Revictimización y discriminación en el sistema penal: una guía busca cambiar el trato a las mujeres

Para prevenir, reducir y erradicar las violencias basadas en género que experimentan las mujeres en contacto con el sistema penal, la Red Feminista por el Acceso a la Justicia elaboró una guía de actuación que busca visibilizar y atender las prácticas discriminatorias y revictimizantes en las que incurren las personas que operan la justicia en México.

Aunque existen lineamientos y obligaciones que las y los servidores públicos deben cumplir, se ha normalizado que las instituciones de justicia generen prácticas y situaciones de poder, desigualdad y violencia que afectan a las mujeres, apuntan las organizaciones de la red.

Con la Guía de actuación para visibilizar, prevenir y atender violencias basadas en género en el sistema de justicia penal en MX, agrupaciones como Balance AC, CEA Justicia Social, el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), Documenta AC, Elementa DDHH, Haz valer mi libertad y Mujeres unidas X la libertad, pretenden hacer énfasis en que los derechos de las mujeres deben ser garantizados de manera continua e independientemente de su estatus procesal o situación legal.

“Esta guía tiene la intención de que existan mejores formas de hacer justicia en el país. ¿Esto qué quiere decir? Que queremos influir en aquellos servidores que atienden a las mujeres que tienen un contacto con el sistema penal, ya sea como denunciantes o como personas que terminan imputadas por algún delito”, explica en entrevista Luz María León, oficial de comunicación e incidencia del programa Libertad y Ambiente Seguro (LiberAS) de la organización Balance.

Su construcción no partió solo de análisis teóricos o institucionales, sino que se sustenta directamente en las demandas, necesidades y vivencias de mujeres que atravesaron el sistema de justicia penal en carne propia. La base del documento es un diagnóstico inicial que recuperó los testimonios de 12 mujeres —seis denunciantes y seis imputadas— procedentes de la Ciudad de México, el Estado de México y Jalisco.

En su mayoría, las participantes en el diagnóstico son madres y cuidadoras. Varias de ellas se autoadscriben como mujeres indígenas, una como mujer lesbiana y al menos dos son defensoras de derechos humanos. Para Balance, la relevancia del documento radica en que retoma las voces de las propias sobrevivientes y afectadas, en lugar de limitarse a las perspectivas de especialistas o de organismos estatales.

“Esta guía de actuación viene de la experiencia de quienes vivieron estas violencias. Es decir, ahí seguramente hay otros tipos de diagnósticos: de pronto salen informes o lineamientos que generalmente surgen o de instituciones del Estado, como reafirmando lo que se debería de hacer pero no se hace, o de personas expertas, organizaciones, académicas, abogadas, defensoras. Es importante, y esto es lo que la hace diferente, y por eso también hay que llevarla a la práctica, que está creada desde la experiencia propia de ellas”, añade.

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Un hallazgo central que las organizaciones identificaron fue el rol determinante que ejerce el acompañamiento feminista durante los procesos penales. Las mujeres que dispusieron de este tipo de respaldo lograron corregir errores en sus declaraciones iniciales, incorporar elementos probatorios a los expedientes y modificar el trato recibido por el personal de las instituciones, en contraste con aquellas que enfrentaron los procedimientos sin ese apoyo.

Prácticas revictimizantes y discriminatorias 

Entre los hallazgos del diagnóstico y la guía, la Red señala diversas prácticas revictimizantes y discriminatorias del personal de las instituciones, particularmente al inicio de los trámites ante las agencias del Ministerio Público.

Por ejemplo, cuando las mujeres acuden a presentar denuncias, esas limitantes ocurren desde el primer contacto institucional. De acuerdo con los testimonios recopilados, el personal del Ministerio Público cuestiona de forma sistemática los relatos de las denunciantes antes de dar paso a las etapas formales de investigación.

“En lugar de esperar a una etapa de investigación, desde que la mujer llega, según los testimonios, a levantar la denuncia, hay un proceso de revictimización. Se le hace repetir su historia, lo que está denunciando, una y otra vez, y muchas veces de manera innecesaria. Además, no hay un espacio privado, y eso también es importante decirlo, en el que puedan hacer estas denuncias, sino que muchas veces es en ventanillas o en pasillos donde hay un montón de gente escuchando”, describe León.

A la falta de infraestructura y privacidad se suman factores de discriminación relacionados con la orientación sexual y la pertenencia étnica. El diagnóstico documentó casos de discriminación hacia mujeres pertenecientes a la diversidad sexogenérica, así como dinámicas de racismo institucional dirigidas a mujeres indígenas.

“También ha habido una discriminación por ser lesbiana, y discriminación racial porque algunas de las mujeres que participaron en este proceso se reconocen como indígenas. Entonces, ha habido ese racismo en el que por su condición, por su contexto, se desestima lo que están diciendo”, apunta la activista.

El diagnóstico abordó, al mismo tiempo, la situación de las mujeres que ingresan al sistema penal en calidad de imputadas o acusadas por la comisión de algún delito, con la identificación de violencias graves a lo largo de su proceso.

Entre las principales afectaciones, destaca León, se encuentran detenciones arbitrarias, sin informar a las mujeres los motivos o causas del arresto, la privación del derecho a expresarse y la negativa o restricción para recibir asistencia jurídica y asesoría legal oportuna. 

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Además, muchas veces tienen que firmar declaraciones bajo coacción o tortura física, mental y sexual, añade. Esas agresiones no constituyen hechos aislados cometidos en una sola instancia, sino que operan como violencias sistemáticas que se replican en cada una de las fases del procedimiento penal.

Estas etapas incluyen desde el arresto inicial que hacen corporaciones policiales, hasta la integración de carpetas en el Ministerio Público, el desahogo de investigaciones, la actuación de juzgados, la emisión de sentencias y la permanencia en centros de contención o reclusión.

Expedientes incompletos, faltas a la presunción de inocencia y ausencia de sentencias

Además, los expedientes resultan incompletos o con errores, las medidas de protección no se ofrecen de manera proactiva —la Endireh 2021 documenta que el 27.5 % de las mujeres que denunciaron no las recibieron— y en varios casos el proceso se archivó sin aviso ni investigación efectiva. De las seis denunciantes cuyo testimonio se recogió, ninguna logró avanzar más allá de la etapa de investigación. Una de ellas incluso terminó siendo imputada, como represalia, por su agresor.

Las organizaciones destacan que el 60.6 % de las personas privadas de libertad reporta uso de fuerza en su captura, de acuerdo con la ENPOL 2021. En tanto, tres de las seis mujeres imputadas fueron exhibidas ante medios de comunicación antes de ser puestas a disposición del Ministerio Público, en violación directa a la presunción de inocencia. Durante la investigación, sus declaraciones fueron fabricadas o firmadas bajo coacción, y la defensa pública —cuando existió— resultó insuficiente o indiferente a sus circunstancias.

Esto en un contexto en el que casi el 50 % de las mujeres privadas de libertad en México se encuentra en prisión preventiva sin sentencia: una de las entrevistadas en el diagnóstico pasó 19 años en esa condición antes de ser absuelta. Un hallazgo transversal, remarca el documento, es que la calidad del acompañamiento jurídico y organizacional es el factor que más incide en la experiencia de las mujeres dentro del sistema. 

Ante ello, la Guía de actuación fue diseñada con un doble propósito: servir a las usuarias del sistema como instrumento de conocimiento de derechos, e incidir directamente en las personas servidoras públicas que intervienen en la administración de justicia.

En cuanto a su aplicación hacia el personal operativo, el documento busca modificar la actuación de autoridades en todos los niveles y áreas involucradas, entre los que se incluyen agentes del Ministerio Público, integrantes de corporaciones policiales, peritos, personal médico, jueces, personal de defensorías públicas e incluso personal administrativo y auxiliar que atiende en ventanillas o participa en traslados.

Reducir la brecha entre las reglas escritas y la experiencia de las mujeres

“Lo que queremos es reducir esa brecha que existe entre los protocolos y los lineamientos que ya existen, nacionales e internacionales, que deberían atender a los derechos de las mujeres, a los derechos humanos, cuando entran en contacto con el sistema penal; reducir la brecha entre eso y las experiencias de estas mujeres, porque lo cierto es que hemos documentado diversos tipos de violencias”, enfatiza León.

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Por otro lado, la Red Feminista por el Acceso a la Justicia plantea que la Guía no debe percibirse como un recurso de confrontación, sino como un mecanismo de trabajo colaborativo para transformar las instituciones: “generalmente las instituciones sienten las recomendaciones, las guías, los protocolos que sacamos organizaciones, sobrevivientes, víctimas, etcétera, como un ataque, y nuestra propuesta es colaborativa… Queremos que esto se implemente para mejorar cómo se transita por el sistema”, añade.

Por ello, en la guía también se encuentran recomendaciones sobre las condiciones laborales de las personas operadoras de justicia, pues las organizaciones saben —sin que se justifique las malas actuaciones— los contextos de precariedad en los que viven, así como los tipos de violencia que llegan a experimentar dentro del sistema.

“También cuando hacemos estas observaciones pensamos en eso; un ejemplo es que se garantice el acceso a la seguridad social en los términos previstos por la Constitución, y que haya condiciones de trabajo dignas conforme al artículo 123 constitucional. Se pueden encontrar varias recomendaciones  de qué identificamos que necesitan las personas servidoras públicas para hacer su trabajo dignamente y brindar una atención digna, como salarios justos, equipo de trabajo adecuado, instalaciones limpias y licencias de maternidad, afirma León. 

Como parte de la estrategia de socialización e incidencia, las organizaciones han tenido acercamientos con diversas autoridades judiciales y administrativas, incluyendo órganos jurisdiccionales, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, instancias regionales y centros penitenciarios.

Recomendaciones estructurales al sistema penal

De acuerdo con las organizaciones, para que la guía se vuelva operativa y efectiva, es necesario seguir algunas recomendaciones estructurales que la Red dirige al sistema penal en su conjunto. Entre ellas, la capacitación continua e interseccional que implique una formación permanente y obligatoria en materia de derechos humanos, perspectiva de género e interseccionalidad para todas las personas operadoras de justicia. 

A ello debe sumarse un presupuesto siempre suficiente y etiquetado, para que la asignación de recursos económicos adecuados se garantice para todas las instancias del sistema de justicia penal, principalmente las fiscalías, agencias del Ministerio Público y áreas de atención a víctimas.

“No basta con las buenas intenciones. Necesitamos que se garanticen estos recursos adecuados y que estén etiquetados… para todas las instancias que integran el sistema de justicia penal. Por supuesto, estamos haciendo énfasis en fiscalías, agencias del ministerio público y áreas de atención a víctimas”, agrega Luz María León.

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Además, consideran que es indispensable el monitoreo y la valoración institucional mediante mecanismos de seguimiento para evaluar la aplicación de los recursos, la prestación de los servicios judiciales y la calidad del trato otorgado a las mujeres en contacto con el sistema penal.

Animal Político ha documentado las diversas violencias y formas de extorsión que viven las mujeres en centros de reclusión, como Santa Martha Acatitla, donde incluso se han registrado varias muertes sin esclarecer en periodos cortos. Entre 2020 y 2024, el encarcelamiento de mujeres aumentó más del 50 %; la organización EQUIS: Justicia para las mujeres ha registrado que el sistema generalmente no reconoce las condiciones de desigualdad, violencia y discriminación que ellas viven.