Violencia obstétrica en México: datos, voces y prácticas

Por Verónica Esparza e Irékani Alarcón*

La violencia obstétrica en México puede mostrarse en una cifra, en la experiencia de una mujer o persona gestante cuya atención llegó demasiado tarde o en las condiciones que la permiten, como la situación laboral del personal de salud. La violencia obstétrica en tres dimensiones, datos, voces y prácticas, reúne estas miradas para entender un problema que no se explica únicamente por conductas individuales.

El reporte, elaborado por GIRE, el Uehiro Institute de la Universidad de Oxford y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, además de sintetizar evidencia estadística, testimonial y cualitativa sobre el tema, formula recomendaciones de política pública para abordarlo desde un enfoque estructural, donde las respuestas estatales no privilegien una lógica punitiva.

Su particularidad está en las fuentes que pone en diálogo: datos públicos de la ENDIREH; un análisis cualitativo de 64 casos de violencia obstétrica acompañados jurídicamente por GIRE; y los hallazgos de un taller con 39 profesionales de la salud, facilitado y documentado por Colmena Consultoras. Así, pretende abordar la violencia obstétrica a partir del análisis de cada una de las aristas que la componen con el fin de proponer soluciones comprehensivas.

Juntas, permiten observar la magnitud del problema, las fallas que aparecen en experiencias concretas y las condiciones institucionales en las que ocurre.

Tres dimensiones de un mismo problema

Por una parte, los datos permiten dimensionar la persistencia de la violencia obstétrica. De acuerdo con la ENDIREH 2021, 31.4 por ciento de las mujeres que tuvieron partos entre 2016 y 2021 reportó alguna de sus manifestaciones: casi una de cada tres. En el periodo anterior, de 2011 a 2016, la proporción fue de 33.4 por ciento. La variación es pequeña a pesar de que 29 entidades federativas ya incorporaron la violencia obstétrica a sus marcos normativos en materia de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.

El reporte señala que este reconocimiento no se ha traducido en mejoras sostenidas y que no atiende, por sí mismo, los factores estructurales que contribuyen a reproducir el problema.

Los datos también muestran que la atención no se recibe igual en todos los contextos. La incidencia varía según edad, institución de atención, ingreso, estado civil y discapacidad. Entre las mujeres con discapacidad, 43.9 por ciento reportó violencia obstétrica en su último parto, frente a 30.4 por ciento de las mujeres sin discapacidad ni limitaciones.Por otra parte, las voces de los casos acompañados permiten observar cómo esas fallas se manifiestan durante la atención. El análisis cualitativo de los casos identifica una amplia cadena de omisiones institucionales; entre ellas, respuestas clínicas tardías y traslados por falta de infraestructura. También documenta dificultades para obtener información y participar de manera informada en la toma de decisiones.

El patrón fue especialmente grave entre las mujeres indígenas incluidas en el análisis. En los diez casos hubo respuesta clínica tardía; en 88 por ciento se requirió un traslado por falta de infraestructura en la unidad de atención primaria. El reporte también documenta obstáculos posteriores para que se reconozca la responsabilidad institucional.

A su vez, la tercera dimensión analiza lo que ocurre desde dentro del sistema de salud, específicamente con su personal. En un taller organizado en junio de 2025 participaron ginecoobstetras, enfermeras obstétricas, parteras profesionales, enfermeras perinatales y personas tomadoras de decisiones del sector salud. Durante el diálogo, el personal de salud identificó factores estructurales que favorecen la violencia obstétrica y que permiten visualizar que no es posible individualizarla: formación insuficiente en derechos y perspectiva de género, falta de capacitación, sobrecarga de trabajo, agotamiento, poca claridad sobre las funciones de los equipos, lógicas de productividad y ausencia de mecanismos de evaluación orientados a mejorar la calidad.

Cuando las tres miradas coinciden

Así, aunque analizan fuentes distintas, los datos, los casos y las prácticas convergen en tres hallazgos. El primero es que la violencia obstétrica es un fenómeno estructural e institucional y no únicamente el resultado de decisiones aisladas del personal de salud. El segundo es que las mujeres y personas gestantes en situación de mayor vulnerabilidad están más expuestas a experimentarla.

La evidencia identifica desigualdades asociadas con edad, discapacidad, ingreso, estado civil e institución de atención; los casos muestran mayores fallas entre mujeres indígenas, y el personal señaló también la exposición de mujeres jóvenes, con discapacidad, en situación de calle o migrantes.

El tercero tiene que ver con el acceso a la justicia. Los casos documentan pérdida de expedientes, negativa a entregar información clínica, presión sobre las familias para aceptar versiones institucionales y desplazamiento de la responsabilidad hacia factores externos o errores individuales.

En el taller, parteras y enfermeras obstétricas señalaron además que existen, con frecuencia, represalias cuando se habla de violencia obstétrica. Mencionaron que hacerla evidente y nombrarla es sinónimo de incomodar, ser alarmistas, y tiene repercusiones tanto para ellas en su profesión como para las usuarias de servicios de atención obstétrica.

Estos hallazgos son relevantes para discutir las respuestas públicas. El reporte advierte que concentrarse en la penalización resulta insuficiente para erradicar un problema estructural y puede individualizar responsabilidades que, en gran medida, corresponden a la organización y las condiciones del sistema de salud.

Qué tendría que cambiar

El reporte plantea que la condena y la sanción no deben primar sobre la reparación, la prevención, el acceso a la justicia integral y la redistribución de recursos en los sistemas de salud.

Entre sus recomendaciones están modificar los planes de estudio de medicina, enfermería y partería; fortalecer la capacitación en consentimiento informado y habilidades interpersonales; asegurar personal, insumos e infraestructura suficientes; reducir las cargas de trabajo y mejorar los mecanismos de referencia entre niveles de atención.

También propone evaluar la calidad más allá de las métricas de productividad, asegurar el acceso a expedientes clínicos completos, establecer mecanismos accesibles y no punitivos para atender quejas e incorporar un enfoque interseccional en la formación, los modelos de atención y la evaluación.

Analizar la violencia obstétrica desde los datos, las voces y las prácticas no la reduce a una sola causa ni a una sola solución. La evidencia reunida por GIRE, el Uehiro Institute de la Universidad de Oxford y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM apunta a transformar las condiciones en las que se forma el personal, se organiza la atención, se distribuyen los recursos y se busca justicia.

Consulta el reporte completo aquí.♦

*Verónica Esparza (@esparza2602) es coordinadora de investigación e Irékani Alarcón es investigador jurídico en GIRE.

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