Autoridades preparan iniciativa para regular redes sociales por violencia sexual hacia niñas y niños
Eréndira Aquino · 24 de junio de 2026
Lorena Villavicencio, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), anunció que la institución adscrita a la Secretaría de Gobernación (Segob) prepara una iniciativa para regular redes sociales.
Durante la presentación del informe Disrupting Harm in Mexico, elaborado por la UNICEF, la asociación civil ECPAT y la Interpol, Villavicencio subrayó la necesidad de que se reforme la legislación en materia de delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes, para que sean investigados de oficio por las fiscalías, y que “las propias redes vayan eliminando este tipo de contenidos”, pues actualmente en algunas plataformas es requisito contar con una denuncia para que se borren las publicaciones.
“Me parece que esta regla de que haya una denuncia de por medio no elimina el daño potencial que se le genera a quien está siendo exhibido, humillado o afectado en su intimidad en estas redes. Hay muchos elementos en la investigación de UNICEF que tendrían que ser parte de una propuesta. En ese sentido, quiero comentarles que SIPINNA está lista para presentar una iniciativa”, adelantó.
“Hemos estado dándole muchas vueltas al tema de la regulación de estos entornos virtuales y aquí nos están arrojando elementos que vamos a considerar en nuestra iniciativa”, dijo la exdiputada.
Actualmente, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece que los prestadores de servicios están obligados a guardar datos por 24 meses “para facilitar procesos de investigación”. Sin embargo, esto no aplica para las plataformas de redes sociales, que han mostrado “muchas resistencias” a la regulación.
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“Se cobijan en el tema de la libertad de expresión, pero hay una afectación evidente con todos los contenidos que dicen que han moderado con ciertos controles parentales”, una solución que para el SIPINNA “sigue siendo inaccesible para muchos padres y madres en este país, pues no todas las personas manejan el lenguaje de estas redes“, criticó sin ofrecer más detalles de la propuesta.
Sin embargo, enfatizó que “no es un tema sólo de controles, y es ahí donde queremos fijar una postura muy clara. Nos parece que lo más importante es que se garantice desde el diseño de las plataformas que se vaya generando toda la protección reforzada para el caso de niños, niñas y adolescentes“.
Proveedores y plataformas: seguridad digital “es corresponsabilidad de todos”
El informe presentado por la UNICEF encontró que en México alrededor de un millón 600 mil niñas, niños y adolescentes sufrieron este tipo de violencia entre 2023 y 2024. La principal forma de agresión fue recibir imágenes sexuales no deseadas (7 %), seguida de la solicitud de imágenes o videos sexuales (4 %) y del ofrecimiento de regalos o dinero a cambio de este tipo de contenido (3 %), siendo las empresas de Meta —Facebook, WhatsApp e Instagram, propiedad del mismo empresario, Mark Zuckerberg—, las más utilizadas por los perpetradores.
Ante este panorama y los señalamientos directos a la efectividad de sus políticas de moderación, el sector privado reaccionó durante el mismo evento. Representantes de los prestadores de servicios y plataformas digitales matizaron las críticas de las autoridades; si bien reconocieron la gravedad de las cifras presentadas por UNICEF, defendieron que la solución no depende exclusivamente de una regulación de sus sistemas, sino de un esfuerzo conjunto. Bajo esta premisa, sostuvieron que la seguridad digital es, en realidad, una “corresponsabilidad de todos”, que involucra tanto al diseño tecnológico como a la educación digital de las familias y la acción penal del Estado.
Al respecto, Adriana Hermosillo, de Telefónica Movistar, quien estuvo durante la presentación del estudio, apuntó que es difícil corregir “desde cero un proceso en el que no tengamos que hacer responsables al padre y a la madre o al cuidador, ni tampoco a los creadores de contenido de las plataformas”. Reconoció, sin embargo, que es crucial poner “al centro la niñez y la adolescencia como parte del diseño responsable” de las redes sociales.
⭕#Ahora | En México, el 13 % de niñas, niños y adolescentes ha sufrido algún tipo de explotación o abuso sexual facilitado por las tecnologías, según el estudio “Disrupting Harm”, presentado por la UNICEF.
Camila Perera, investigadora de UNICEF, remarcó que el 47 % de ellos la… pic.twitter.com/zKln2R5uvV
— Animal Político (@Pajaropolitico) June 23, 2026
Asimismo, apuntó que “tenemos que saber identificar cómo cada uno está interactuando y tiene responsabilidades, y cómo también colaboramos con autoridades, con la academia y con el tema de la educación, en materia de habilidades digitales“. Como prestadores de servicios, agregó, “somos eslabones que identificamos dónde está nuestra parte de colaboración” pero existen otros niveles en la comisión de este tipo de hechos.
Por su parte, Isaac Ochoa, Strategic Partner Manager SPLATAM de Google, remarcó que como administradores de la plataforma de YouTube, se encuentran interesados en el establecimiento de controles, para lo cual se han establecido “procesos de escucha que van cambiando”, pero continúan en una dimensión en la que se busca crear un “ecosistema seguro” a partir del control parental, más no en cambios sustanciales en la política de uso de las plataformas.
La finalidad de este modelo es “tener un ecosistema seguro y que al final también podamos empoderar a los padres de familia y cuidadores para decidir el puente a partir del cual tender una comunicación con los adolescentes”.
“Necesitamos mucha educación digital, la alfabetización es un elemento central. Necesitamos confiar en los jóvenes, en los niños, en las niñas, que tengan la suficiente información. Los padres también, atendiendo, buscando la manera de tener una mejor comunicación, porque la falta de comunicación y de confianza entre padres, madres e hijos me parece que se debe prevenir”, indicó.
Hacia dónde va la iniciativa: el reto de legislar la red
Más allá del alarmante universo de 1.6 millones de víctimas, el estudio de UNICEF, ECPAT e Interpol revela dinámicas de violencia digital fuertemente condicionadas por el género y la edad en México.
De acuerdo con los hallazgos, las adolescentes de entre 15 y 17 años son el grupo más vulnerable a sufrir solicitudes de imágenes o videos sexuales y acoso, mientras que los niños varones reportaron una mayor incidencia en la recepción de material explícito no solicitado.
El informe también pone el dedo en la llaga sobre uno de los argumentos centrales de SIPINNA: la ineficacia del sistema de denuncia actual. Entre los datos más reveladores del documento destacan:
La cifra negra del silencio: menos de 10% de los casos de explotación o abuso sexual digital son reportados por los menores a una autoridad, plataforma o familiar, principalmente por temor a represalias, culpa o desconfianza en los mecanismos de ayuda.
El rostro del perpetrador: contrario al mito del “desconocido”, una parte significativa de los agresores cibernéticos en México resultan ser personas del entorno escolar o social cercano de las víctimas, o bien, perfiles que simularon tener una edad similar mediante técnicas de grooming.
Brecha de supervisión: aunque 70 % de las y los menores interactúan de noche o en espacios privados con sus dispositivos, más de la mitad de los padres encuestados admitió no saber cómo configurar los controles parentales o desconocer las dinámicas de mensajería de Meta y YouTube.
Fabio González, de la asociación ECPAT, mencionó que los tipos penales que actualmente existen en México dejan huecos legales acerca de la punibilidad de este tipo de violencia, además de que las víctimas “pueden encontrar procesos largos, agotadores, revictimizantes”.
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Este diagnóstico integral evidencia que la problemática sobrepasa las soluciones actuales de la industria y las autoridades. Mientras las plataformas defienden que el blindaje depende de la “corresponsabilidad” y la educación digital en casa, los datos de UNICEF demuestran que las familias mexicanas están rebasadas por la sofisticación de los entornos virtuales.
Con estas evidencias como sustento, la iniciativa que prepara SIPINNA busca romper el cuello de botella que significa la baja tasa de denuncias. Al exigir que las fiscalías investiguen de oficio y obligar a corporativos como Meta y Google a retirar contenidos de forma proactiva mediante un “diseño seguro”, la propuesta de Lorena Villavicencio pretende trasladar la carga de prueba y la responsabilidad de protección del usuario hacia la infraestructura tecnológica.
El verdadero desafío de la iniciativa en el Congreso no será solo superar el cabildeo de las empresas tecnológicas, sino articular un marco legal robusto que convierta las preocupantes estadísticas de este informe en políticas públicas aplicables, antes de que el ecosistema digital siga cobrando más víctimas en la total impunidad.