Joel Aguirre · 28 de julio de 2026
Por Marco Cancino*
Durante los últimos meses de su vida, Mauricio habló con un médico, con un policía, con su jefe y con su madre. Al médico le contó que llevaba semanas sin dormir; el policía lo encontró una noche involucrado en una riña provocada por el alcohol; en el trabajo comenzaron a notar ausencias frecuentes y una caída en su desempeño; en casa repetía, cada vez con mayor frecuencia, que estaba cansado.
Cada uno conoció una parte distinta de la historia. Ninguno sabía lo que los demás habían visto. Cuando Mauricio murió por suicidio, todas esas personas descubrieron que habían estado frente al mismo problema sin llegar a reconocerlo. Todos los días, miles de personas atraviesan distintas instituciones públicas y privadas dejando señales que, vistas por separado, parecen inconexas, pero que juntas podrían revelar una crisis que nadie alcanzó a detectar, y mucho menos, a comprender.
Quizás ese sea uno de los mayores errores en la forma en que hablamos del suicidio. Solemos preguntarnos qué ocurrió durante las últimas horas de una persona, cuando la pregunta verdaderamente importante es qué ocurrió durante los últimos meses y cuántas oportunidades existieron para intervenir antes de que la desesperanza se convirtiera en tragedia. Nos tranquiliza pensar que el suicidio pertenece exclusivamente al consultorio del psiquiatra porque esa idea libera de responsabilidad al resto de la sociedad. Sin embargo, las personas no viven dentro de hospitales. Viven en familias, escuelas, universidades, centros de trabajo, colonias y comunidades donde el sufrimiento suele manifestarse mucho antes de convertirse en una urgencia médica.
La magnitud del problema confirma que ya no estamos frente a un asunto exclusivamente clínico. El informe Suicide Worldwide in 2021: Global Health Estimates, publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2025, estima que 727,000 personas murieron por suicidio durante 2021, casi 2,000 cada día, y documenta que se trata de la tercera causa de muerte entre las personas de 15 a 29 años.
Además, señala que 73 por ciento de esas muertes ocurre en países de ingresos bajos y medios (como México), una evidencia de que el suicidio también refleja desigualdades sociales, económicas y comunitarias que ninguna estrategia de salud pública puede resolver por sí sola.
La evolución del fenómeno ofrece otra enseñanza. Mientras distintas regiones del mundo han conseguido reducir sus tasas de suicidio mediante políticas sostenidas de prevención, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) advierte que América constituye la única región de la OMS donde la tendencia continúa creciendo. Un estudio publicado este año por ese organismo, con información de las Estimaciones Mundiales de Salud, muestra que entre la población de 10 a 24 años la tasa regional aumentó 38 por ciento entre 2000 y 2021. Es decir, mientras buena parte del mundo avanza en una dirección, nuestro continente sigue recorriendo el camino contrario.
México forma parte de esa excepción. A primera vista podría parecer que el problema es menor porque nuestra tasa permanece por debajo del promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Pero las políticas públicas no se evalúan únicamente por la fotografía del presente, sino por la trayectoria que muestran a lo largo del tiempo. El informe Society at a Glance 2024, elaborado por la OCDE, identifica a México entre los países cuya mortalidad por suicidio ha mantenido una tendencia ascendente mientras muchas otras naciones han logrado reducirla. El dato cambia por completo la discusión: el problema no es solo dónde estamos, sino hacia dónde nos dirigimos.
Las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) confirman esa preocupación. De acuerdo con las Estadísticas de Defunciones Registradas 2024, difundidas por el INEGI con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, durante ese año se registraron 8,856 suicidios, equivalentes a una tasa de 6.8 por cada 100,000 habitantes. En 2014 la tasa era de 5.1 y cinco años después alcanzaba 5.6.
Más allá del incremento absoluto, lo preocupante es que el crecimiento observado entre 2019 y 2024 fue considerablemente mayor que el registrado durante los cinco años previos. No puede afirmarse, con rigor metodológico, que exista una aceleración permanente, pero sí que las políticas implementadas hasta ahora no han logrado modificar una tendencia que continúa avanzando en la dirección equivocada.
Frente a este escenario, la respuesta más frecuente consiste en reclamar más recursos para la salud mental. La demanda es legítima, pero resulta insuficiente. El suicidio no aparece únicamente como consecuencia de un trastorno psiquiátrico; en él confluyen pérdidas afectivas, violencia, consumo problemático de sustancias, desempleo, enfermedades crónicas, aislamiento social, discriminación y profundas fracturas comunitarias. Pensar que todo ello puede resolverse exclusivamente ampliando el número de consultas psicológicas equivale a pedirle al sistema de salud que resuelva, por sí solo, problemas cuya raíz se encuentra distribuida en prácticamente todos los espacios donde transcurre la vida cotidiana.
Esa es la pregunta que México sigue evitando: ¿por qué continuamos diseñando una política que comienza cuando la crisis ya es visible, en lugar de construir una estrategia capaz de reconocer el sufrimiento mucho antes de que alguien llegue a un hospital o deje de llegar a cualquier parte?
La respuesta comienza por reconocer que el suicidio no es únicamente un problema de salud mental. Es, también, un problema de coordinación institucional. Las cifras del INEGI muestran que, durante 2024, la tasa de suicidio entre los hombres fue de 11.2 por cada 100,000 habitantes, frente a 2.6 entre las mujeres. La diferencia es todavía mayor entre quienes tienen de 15 a 29 años.
Sin embargo, la literatura científica coincide en que las mujeres presentan con mayor frecuencia ideación suicida y tentativas, mientras los hombres concentran la mayoría de las muertes consumadas. No se trata de una contradicción, sino de la expresión de un mismo sufrimiento a través de trayectorias distintas. A ello contribuyen factores culturales profundamente arraigados (la dificultad para pedir ayuda, la construcción tradicional de la masculinidad y el uso de métodos con mayor letalidad), pero también la incapacidad de las instituciones para identificar oportunamente a quienes comienzan a transitar por una espiral de aislamiento, consumo de alcohol, violencia o desesperanza.
México ha realizado esfuerzos importantes. La creación de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA), el Programa Nacional para la Prevención del Suicidio, la Línea de la Vida y diversas estrategias de capacitación representan avances que sería injusto desconocer. El problema es otro: seguimos evaluando la política pública por el número de acciones realizadas y no por su capacidad para modificar la realidad.
Mientras las instituciones contabilizan campañas, cursos o llamadas atendidas, las cifras nacionales continúan mostrando una tendencia que no logra revertirse. Más preocupante aún es que sabemos mucho sobre quienes murieron y relativamente poco sobre quienes sobrevivieron a una tentativa. Durante años, la información sobre intentos de suicidio dejó de producirse de manera sistemática, privando al Estado de uno de los insumos más valiosos para comprender qué intervenciones funcionan, cuáles fracasan y qué factores aumentan el riesgo de una nueva crisis.
Pero incluso esa información sería insuficiente si seguimos observando el suicidio como un hecho exclusivamente individual. Cuando una persona muere, la tragedia no termina con el certificado de defunción. Permanecen madres, padres, hijas, hijos, parejas, amistades, compañeros de trabajo, docentes, policías, personal médico y comunidades enteras tratando de comprender lo ocurrido. La OMS ha insistido en que la postvención (el acompañamiento profesional y comunitario a quienes sobreviven a la pérdida de un ser querido por suicidio) constituye también una estrategia de prevención. No solo ayuda a elaborar el duelo y disminuir el estigma; permite identificar a otras personas que podrían encontrarse en riesgo y fortalecer las redes de apoyo que muchas veces se rompen después de una muerte de esta naturaleza. Una política pública que concluye cuando termina la atención médica abandona, precisamente, a quienes todavía necesitarán acompañamiento durante meses o años.
Por ello, quizá ha llegado el momento de abandonar la idea de que la prevención del suicidio pertenece exclusivamente al sistema de salud y comenzar a construir un Sistema Nacional de Prevención Comunitaria del Suicidio. Un modelo que articule cuatro momentos inseparables: prevenir los factores de riesgo y fortalecer los de protección; detectar tempranamente las señales de sufrimiento en escuelas, centros de trabajo, corporaciones policiales, sistemas de justicia cívica y comunidades; intervenir de manera oportuna mediante servicios especializados accesibles y de calidad; y desarrollar estrategias permanentes de postvención para las personas sobrevivientes, sus familias y los entornos afectados.
Ninguna institución puede cumplir sola esa tarea, pero todas tienen la posibilidad de convertirse en el primer eslabón de una red que hoy simplemente no existe.
Mauricio nunca dejó de tener contacto con el Estado. Lo atendieron instituciones distintas que hicieron correctamente una parte de su trabajo, pero ninguna tenía la responsabilidad de conectar aquello que las demás habían observado. Tal vez ese sea el mayor desafío de las políticas públicas mexicanas: seguimos organizando nuestras respuestas alrededor de competencias administrativas, mientras los problemas humanos ocurren precisamente en el espacio que existe entre una institución y otra.
El suicidio nos recuerda que el sufrimiento no reconoce organigramas. Y también nos obliga a formular una pregunta distinta. Más importante que contabilizar cuántas personas murieron es preguntarnos cuántas habrían seguido vivas si hubiéramos aprendido a reconocer su dolor antes de que fuera demasiado tarde.♦
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Marco Cancino es director General de Inteligencia Pública. Redes: @marco_cancino