oliveros Orozco, estudioso de intento de suicidio en el Hospital de Pediatría Silvestre Frenk Freund.
Molina López plantea que aún falta mucho en infraestructura, pero sobre todo en sensibilización y capacitación del personal médico. No necesariamente hacen falta más hospitales psiquiátricos o generales especializados en suicidio, sino “personal de salud que deje de tener miedo y deje de tener estigmas hacia el paciente suicida”.
Michele Judd celebra la fusión entre la atención de la salud mental y la de adicciones, pero alerta sobre la importancia de acabar con el estigma que suele ligarlos y condicionar a uno con el otro. A la atención tardía y con poco presupuesto, se suman las campañas “pobres o estigmatizantes” que llaman a “ser feliz”.
“Las respuestas que estamos teniendo hoy son respuestas de esos años de negligencia, y los esfuerzos un tanto apresurados que se han hecho… Un concepto que a mí me gusta muchísimo son ‘los sistemas de salud realmente existentes’; si en las instituciones a las que yo acudo no me dan el acceso, termino yendo a encontrar soluciones a otros lados. Creo que lo que se busca es implementar más programas, que eso necesitamos: que los sistemas de salud realmente existentes estén realmente disponibles”, pide.
Ciudad de México, infraestructura invertida
La capital mexicana es la entidad con mayor infraestructura para la salud mental en el país. Sin embargo, su principal desafío es fortalecer el primer nivel de atención, que permita identificar casos de riesgo mucho antes de que se desarrollen etapas críticas. Las instalaciones de la capital se concentran en el tercer nivel, lo que ha provocado que hospitales psiquiátricos especializados se saturen.
Amaya Ordorika Imaz, titular del Instituto de Atención a la Salud Mental y las Adicciones (Iasama), explica en entrevista que el nuevo modelo busca construir una base sólida con capacidad de atención y prevención. De tal forma que ya no sean solo los hospitales psiquiátricos los que brinden servicios de atención en salud mental, sino que pueda transversalizarse a todos los hospitales generales.
“Básicamente lo que nos quedó es una pirámide invertida de cómo deben quedar los servicios (…) Para el primer nivel de atención este trabajo es fundamental, es clave. Sin duda tenemos lista de espera, tenemos un reto importante”, reconoce.
En concordancia con el gobierno federal, apenas el 21 de julio pasado el Gobierno de la Ciudad de México firmó un decreto que transforma el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA) en el Iasama, para ampliar sus atribuciones y contar con un modelo de cercanía con las comunidades y enfoque preventivo.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, también anunció que enviaría una iniciativa al Congreso local con la intención de reconocer el bienestar emocional como un derecho humano, además de crear el Sistema de Bienestar Emocional de la Ciudad de México. Sin embargo, no lo ha concretado.
La respuesta local también llega tarde, con el nuevo gobierno. La iniciativa del Hospital de las Emociones, que se echó a andar durante la administración mancerista, fue cerrado y desmantelado durante la pandemia, en plena crisis de salud mental. Los esfuerzos fueron redirigidos hacia el Instituto de la Juventud.
Con la reforma anunciada por Clara Brugada, el gobierno capitalino tendría que garantizar una política pública integral de salud mental y reconocer el derecho de las juventudes a contar con servicios públicos y gratuitos de bienestar emocional.
Prevención del suicidio en las escuelas
La estrategia “Vida Plena Corazón Contento” es ahora el pilar preventivo más grande del Iasama: 200 especialistas que cada 15 días visitan secundarias y bachilleratos públicos, excepto los de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ahí ofrecen talleres en salud mental, prevención del suicidio, bullying, violencia sexual, adicciones y cultura de paz. Si detectan riesgo de suicidio, canalizan a las personas jóvenes a servicios de salud.
Según cifras oficiales, el programa alcanzó a más de un millón de personas en su primer ciclo escolar. Las autoridades capitalinas reportaron cerca de 13 mil acompañamientos individuales y la atención de 147 casos de riesgo suicida.
Además, señala Ordorika, buscan transversalizar la urgencia médica en coordinación con la Federación. Añade que para esa coordinación implementaron cédulas de evaluación a distintos hospitales que revisan cómo avanzan.
“Se tiene que integrar ya en los hospitales generales, tienen que tener sus camas censables, sus medicamentos, su personal capacitado, sus protocolos para atender urgencias de salud mental y adicciones”, dice.
Urge prevenir más allá de las aulas
La investigadora Rosario Valdez Santiago, del Instituto Nacional de Salud Pública, advierte que las personas jóvenes más vulnerables no están en las escuelas ni acceden a las políticas públicas de salud mental que previenen el suicidio. Por tanto, las políticas públicas de prevención contra el suicidio deben ir más allá de los salones de clase.
En entrevista, la especialista enfatiza que si las instituciones no voltean a ver a las juventudes fuera del estudiantado, no hay quién las monitoree y pueda identificar riesgos.
“Si nada más nos centramos en la población joven escolarizada, sí son muchas, pero las que no están escolarizadas, también, y generalmente viven en situaciones de mayor marginación. Ahí se tendría que hacer otro tipo de políticas, estrategias, políticas públicas focalizadas, porque luego a nivel nacional se dice ‘los jóvenes’. Sí, pero los jóvenes son súper diversos. La juventud es muy diversa y no es lo mismo en el norte que en el sur”.
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En Ciudad de México, explica Amaya Ordorika Imaz, titular del Iasama, existen 37 centros de atención para población externa a las escuelas: 15 Centros de Cuidado de las Emociones, dedicados a la salud mental en general y dirigidos a personas de 6 años en adelante mediante consejerías breves —de 8 a 12 sesiones—, y 22 Centros Colibrí, especializados en el consumo problemático de sustancias. La funcionaria destaca que esta red se está expandiendo a través de su integración en las Utopías comunitarias y que sus servicios son gratuitos, confidenciales, no requieren presentar identificación y son de carácter ambulatorio.
Con su volumen de infraestructura, los enormes retos que enfrenta la Ciudad de México contra el suicidio podrían parecer menores comparados con lo que ocurre en las 28 entidades con una tasa mayor de estos casos en el país.
El gobierno federal, por ejemplo, echó a andar el programa “Detectando Señales: Mente Sana, Vida Feliz” en centros escolares ubicados en municipios con alta incidencia de problemas de salud mental. Al 30 de junio, sólo cinco de las 32 entidades lo han adoptado.
Molina López subraya la necesidad de incrementar la detección de casos de riesgo, pues ante un mundo cambiante y nuevas problemáticas para infancias y adolescencias, la sociedad continúa sin querer ver lo que perturba o genera malestar.
“No es nada más la persona que fallece por suicidio, sino toda una sociedad que resiente. Necesitamos recursos de todo tipo, humanos y financieros, para mejorar la atención, y las políticas públicas existen, pero también necesitamos que sean aplicadas, evaluadas y que realmente se certifique que se están llevando a cabo. Tenemos leyes estatales, programa nacional, federal, los estados tienen, pero es importante que esas políticas públicas realmente se implementen y lleguen a las personas más vulnerables”, remarca el especialista.