Caso Cecilia Monzón: familia ve como precedente ratificación de pena por feminicidio de la activista
Marcela Nochebuena · 25 de agosto de 2026
La confirmación unánime de una condena de 60 años de prisión contra el autor intelectual y los autores materiales del feminicidio de la abogada Cecilia Monzón Pérez cometido en 2022 sienta un precedente en la persecución de este delito. Así lo consideró la familia de la también activista, al reafirmar que mantendrán su compromiso con la lucha en contra la violencia de género en el país.
El pasado 1 de agosto, la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal de Alzada de Puebla confirmó la sentencia condenatoria, derivada de la apelación 19/26, en contra de Javier López Zavala, autor intelectual, así como de Jair Mauricio Domínguez y Silvestre Vargas Ramírez, coautores materiales del crimen cometido en mayo de 2022.
La resolución judicial, dictada tras analizar los recursos de apelación de los imputados por el feminicidio, ratifica de forma íntegra el fallo condenatorio de primera instancia y desestima todos los agravios planteados por las defensas de los sentenciados.
El dictamen judicial del recurso de apelación, radicado bajo la Toca número 19/26, fue resuelto de forma definitiva por la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal de Alzada de Puebla. Las magistradas Magally Escamilla Rodríguez, Marcela Martínez Morales —ponente— y María Violeta Becerril validaron íntegramente el proceso penal de primera instancia dictado contra los implicados en el feminicidio.
La resolución confirma la condena de 60 años de prisión y la respectiva multa de 1,000 Unidades de Medida y Actualización (UMAs) para cada sentenciado.
“El Tribunal de Alzada reconoció el análisis minucioso y detallado de la prueba realizado en primera instancia, que permitió superar el principio de presunción de inocencia tras más de ochenta audiencias de juicio oral celebrado entre abril de 2025 y el 31 de diciembre de 2025”, señala la familia Monzón en un comunicado que hizo público Helena, hermana de Cecilia.
Grados de participación y roles de los sentenciados
La investigación de la Fiscalía de Puebla, validada por el tribunal de Alzada, esclarece los roles de los acusados en el crimen. A Javier López Zavala lo ratifica en su calidad de autor intelectual: queda acreditado formalmente que es la persona que planificó y aportó los medios económicos y materiales necesarios para que se cometiera el feminicidio de Cecilia Monzón.
López Zavala fue secretario de Gobernación y de Desarrollo Social durante la gestión del gobernador Mario Marín y contendió por la gubernatura de Puebla en 2010 por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Fue pareja de Cecilia Monzón y es el padre de su hijo. Al momento del feminicidio, Cecilia enfrentaba judicialmente a López Zavala por una demanda de pensión alimenticia.
Por su parte, Jair Mauricio Domínguez, identificado legalmente como sobrino de López Zavala, y Silvestre Vargas Ramírez son declarados coautores materiales de la agresión. Ambos se encargaron del seguimiento y ataque físico contra la abogada en el municipio de San Pedro Cholula.
Jair Mauricio Domínguez conducía la motocicleta que sirvió para interceptarla y facilitar la huida, mientras que Silvestre Vargas Ramírez fue señalado como quien accionó el arma de fuego. Las indagatorias de la fiscalía establecen que el ataque fue directo y que las detonaciones efectuadas en el lugar impactaron a la abogada y causaron su muerte.
La perspectiva de género como herramienta técnica del análisis
Un aspecto central de la resolución, destaca la familia Monzón, es que la Primera Sala del Tribunal de Alzada usó en la confirmación de la sentencia el método analítico con perspectiva de género durante el proceso judicial.
Las magistradas subrayaron en su sentencia de apelación que esa metodología representa una herramienta de verificación objetiva para evaluar la realidad procesal del expediente. Con ello rechazaron la pretensión de las defensas de los sentenciados, que sostenían que dicho enfoque constituía un “añadido ideológico” carente de justificación en la legislación penal.
La aplicación de esta perspectiva analítica permitió al órgano colegiado valorar testimonios idóneos y pertinentes que visibilizan el contexto de violencia de género sistemática ejercida contra Cecilia Monzón con anterioridad a su feminicidio, lo que confirma una asimetría de poder y la presencia activa de un ciclo de violencia.
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El fallo del Tribunal de Alzada dejó establecido que el punto de mayor vulnerabilidad de la víctima coincidió directamente con el inicio de sus procedimientos jurídicos para exigir el cobro de la pensión alimenticia para su hijo menor de edad, así como con la presentación de denuncias formales por el delito de violencia familiar.
La representación jurídica de la familia de la víctima, encabezada por las personas abogadas Minerva Sánchez y Tirso de la Torre, destacó la solidez técnica del fallo de apelación, pues, agregó, la confirmación de la sentencia contribuye a sentar precedente para la persecución y sanción del delito de feminicidio en toda la entidad poblana.
Critican prolongación del juicio oral
Llegar a la confirmación del fallo penal implicó el desahogo de un juicio oral prolongado que se inició en abril de 2025 y culminó en su fase inicial el 31 de diciembre de ese mismo año. En dicho periodo, las partes procesales comparecieron en más de 80 audiencias ante el Tribunal de Enjuiciamiento con Perspectiva de Género de la ciudad de Puebla.
A lo largo del juicio, la familia Monzón denunció públicamente que las defensas de los imputados recurrieron a interponer sistemáticamente múltiples recursos legales y a tácticas procesales dilatorias con el propósito de retrasar y obstaculizar el desarrollo de las comparecencias judiciales.
Pese a esos recursos, el 23 de diciembre de 2025 se emitió el fallo condenatorio de primera instancia contra Javier López Zavala y los dos coautores materiales.
Postura oficial de la familia Monzón y reconocimientos institucionales
Por otro lado, en su respuesta a la confirmación de la sentencia, la familia Monzón reconoce el trabajo de la Fiscalía General del Estado de Puebla, particularmente las labores técnicas e investigativas —tanto en la fase de indagación como en la etapa del litigio penal— que hicieron posible el resultado favorable.
También expresa su agradecimiento por el compromiso institucional de la fiscal Idamís Pastor y de los agentes adscritos a la unidad especializada en delitos de género. Destaca por igual la imparcialidad que mantuvo el Gobierno del Estado de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta.
Además, sostiene su gratitud al Consulado de España en México por el constante seguimiento e interés institucional en las diversas fases procesales. Ese agradecimiento se dirige igualmente a diversos colectivos civiles, activistas locales e internacionales, organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación que mantuvieron la cobertura activa del caso y acompañaron el proceso de exigencia de justicia.
De igual manera, advierten que permanecerán atentos ante cualquier intento de las defensas de los feminicidas por interponer amparos extraordinarios con la finalidad de evadir la pena. Por último, la familia reafirma su compromiso formal de honrar el trabajo de Cecilia en su lucha por las mujeres.
Cecilia Monzón ante amenazas y violencia
Antes de ser asesinada, Cecilia Monzón Pérez tenía una trayectoria pública en el estado de Puebla como activista feminista y abogada dedicada a la defensa jurídica de mujeres en situación de violencia de género, además de formar parte de colectivos locales, como la Red Plural de Mujeres.
Se había desempeñado en cargos de la función pública local, y participó en procesos electorales como candidata a puestos de representación popular. De acuerdo con testimonios y registros civiles, la abogada recibió amenazas previas a su muerte debido a su labor profesional.
En 2018 presentó una denuncia formal por violencia política de género en contra del empresario de medios Manlio López, que derivó en una sanción administrativa en su contra gracias a una resolución del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP). En 2019 denunció haber recibido amenazas de muerte por parte del empresario, quien en 2021 contendió sin éxito por la alcaldía de Puebla en representación de Movimiento Ciudadano.
Por otro lado, el proceso por violencia familiar contra López Zavala siguió su propio curso tras el feminicidio de Cecilia. En mayo de 2025 fue declarado culpable, pero en noviembre un tribunal de Puebla revocó el fallo y ordenó reponer la audiencia. La familia Monzón lo calificó como “arbitrario” y acusó que su proceder “rozaba con la ignorancia” en materia penal, al señalar fallas técnicas y falta de perspectiva de género.
La protesta y la denuncia de violencia institucional se volvieron una constante desde el crimen del 21 de mayo de 2022 en San Pedro Cholula. En el tercer aniversario de la muerte de Cecilia Monzón, en 2025, activistas se manifestaron afuera del tribunal de enjuiciamiento cerca del penal de San Miguel durante la audiencia número 13, calificada de revictimizante por la familia. Con cruces rosas y girasoles exigieron celeridad y perspectiva de género. Acusaron desde entonces que la falta de sentencias firmes ilustra la violencia institucional que enfrentan las mujeres en Puebla.