Prohibición de sustancias: ¿cannabis, tabaco y vapeadores son harina del mismo costal?

Por años, México ha librado una batalla por regular el cannabis. En tribunales, en el Congreso y en la opinión pública, la discusión ha oscilado entre el derecho al libre desarrollo de la personalidad y la protección a la salud. Pero mientras el cannabis avanza lentamente hacia la regulación, el tabaco se reconfigura bajo nuevas narrativas y los vapeadores enfrentan la prohibición más estricta de todas.

La lucha por la regulación del cannabis en México ha cobrado fuerza en la última década. Batallas decisivas se han librado tanto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación como en el Congreso. En 2015, el caso SMART marcó un precedente histórico: permitió el autocultivo de cannabis y rompió con la prohibición absoluta para acceder a la sustancia. A partir de ahí, la jurisprudencia y la declaratoria general de inconstitucionalidad consolidaron el derecho al uso personal. Hoy, la COFEPRIS ha otorgado más de siete mil autorizaciones derivadas de juicios promovidos por ciudadanos.

En el terreno legislativo, en 2017 se reformó la Ley General de Salud para permitir el uso medicinal del cannabis, y en 2021 el Ejecutivo publicó el Reglamento en Materia de Control Sanitario para la Producción, Investigación y Uso Medicinal del Cannabis. Si bien este reglamento es sumamente restrictivo —al punto de volver casi imposible cumplir los requisitos—, sentó las bases para definir las reglas del juego en la industria del cannabis medicinal.

El contraste con el tabaco

Conviene recordar que, durante décadas, el cannabis estuvo bajo una prohibición absoluta: estaba prohibido adquirir, sembrar, cultivar, cosechar, poseer o transportar la planta. En contraste, la industria tabacalera ha intentado posicionar la idea de que también existe una “prohibición” al consumo de tabaco. Pero ¿es realmente así?

Las primeras restricciones para las personas consumidoras de tabaco generaron un amplio debate nacional cuando entró en vigor la Ley para la Protección a la Salud de los No Fumadores en la Ciudad de México y la Ley General para el Control del Tabaco a nivel federal. Estas normas implicaron la limitación de fumar en espacios cerrados públicos y laborales, regularon la publicidad, promoción y patrocinio de productos de tabaco, y establecieron la obligación de incluir advertencias sanitarias en las cajetillas.

Aun así, nunca ha existido una prohibición total. Y las tabacaleras, lejos de ser víctimas, tienen un historial de prácticas cuestionables: sabían desde hacía décadas que fumar causaba cáncer y era adictivo, y, deliberadamente, ocultaron y distorsionaron esta información, manipularon estudios científicos y dirigieron campañas de marketing hacia personas jóvenes y grupos vulnerables. Los documentos revelados en 1990 por la Industry Documents Library de la Universidad de California (UCSF) son prueba de ello.

Vapeadores: la nueva prohibición total

El 17 de marzo de 2025 se reformó la Constitución mexicana para sancionar “toda actividad relacionada con cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos”. La medida sorprende: pocas veces una prohibición de esta naturaleza se eleva a rango constitucional. Más llamativo aún es que Philip Morris, uno de los gigantes del tabaco, se haya pronunciado en contra, argumentando que los “los productos de tabaco calentado son una alternativa con menor riesgo de daño para los fumadores” y que “una prohibición no detiene el consumo, sino que fomenta un mercado ilegal sin control de calidad”.

Pero esta defensa debe tomarse con cautela. Las tabacaleras tienen un largo historial de manipular información y financiar estudios a modo. ¿Debemos confiar ahora en su narrativa sobre la “reducción de daños”?

Cannabis pendiente, tabaco libre, vapeadores prohibidos

A modo de conclusión, podemos afirmar que nunca ha existido una prohibición absoluta del tabaco; que aún existe una deuda del legislador en materia de cannabis para definir las reglas del mercado de esta sustancia, y que, en contraste, vivimos una prohibición absoluta de los vapeadores. Sin embargo, ninguna de estas medidas tendrá efecto sin un estado de derecho sólido e instituciones fuertes que protejan la salud de la población: servidores públicos capaces de resistir sobornos de la industria, un sistema de salud capaz de realizar investigaciones serias y un congreso que pueda legislar sin un enfoque paternalista, es decir, permitiendo que las personas adultas tengan acceso a estas sustancias de manera libre e informada.