Alexis Ortiz · 24 de agosto de 2026
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció cinco principios globales para proteger a niñas, niños y juventudes de los contenidos dañinos de las plataformas digitales. Las recomendaciones van desde educarles para que puedan identificar los riesgos de internet hasta diseñar marcos legales que obliguen a las empresas a evitar que este sector de la población quede expuesto a contenidos que lo puedan afectar.
Lejos de una perspectiva prohibicionista, la ONU reconoce que las niñas, los niños y las juventudes tienen derecho a utilizar internet para enriquecer su formación social, cultural y educativa. Por ello, sus recomendaciones están enfocadas en qué hacer para evitar que el contenido dañino llegue a ellos.
Según la ONU, más del 82 % de las juventudes de 15 a 24 años de todo el mundo están conectadas a internet. Además, en los países de más bajos ingresos, las personas jóvenes tienen 1.9 más probabilidades de utilizar internet que el resto de la población, a pesar de las brechas digitales.

Los hábitos, comportamientos, identidades, valores y relaciones de las personas jóvenes siguen en formación cuando comienzan a utilizar las plataformas digitales, lo que puede socavar su bienestar al exponerlas a contenido dañino y extremo de pornografía, violencia, autolesiones e incluso suicidio. A ello se suma la publicidad disfrazada de contenido de las empresas.
Ante este panorama, la ONU publicó los Principios Globales de las Naciones Unidas para la Integración de la Información. Una perspectiva de niñas, niños y jóvenes, un documento en el que traza cinco directrices para proteger a este sector de los riesgos de las plataformas digitales.
El primer principio de la ONU es reconocer el derecho de las juventudes a acceder, de manera segura, a plataformas digitales, así como respetar su derecho de acceso a la información y a la libertad de expresión.
Para lograr que las juventudes puedan acceder de manera segura a internet, la ONU recomienda que las plataformas digitales tengan un “diseño apropiado para la edad”, lo cual conlleva implementar mejores sistemas de seguridad y privacidad para alejar a este sector de contenidos dañinos.
La ONU cuestiona que, “en términos generales, las medidas de autorregulación de las empresas tecnológicas para proteger a las infancias han sido defectuosas, insuficientes y aplicadas de manera desigual. Por ello, recomienda que los Estados adopten medidas para exigir seguridad desde el diseño y responsabilizar a las empresas por sus obligaciones de garantizar la protección y los derechos de la infancia”.

El segundo principio de la ONU tiene que ver con la publicidad que aparece en las plataformas. Recomienda a las empresas privadas evitar contenido explícito, inapropiado e ilegal en su publicidad. Igualmente, aconseja a los anunciantes no colocar sus mensajes cerca de contenido que represente riesgos y daños para las infancias y las juventudes, así como distinguir claramente entre contenido orgánico y comercial.
“Las coaliciones de la industria y los organismos de normalización desempeñan un papel complementario para establecer normas compartidas sobre publicidad responsable en materia de derechos humanos, incluidas definiciones claras de qué constituye una práctica manipuladora o explotadora cuando se dirige a audiencias jóvenes”, dice la ONU al respecto.
El tercer principio de la ONU tiene que ver con el “empoderamiento público” de las infancias y las juventudes; es decir, darles herramientas y alfabetizaciones digitales para que puedan proteger sus datos privados, así como conocer los riesgos a los que se exponen en la red.
Esto conlleva que en los planes de estudio se incluyan clases sobre los riesgos que hay en internet y cómo evitar caer en los contenidos dañinos.
Lee: Infancias, pantallas y adicción digital
“Las personas usuarias más jóvenes deberían comprender que los desafíos que enfrentan en los espacios digitales no son únicamente resultado de decisiones personales, sino que reflejan el diseño de plataformas, modelos de negocio basados en segmentación algorítmica, prácticas publicitarias y dinámicas sistémicas más amplias. Estos aspectos son importantes para construir alfabetizaciones que permitan a la infancia y la juventud no solo protegerse, sino también participar críticamente, ejercer sus derechos y contribuir positivamente a la vida pública”, indica la ONU.
No solo niños, niñas y jóvenes tienen que tener un proceso de empoderamiento público. También padres, madres, maestros y maestras deben hacerlo para fomentar en la juventud un uso seguro y responsable de las plataformas digitales.

La ONU recomienda establecer mecanismos de denuncia para que niñas, niños y jóvenes puedan reportar contenidos dañinos o afectaciones que hayan sufrido en la red.
Como cuarto principio, la ONU propone que en todos los países haya medios de comunicación libres e independientes, en los cuales este sector de la población se pueda informar sobre sus derechos y los riesgos de internet.
“Los medios independientes, libres y pluralistas permiten a la ciudadanía exigir cuentas al poder, acceder a la información necesaria para participar en la vida pública y encontrar perspectivas que enriquecen el discurso democrático. Para la infancia y la juventud, el acceso a fuentes de información diversas y fiables es esencial para un desarrollo saludable, una toma de decisiones informada y una participación cívica significativa”, apunta el organismo.
Esto implica también que los medios de comunicación tengan la capacidad de generar contenidos de interés para las niñas, los niños y las juventudes, además de abrirles espacios para que puedan expresarse y generar contenido de utilidad.
El quinto y último principio de la ONU tiene que ver con que las empresas que controlan las plataformas digitales sean transparentes, lo que implica que abran sus bases de datos para que investigadores independientes puedan hacer informes sobre cómo los contenidos negativos llegan en general a las y los usuarios de internet.
“Los principios globales de la ONU piden que las empresas tecnológicas proporcionen a investigadores acceso a los datos necesarios para comprender los desafíos de integridad de la información, estableciendo acuerdos de intercambio de datos que protejan la privacidad de las personas usuarias y, al mismo tiempo, permitan una investigación independiente rigurosa”, concluye el organismo.