Corte pospone caso de internamientos forzosos de mujeres en un hospital psiquiátrico del Edomex
Redacción Animal Político · 17 de enero de 2024
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó pendiente la votación del caso en el que se reclama el internamiento de mujeres con discapacidad en contra de su voluntad en un hospital psiquiátrico del Estado de México.
Este miércoles, las ministras y ministros de la Segunda Sala informaron que el recurso de queja 7/2023 continúa en lista, por lo que será en una futura sesión cuando se resuelva.
Diana Sheinbaum, coordinadora del programa Discapacidad y Justicia de la asociación Documenta, explicó que, junto con el despacho Aguinaco Abogados, buscan que la SCJN apruebe la revisión de la situación en la que se encuentran las mujeres internadas en el Hospital Psiquiátrico Adolfo M. Nieto Tepexpan, en el Estado de México, y que se determine si están ahí de manera forzada, con el fin de que puedan ser indemnizadas y desinstitucionalizadas.
“Este es un caso en el que Documenta y Aguinaco Abogados, con la figura del interés legítimo, fuimos ante la SCJN para exponer que nos consta que hay mujeres con discapacidad internadas en este hospital psiquiátrico, aún cuando la privación de la libertad por motivos de discapacidad está prohibida”, explicó Sheinbaum.
De acuerdo con lo establecido en la Ley de Amparo, “cualquier persona que es testigo de la privación de la libertad de alguien puede pedir a un juez que revise la situación, y esa es la figura que estamos usando para pedir que se compruebe el estado de las mujeres que están en este hospital”, comentó la activista.
Internamientos forzosos en hospitales psiquiátricos
Documenta se interesó en la situación del Hospital Psiquiátrico Adolfo M. Nieto Tepexpan luego de que el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) visitó el lugar “y encontró que en él había muchas fallas con respecto a los formatos de consentimiento informado que se supone que deben firmar las personas internadas, que en ese momento eran 92 mujeres”, lo que podría significar que se encuentren privadas de la libertad involuntariamente.
Sheinbaum indicó que, según estándares internacionales, ninguna persona con discapacidad puede ser privada de la libertad por su condición, sin embargo, “en México ocurren frecuentemente ataques a la libertad personal de estas personas fuera de procedimiento”.
Esto, gracias a “la extendida aceptación que tiene la privación de la libertad de las personas con discapacidad psicosocial, que encuentra sustento en prejuicios y estereotipos sobre estas condiciones que no hemos logrado erradicar. Como sociedad nos parecería aberrante escuchar que alguien fue privado de la libertad sin un juicio justo, pero cuando viven con discapacidad no tenemos problema en hacerlo sin darles la posibilidad de defenderse y de hacer valer su voluntad”.
Desde 2009, el Relator especial sobre la salud de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), definió el consentimiento informado en el contexto de la salud como la aprobación que una persona da para recibir un tratamiento médico después de haber sido informada sobre sus consecuencias, beneficios asociados, riesgos y alternativas, lo que protege el derecho de los usuarios a participar en la adopción de las decisiones médicas.
Sin embargo, Documenta encontró que, hasta 2020, en México fueron presentadas al menos 23 quejas ante comisiones de derechos humanos en las que personas señalan que se les suministró algún tratamiento médico en contra de su voluntad, sin explicarles qué medicamento era, para qué servía o cuáles eran los riesgos asociados, o que se continuó con el suministro pese a que manifestaron que les causaban severos daños; en los casos más extremos, señalaron que se les obligó a tomarlos bajo amenazas de castigo”.
“Hemos conocido de varios testimonios en los que narran que incluso se dan sujeciones con amarres para alimentación forzada, que se supone que está fundamentada en una ‘razón necesaria’, pero que acaba provocando sufrimiento a las personas, que acusan que se elimina su capacidad de decidir, lo que deja ver que estos espacios están regidos casi bajo una lógica penitenciaria. Todo eso nos ha dado alertas que consideramos que se tienen que revisar”, explicó la coordinadora del programa Discapacidad y Justicia de Documenta.
En 2018, el MNPT documentó que en el 20.51% de los hospitales que visitó se producían internamientos involuntarios, en los que una vez establecida la persona no se le pedía el consentimiento para permanecer internada, y en varios de los casos los expedientes de los pacientes carecían de historia clínica, ni contenían las indicaciones del médico psiquiatra para internar a los usuarios.
Mediante solicitudes de información, la asociación conoció que actualmente hay cerca de mil 450 personas internadas en hospitales psiquiátricos del país, para quienes resulta “fundamental que se les garantice el acceso pleno a sus derechos”.
Los alcances de la demanda que resolverá la Corte
Lillian Rabasa, de Aguinaco Abogados, explicó que antes de que el asunto llegara a la Corte, en enero de 2023 Documenta presentó la demanda ante autoridades del Estado de México, pero el Juzgado Decimoséptimo de Distrito la rechazó argumentando que la directora de Documenta no estaba legitimada para hacer dicha exigencia.
Ante este rechazo, presentaron un recurso de queja que llegó a un tribunal colegiado del Estado de México, y antes de que este se pronunciara solicitaron a la SCJN que atrajera el asunto, lo que ocurrió cuando la Segunda Sala determinó que se trata de un asunto de interés.
“Lo que va a resolver la Corte es si una organización civil puede promover una demanda para defender a personas que se encuentren internadas en un hospital, y abre la discusión sobre si es legal que existan personas con discapacidad privadas de la libertad de forma involuntaria”, expuso Rabasa.
En caso de que los ministros de la Segunda Sala voten a favor del proyecto, “la sentencia va a regresar al Juzgado de Distrito, mismo que tendrá que analizar caso por caso si las mujeres que se encuentran internadas en este hospital están bajo su voluntad”.
“No pasa nada con quienes están por su voluntad, pero en el caso de quienes estén de manera forzada se tendrá que ordenar su salida. Si esto ocurre, nosotros tendremos un papel activo para asegurarnos que existe un plan de desinstitucionalización que asegure la protección de estas personas que decidan salir del internamiento“, comentó la abogada.
Al respecto, Diana Sheinbaum agregó que lo que se plantea es una estrategia de largo plazo que ponga en el centro a las mujeres con discapacidad, con corresponsabilidad de las instituciones del Estado para erradicar las prácticas que violen los derechos de las personas.
“No se trata de abrir las puertas de los hospitales y a ver qué pasa con las personas, se trata de permitirles que decidan dónde quieren estar, y acompañarlas para que puedan estar de la mejor forma posible, para que realmente puedan hacer efectivos los derechos que reconoce la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, y ahora también la Ley General de Salud”, remarcó.