Redacción Animal Político · 25 de noviembre de 2025
Organizaciones civiles advirtieron que siete cárteles mexicanos controlan el contrabando de tabaco y vapeadores, pues deja ganancias estimadas en 20 millones de pesos al año.
En el informe “Humo, Vapeo y Poder” de Defensorxs, asegura que el crimen organizado antes se dedicaba exclusivamente al tráfico de droga, armas y migrantes indocumentados, pero ahora concentra recursos y energía en mercados ilícitos como el contrabando de tabaco, tráfico de vapeadores y cobro de derecho de piso por la venta de cigarrillos apócrifos.
“El Cártel Jalisco Nueva Generación ensaya la incorporación de tecnología para su aprovechamiento; las principales facciones del Cártel de Sinaloa lo usan para ir más allá del noroeste en el mapa mexicano; La Nueva Familia Michoacana lo utiliza para afianzar el control social ya ganado con la extorsión a minas, aguacates y limones. El Cártel del Golfo lo sustituye por fentanilo en la narcoexportación hacia Estados Unidos, mientras el Cártel del Noreste lo aprovecha para reconfigurar su estructura tras años de fractura interna. Los Cárteles Unidos usan el contrabando como recaudación paralela al Estado y La Unión Tepito le saca provecho consolidando sus tratos con mafias chinas”, señala el documento.

La organización revela que cada año, entre el 10 y el 12 % de los cigarros que se fuman en el mundo son ilegales y unos 400 a 460 mil millones de piezas que cambian de manos sin pagar impuestos ni cumplir normas sanitarias. Pero en México, el problema es todavía más grave.
“Aquí, dos de cada diez cigarros que se consumen provienen del mercado negro. Cada cigarro ilícito encendido es una chispa más en un negocio que financia estructuras enteras del crimen organizado”, señala el documento.
El documento añade que las rutas del tabaco de contrabando ya no son simples líneas secundarias, pues “se han vuelto arterias que alimentan al cuerpo del crimen organizado”.
“Dos rutas por el Pacífico (Sinaloa-Nogales y Jalisco-Laredo), dos por el Golfo de México (Veracruz-Brownsville y Nuevo León-Laredo) y una por el centro del país (Guanajuato-El Paso) que se usaban exclusivamente para drogas, armas y migración indocumentada ahora se usan para mover tabaco clandestino, consolidando esos derroteros como rutas millonarias que los grupos criminales rentan a franquicias delictivas o mafias extranjeras”.
De acuerdo con el documento, los grupos criminales reparten cajetillas robadas y “cigarros artesanales” en mercados, fiestas y paquetes a damnificados como una red de clientelismo. “Quien recibe, debe algo —no siempre en dinero, sino en protección, silencio o halconeo”, indicó.
“El cigarro de contrabando se transforma en pequeño contrato social que crea obligaciones y normaliza la presencia criminal hasta volverla indistinguible”, aseguró el documento.
Debido a la política prohibicionista, en lugar de regular, el vapeador se ha convertido en un producto más del crimen organizado.
“Con su comercialización, grupos criminales obtienen una “caja chica” que les financia armas, municiones, vehículos y equipos de telecomunicación que son usados para cometer delitos en México —secuestro, extorsión, sicariato— y en el extranjero, como el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y otros países”, precisó.
El documento señala que policías y fiscalías carecen de herramientas técnicas y capacidades institucionales para realizar un conteo exhaustivo y homogéneo de estos tres delitos: cuántos robos hay contra camiones de carga con tabaco o cajetillas, cuántos vapeadores entran ilegalmente a México desde Estados Unidos o Asia, cuántos microempresarios son víctimas de extorsión para pagar una cuota por cada cajetilla apócrifa vendida o para tener el permiso del crimen organizado de vender cigarrillos de imitación con marcas que pertenecen a los cárteles.
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“Hay una pelea política por espacios de poder que suele desincentivar la transparencia en el registro de estos delitos, afectando la calidad y cantidad real de los datos oficiales. En México, las organizaciones criminales más poderosas recurren con frecuencia a la violencia y las amenazas para que estos delitos se mantengan ocultos”, comentó.

Recordó que frente a los casi 70 homicidios dolosos al día y un promedio de 30 víctimas conocidas de extorsión cada día, las autoridades tienen argumentos para no atender lo que desde lejos parece un mercado negro aparentemente inofensivo, como la venta de cajetillas apócrifas, vapeadores piratas y reventa de tabaco robado.
“Este informe comprueba que la violencia ejercida por quienes protegen estos delitos es tan real como una caja chica cuyas ganancias financian crímenes como desapariciones forzadas, magnicidios y secuestros”.