Fumar caro o comprar pirata: el alza de impuestos empuja a consumidores al mercado ilegal

En la zona oriente de Uruapan, Michoacán, César “N” y un menor de edad recorrían comercios abordo de un automóvil. No iban ofreciendo una mercancía que los propietarios pudieran aceptar o rechazar; los obligaban a comprar cigarros ilegales para luego venderlos en sus negocios.

De acuerdo con la acusación, al momento de ser detenidos las autoridades les encontraron 14 mil 400 cigarros distribuidos en 72 paquetes y una libreta que contenía nombres y direcciones de comerciantes.

El caso se conoció el 27 de agosto, cuando la Guardia Nacional informó que la captura se realizó en coordinación con la Guardia Civil y la Fiscalía de Michoacán, después de que propietarios de los establecimientos denunciaran que eran presionados para recibir la mercancía.

Días antes, en el puerto de Lázaro Cárdenas también en Michoacán, la Secretaría de Marina y la Agencia Nacional de Aduanas habían asegurado 52.5 millones de cigarros ilegales procedentes de Vietnam. 

Las autoridades no han establecido alguna  relación entre ambos hechos, pero los dos muestran distintos momentos  dentro del proceso de un mismo negocio ilícito: cargamentos de millones de piezas ingresan al país y redes organizadas se encargan de que los productos lleguen a los pequeños establecimientos, incluso mediante amenazas.

Detrás de esa capacidad de distribución existe una diferencia de precios difícil de ignorar; mientras algunas cajetillas legales alcanzan los 110 pesos, las de contrabando se ofrecen a un precio de entre 15 y 25, de acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC). Con esta brecha de precios, un consumidor puede adquirir hasta siete paquetes ilegales al costo de uno legal.

Una cajetilla de Marlboro que al cierre de 2025 costaba alrededor de 87 pesos subió a 106 con la entrada en vigor del nuevo impuesto. En agosto, los comercios aplicaron un segundo ajuste de entre dos y cinco pesos. Con esto, algunas presentaciones de Marlboro y Camel alcanzan ahora los 110 pesos, según la ANPEC.

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Desde enero, el porcentaje del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a los cigarros pasó de 160 a 200 %, mientras la cantidad adicional cobrada por cada pieza aumentó de 0.64 a 0.85 pesos. La intención del gobierno federal es encarecer el producto para reducir su consumo de acuerdo a políticas de salud pública, sin embargo, el aumento también dejó al cigarro legal compitiendo con otro que evade impuestos, controles sanitarios y códigos de seguridad.

Fernando Briseño, economista y analista de datos, explica que subir el precio puede reducir la demanda, pero no significa que todos los consumidores abandonarán el producto, especialmente cuando tienen a su alcance alternativas más baratas.

“En general, lo que sucede cuando se eleva el precio de un producto es que existe una sustitución. Es solamente cuando se cierran todas las opciones, cuando la otra opción es sencillamente no consumir el producto”, señala.

Cuando dejar de comprar una cajetilla no significa dejar de fumar

El salario mínimo general es de 315.04 pesos diarios, según la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami). Con ese parámetro, una cajetilla legal de 110 pesos representa casi el 35% del ingreso de una jornada laboral, mientras que una de contrabando, vendida en 25 pesos, equivale a menos del 8% y si cuesta 15, es apenas el 5%.

Así, el gasto estimado por comprar una cajetilla diaria puede llegar a 3 mil 300 pesos al mes, si se adquiere una marca legal. En contraste, si se recurre a productos pirata, baja a 750 considerando que la cajetilla costara 25 pesos. Aunque no todas las personas fumadoras consumen un paquete al día, la comparación permite dimensionar la presión que el aumento ejerce sobre quienes tienen menores ingresos.

Comprar cigarros sueltos es otra forma de seguir fumando sin tener que pagar una cajetilla completa. La Encuesta Global de Tabaquismo en Adultos de 2023 encontró que el 47.7 % de las personas que consumen cigarros manufacturados los había comprado por unidad la última vez.

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El dato no permite saber cuántos de esos cigarros eran legales o piratas, aunque la venta por pieza vuelve más difícil identificar su procedencia, pues el consumidor no siempre puede revisar la cajetilla, sus códigos de seguridad, el país de fabricación o las advertencias sanitarias.

La misma encuesta estimó que en México había 14.3 millones de personas fumadoras, equivalentes al 15.3 % de la población de 15 años o más. Además, encontró que el porcentaje de personas que fuma no registró cambios importantes entre 2009 y 2023. Durante ese periodo disminuyó la proporción de fumadores diarios y el promedio de cigarros consumidos, pero no hubo una reducción clara en el número total de consumidores.

“El consumo se ha mantenido muy estable, con sus altas y sus bajas. A pesar de que ha habido un incremento constante de impuestos y la regulación se ha fortalecido; es muy difícil que la gente deje de fumar”, explica Briseño.

El mercado ilegal no es nuevo, pero se ha fortalecido

El mercado ilegal no apareció con el aumento de 2026, pero sí llegó a este año en plena expansión. El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) recolectó y analizó 12 mil 607 cajetillas desechadas en once ciudades durante 2023, para lo cual revisó si tenían las imágenes y leyendas de advertencia obligatorias, marcas autorizadas y códigos de seguridad.

El 18.2 % de los paquetes analizados fue identificado como ilegal. Si se consideran solamente las ocho ciudades que también formaron parte de la medición de 2017 (Ciudad de México, Durango, Guadalajara, Hermosillo, León, Mérida, Monterrey y Veracruz), la proporción de cajetillas ilegales pasó de 8.5 a 20.4 %, es decir, se duplicó en seis años.

El crecimiento no ocurrió de la misma forma en todo el país. En Durango, el 43.4 % de las cajetillas recolectadas fue identificado como ilegal; en La Paz representó el 32.4 %; en Guadalajara, el 23.9 %, mientras que en Hermosillo apenas alcanzó el 0.3 %.

Otro cálculo, elaborado por la firma KPMG, estimó que durante 2025 se consumieron en México 9 mil 190 millones de cigarros ilegales, equivalentes al 23.3 % del mercado. Según ese informe, la venta legal disminuyó de 34 mil 80 millones de piezas en 2021 a 30 mil 160 millones en 2025, mientras el consumo ilegal aumentó de 7 mil 20 millones a 9 mil 190 millones.

La cifra es mayor a la obtenida por el INSP, sin embargo, ambos estudios coinciden en la dirección que lleva el fenómeno: los cigarros ilegales ganaron espacio previo al nuevo aumento y llegaron a 2026 con redes de distribución ya establecidas lo que favoreció el fortalecimiento del negocio ilícito. 

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Briseño aclara que los datos disponibles no permiten afirmar que el aumento de impuestos sea la única causa del crecimiento del contrabando, pero sí muestran una tendencia, mientras el cigarro legal se encarece, las marcas ilegales ganan espacio y ofrecen precios mucho más bajos.

“Es tan grande el diferencial entre estas cajetillas que, obviamente, la gente se va a estar desplazando hacia el consumo ilícito”, señala.

El Cártel del Tabaco que impone sus propias marcas

Lo ocurrido en Uruapan coincide con un modelo documentado desde hace varios años en distintas regiones del país; grupos criminales que no se limitan a introducir o fabricar cigarros ilegales, sino que también controlan su distribución y presionan a los comerciantes para que retiren otras marcas.

El estudio Cigarros ilegales y crimen organizado, elaborado por el Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México, identifica entre esas organizaciones al llamado Cártel del Tabaco, cuyo método consiste en intimidar a pequeños comerciantes y grandes distribuidores para sustituir las marcas legales por productos controlados por el grupo.

Las amenazas son apenas el primer nivel. La investigación recopila casos en Michoacán y Jalisco en los que comerciantes fueron advertidos sobre las consecuencias de vender marcas “restringidas”. Además, documenta agresiones físicas, destrucción de mercancía y la entrega de documentos falsos, supuestamente emitidos por el Servicio de Administración Tributaria o autoridades ministeriales, con los que se hacía creer a los propietarios que determinados cigarros estaban prohibidos.

El documento identifica dos formas principales de operar: el contrabando de marcas fabricadas sobre todo en Asia, que ingresan mediante puertos, aeropuertos y cruces fronterizos, y la producción dentro de México de cigarros que incumplen las disposiciones fiscales y sanitarias.

La investigación señala que el Cártel de Sinaloa participa principalmente en las rutas internacionales, mientras que el Cártel Jalisco Nueva Generación y organizaciones asociadas intervienen en la fabricación y distribución dentro del país.

El atractivo del tabaco ilegal no está solamente en el volumen. Aunque sus ganancias son menores que las del tráfico de drogas requiere poca infraestructura adicional y también enfrenta menores riesgos, por lo que  puede aprovechar rutas, bodegas, transportistas y vendedores que ya trabajan para otros negocios ilegales.

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Cuauhtémoc Rivera, presidente de la ANPEC, sostiene que esas redes son capaces de trasladar la mercancía desde los puntos de entrada hasta mercados, tianguis, puestos ambulantes, cruceros y pequeños establecimientos.

“El mercado negro en México tiene mejor logística de abasto, distribución y comercialización que el mercado legal. Es impresionante la organización que tienen para mover una mercancía ilegal”, afirma.

Los decomisos permiten observar una parte de esas rutas. Un día antes de que se informara sobre el cargamento localizado en Lázaro Cárdenas, las autoridades habían asegurado 5.8 millones de cigarros en cuatro envíos de la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, mientras el 13 de agosto decomisaron otros 2.2 millones procedentes de Bangkok, Tailandia.

Durante todo 2022, la Agencia Nacional de Aduanas reportó el aseguramiento de 49.8 millones de cigarros en las 50 aduanas del país, una cantidad menor a la decomisada en una sola operación de agosto de 2026 en Lázaro Cárdenas.

Una vez dentro de México, la mercancía necesita lugares para almacenarse, personas que la repartan y vendedores que la acerquen al consumidor; ahí entran los distribuidores, los comerciantes ambulantes y, como muestra el caso de Uruapan, los propietarios de negocios que pueden ser obligados a recibirla.

El repunte de 2026 no borra la caída de largo plazo

El nuevo impuesto no provocó, al menos durante sus primeros meses, un desplome general de la recaudación. Entre enero y junio de 2026, Hacienda obtuvo 29 mil 979 millones de pesos por el IEPS aplicado a los productos de tabaco, 8.6 % más que durante el mismo periodo de 2025, una vez descontada la inflación.

El resultado contrasta con las comparaciones que muestran caídas superiores al 80 % durante algunos meses. Briseño explica que los pagos del IEPS no ingresan de manera uniforme, pues existen meses en los que se concentra una parte importante de la recaudación, por lo que comparar un mes aislado con otro puede ofrecer una imagen distorsionada.

“Generalmente lo mejor es sumar el año porque eso ya da un reflejo de lo que está pasando”, señala.

De acuerdo con el análisis de Briseño sobre las cifras de Hacienda, la recaudación parece aumentar si no se descuenta el efecto del alza de precios, pero comienza a perder fuerza cuando se compara el valor real del dinero.

“Cuando uno quita la inflación, en realidad ha ido cayendo la recaudación desde el año 2020”, explica.

El punto más alto se alcanzó en 2012 y al comparar cantidades con el mismo valor, durante 2025 se recaudó menos que entonces. Además, Hacienda superó sus metas en 2021 y 2022, pero entre 2023 y 2025 obtuvo entre 80 y 90 % de lo previsto, de acuerdo con el análisis del economista.

De acuerdo con el cálculo de Briseño, de una cajetilla legal de 110 pesos, alrededor de 82.50 corresponden a impuestos, por lo que quedan unos 27.50 para pagar su fabricación, distribución y las ganancias de empresas y comerciantes. Esa cantidad es casi igual al precio de una cajetilla ilegal completa, vendida en 25 pesos, según la ANPEC, con la diferencia de que el producto de contrabando no paga impuestos ni cumple con controles sanitarios.

El aumento de la recaudación durante 2026 muestra que el nuevo impuesto produjo ingresos adicionales en el corto plazo, pero no permite saber cuántas personas dejaron de fumar, cuántas cambiaron a una marca legal más económica ni cuántas comenzaron a comprar cigarros sueltos o de procedencia ilegal.

El impuesto no basta; el trasfondo de salud pública prevalece

Los impuestos al tabaco tienen una razón sanitaria que no puede ignorarse. Con datos de 2019, el Instituto Nacional de Salud Pública estimó que 63 mil 200 muertes anuales estaban relacionadas con el consumo de tabaco y la exposición al humo de segunda mano, además de los costos que las enfermedades cardiovasculares, respiratorias y distintos tipos de cáncer representan para las familias y el sistema de salud.

Elevar el precio puede reducir la demanda cuando una parte de los consumidores decide fumar menos o abandonar el producto, especialmente entre  jóvenes y personas de menores ingresos. El problema aparece cuando junto a una cajetilla legal cada vez más cara, existe otra que cuesta menos de una cuarta parte y puede encontrarse en la calle, un tianguis o un pequeño comercio.

El estudio del INSP sobre cigarros ilegales advierte que el tamaño del contrabando no depende únicamente de los impuestos, también está relacionado con la corrupción, la vigilancia de las aduanas, las redes de distribución y la capacidad del Estado para aplicar la ley.

Por esa razón, sus autores no proponen reducir el IEPS, sino acompañarlo con sistemas que permitan seguir la ruta de cada producto, mayor vigilancia de la fabricación, intercambio de información, controles aduaneros y sanciones contra las redes que distribuyen los cigarros.

Briseño coincide en que la regulación mexicana persigue objetivos adecuados, pero llevarla a la práctica requiere personal, presupuesto y coordinación entre municipios, estados y federación, no sólo para detectar cargamentos, sino también para vigilar que no se vendan cigarros por unidad, a menores de edad o de marcas no autorizadas.

“Tenemos buenas leyes, pero una ejecución muy lejana del ideal”, resume.

Para una persona que gana el salario mínimo, la elección puede estar entre destinar 110 pesos, más de la tercera parte de su ingreso diario, a una cajetilla legal, o pagar 25 por otra que no cubre impuestos ni controles sanitarios.