Crecer en el México de la violencia: lo que le debemos a las infancias

Por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM)

Hay una pregunta que se vuelve más urgente cada 30 de abril, Día del Niño y la Niña  en México: ¿cómo está moldeando a toda una generación haber crecido en un país tan  atravesado por la violencia como el nuestro?  

Desde 2009, la violencia letal en México ha alcanzado niveles tan alarmantes que,  incluso medios internacionales calificaron como uno de los “conflictos más mortíferos  del mundo” (véase Le Monde, 2012). Más allá de esas caracterizaciones, lo cierto es  que la crisis de derechos humanos se ha sostenido durante casi dos décadas. La  intensidad ha variado, pero no su persistencia. Esa gravedad también se refleja en  mediciones comparativas: para 2025, el país se ubica en el lugar 135 de 163 en el Índice  Global de Paz,1y durante años se ha mantenido entre los 20 a 25 países peor evaluados  del mundo.  

Las niñas, los niños y los adolescentes de hoy crecieron en el México de las masacres  de San Fernando Tamaulipas y de Allende, Coahuila; del horror en Cadereyta y el  incendio del Casino Royale en Nuevo León; de los 43 normalistas de Ayotzinapa en  Guerrero. Crecieron en el país donde ser una persona periodista, defensora de  derechos humanos, candidata a un cargo público o simplemente tener una orientación  sexual distinta puede significar un riesgo de muerte. Su normalidad es el México de  las fosas clandestinas, de las madres buscadoras, de los diez feminicidios diarios, de la  narcoviolencia y de la militarización de la seguridad como apuesta política —pese a no  haber dado los resultados prometidos. Es el único México que conocen. 

La magnitud que no cabe en un titular 

Para entender la escala de lo que estamos hablando, hay que mirar los números con  honestidad. Entre 2009 y 2026, 394,429 personas fueron asesinadas y 118,386  están desaparecidas.2 Son al menos 512,815 familias profundamente fracturadas  por un homicidio o una desaparición. En ese mismo periodo se denunciaron más de  3.5 millones de delitos —entre ellos violación, tráfico de menores, violencia familiar y  secuestro— cuyos efectos trascienden inevitablemente a quienes comparten techo con  

1Institute for Economics & Peace. Global Peace Index 2025: Identifying and Measuring the Factors that Drive  Peace. Sídney, junio de 2025. Disponible en: http://visionofhumanity.org/resources 

2Cifras sobre homicidios dolosos y feminicidios del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad  Pública, 2009–2025; y del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, con cifras del 1 de  enero de 2009 al 28 de abril de 2026.

la víctima directa.3 A eso hay que sumar cerca de 400,000 personas que se han  desplazado forzadamente por la violencia,4 aunque la cifra real sea mucho mayor. 

Detrás de cada una de esas estadísticas hay infancias y adolescencias. No como dato  secundario: como realidad central que hemos decidido, colectivamente, no ver con  suficiente nitidez. 

Un daño que no termina con el hecho violento 

Desde hace casi veinte años acompañamos a familias en su búsqueda de justicia. Lo  que hemos aprendido en ese camino es que los impactos en niñas, niños y adolescentes  no son lineales ni simples: son capas que se acumulan. La violencia —ya sea familiar,  sexual, la desaparición de un ser querido o el desplazamiento forzado— no solo  produce daños inmediatos. Transforma el desarrollo emocional, relacional y vital de  quienes la viven. Genera ansiedad, depresión, alteraciones conductuales. Rompe  vínculos de confianza. Provoca rezago educativo. Y, en muchos casos, normaliza la  violencia como forma de relación. 

Estos daños se agravan cuando la agresión proviene de alguien cercano, cuando se  pierde a una figura de cuidado o cuando una niña o un niño tiene que abandonar su  comunidad. Irse no es solo una pérdida afectiva: es también material, comunitaria e  identitaria. El tejido de quiénes somos se desgarra. 

Pero hay algo más, y esto es crucial: el daño no termina con el hecho violento. Se  profundiza —a veces de manera más grave que el hecho original— a través de la  impunidad y de procesos de justicia que revictimizan, que excluyen, que no explican  nada. Cuando el Estado no investiga, no sanciona, no protege, las niñas y los niños  aprenden algo que ningún sistema educativo debería enseñar: que la violencia no tiene  consecuencias, que su dolor no importa, que la justicia no existe para ellas y ellos. Ese  aprendizaje —silencioso, estructural, profundo— es en sí mismo una de las formas más  duraderas de violencia. 

Lo que falla: cuando la ley sí existe pero el Estado no actúa 

Uno de los problemas más persistentes que hemos documentado es que cuando la  violencia atraviesa a una familia, no siempre se reconoce a las infancias y adolescencias  como víctimas en términos legales —aunque la ley sí lo contempla—. Eso las deja fuera  de medidas específicas de atención. Y cuando sí se les reconoce, frecuentemente se les  trata como testigos cuyo testimonio sirve para acreditar la responsabilidad de alguien  más, no como personas con derechos propios que merecen acompañamiento,  explicación y reparación. 

El derecho internacional de los derechos humanos es claro: el principio de interés  superior de la niñez obliga a que su bienestar y desarrollo sean prioridad. Tienen  derecho —de acuerdo con su capacidad en cada etapa del desarrollo— a ser tomados y  

3Datos de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Para el  periodo 2009–2014 se consideraron denuncias por violación, estupro, otros delitos sexuales y secuestro; para  2015–2025, debido al cambio de metodología, se incluyeron abuso, acoso y hostigamiento sexual, corrupción de  menores, incumplimiento de asistencia alimentaria, secuestro, tráfico de menores, violación y violencia familiar. 4Consejo Nacional de Población, Diagnóstico nacional sobre la situación del desplazamiento forzado interno en  México, Secretaría de Gobernación, México, 2021. Con base en estimaciones del IDMC, hacia 2020 se registraban  alrededor de 357,000 personas en situación de desplazamiento interno acumulado por violencia, aunque el  propio informe advierte la ausencia de un registro oficial y la probable subestimación del fenómeno.

tomadas en cuenta en los asuntos que les afectan. No solo a que les digan en qué  diligencia van a participar, sino a que alguien les explique qué está pasando, qué se  está discutiendo, qué implica ese proceso para sus vidas. Eso no ocurre de manera  sistemática en México. No porque no haya leyes que lo ordenen, sino porque no existe  la práctica institucional que lo garantice. 

Lo que proponemos: no hace falta inventar, hace falta implementar 

Las recomendaciones existen. Organizaciones de la sociedad civil como la REDIM, y  mecanismos internacionales de protección de derechos humanos han documentado  con precisión lo que se necesita. No estamos en un momento de diagnóstico: estamos  en un momento de voluntad política y de implementación. 

Lo que se requiere no son nuevas leyes. Es una instancia rectora que transversalice el  enfoque de infancias y adolescencias en la atención a víctimas; que tome lo que ya  existe —los marcos legales, las recomendaciones, las experiencias de quienes llevamos  años en esto así como la voz de las niñas, niños y adolescentes— y lo convierta en  práctica cotidiana de las instituciones. Una política pública que reconozca que una  niña que perdió a su madre en una desaparición forzada, un niño que vio morir a su  padre en una masacre o una adolescente que fue desplazada de su comunidad no solo  necesitan atención psicológica puntual: necesitan que el Estado les responda con  integralidad, con especialización, con presencia, con continuidad y tomándoles en  cuenta. 

Ellas y ellos no pueden construir esas condiciones para sí mismos. Esa es nuestra  responsabilidad —de las organizaciones, de las instituciones, de quienes tienen la  posibilidad de incidir. Y es urgente. 

Una invitación concreta 

Este año elaboramos un informe cualitativo sobre los impactos que hemos observado  en niñas, niños y adolescentes que hemos acompañado en Chihuahua. No busca ser  un recuento estadístico —ya hay suficientes números que gritan solos. Busca poner la  atención donde debe estar: en cómo se debe atender, proteger y reparar a esta  generación que está creciendo marcada por la violencia. 

Les invitamos a leerlo. Y sobre todo, les invitamos a sumarse a la exigencia de que  exista una política pública que verdaderamente ponga a las infancias y adolescencias  más vulnerables en el centro. No como retórica del Día del Niño. Como compromiso  permanente. 

— Artículo de opinión / Día del Niño y la Niña, 30 de abril de 2026 

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) en Chihuahua 

https://cedehm.org.mx/es/