Mujeres en Santa Martha Acatitla viven extorsión, violencias y muertes inducidas

El Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla enfrenta una de sus crisis operativas y de derechos humanos más severas en los últimos años. Relatos y testimonios de las internas revelan violencia sistemática, cobro de cuotas, extorsión y agresiones relacionadas con consumo y deudas por drogas.

A esto se suma el encierro en módulos de castigo sin la supervisión adecuada, y una cadena de fallecimientos en circunstancias que siguen sin esclarecerse. Los testimonios apuntan a una estructura donde la omisión o presunta complicidad de mandos y custodias perpetúa la indefensión y violación de derechos humanos de las mujeres privadas de la libertad.

Luego de los fallecimientos de seis mujeres en un lapso de tres meses, entre marzo y junio, sumadas a otros decesos en meses previos, estos fueron atribuidos por las autoridades a suicidios y complicaciones de salud, pero organizaciones civiles, personas legisladoras y familias de las víctimas pusieron en duda esas versiones debido a patrones de agresiones y amenazas previas a las muertes. Por lo anterior existe una denuncia en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y seis quejas en la Comisión de Derechos Humanos capitalina.

A finales de agosto, la exigencia de que esos fallecimientos sean investigados llegó hasta el diálogo que las activistas feministas Angela Davis y Gina Dent sostuvieron en la sala Miguel Covarrubias de la UNAM, donde con pancartas y reclamos, un grupo de jóvenes irrumpió para recordar que las mujeres privadas de la libertad son personas y pedir que sus muertes sean esclarecidas, fincadas las responsabilidades y transparentada la información al respecto.

Tras los cambios en la estructura de seguridad del penal, incluyendo la salida de la jefa de seguridad señalada por extorsión y corrupción, la realidad de las internas está lejos de cambiar, pues al interior proliferan negocios ilícitos, extorsión y violencias. Además, cuando las múltiples cuotas manejadas por grupos de poder en el reclusorio no son pagadas, las internas son enviadas a los dormitorios E y C, donde quedan en manos de las principales cobradoras.

De acuerdo con diversos testimonios, la vida cotidiana en el penal está regida por una economía informal y coercitiva en la que se cobra por prácticamente cualquier necesidad básica o derecho garantizado. Por ejemplo, cuotas semanales —que oscilan entre los mil y 3 mil pesos— por actividades ordinarias y pequeños comercios de subsistencia, como la venta de alimentos, servicios de costura o estética.

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Esto, sin embargo, rebasa las paredes del centro. Los grupos con poder en los dormitorios extorsionan de forma recurrente a las familias de las mujeres privadas de la libertad durante jornadas de visita o mediante llamadas al exterior. Bajo la amenaza directa de golpearlas, torturarlas o privarlas de alimentos, se exigen transferencias o entregas de dinero en efectivo, lo que afecta economías de por sí vulneradas. La falta de pago desencadena represalias inmediatas que van desde la prohibición de comer hasta agresiones físicas directas y el despojo de objetos personales.

Módulos de castigo, confinamiento y agresiones dirigidas

Una de las constantes en los testimonios de internas de Santa Martha es el uso deliberado de los dormitorios de alto riesgo y zonas de castigo como instrumento de coerción e intimidación. Quienes se niegan a cubrir las exigencias económicas, o aquellas que intentan formalizar quejas ante las autoridades, son habitualmente reubicadas en módulos caracterizados por condiciones de aislamiento y desprotección.

Los módulos están conformados por una serie de celdas, una tras otra, completamente cerradas, donde el encierro se vive en soledad. Es el lugar más recóndito del penal: varias rejas con gruesos candados, que solo pueden abrir las custodias, resguardan el pasillo que conduce a esa zona. Casi no hay actividades: algunas internas están ahí como castigo o por distintos motivos para separarlas de la población general.

En esos espacios, el aislamiento suele ser aprovechado por integrantes de células delictivas internas para ingresar a las estancias y perpetrar golpizas, abuso emocional y agresiones físicas o sexuales, sin que los hechos queden asentados en bitácoras oficiales de vigilancia. Durante días enteros, las mujeres permanecen encerradas en un entorno de terror, expuestas al hostigamiento y sin posibilidad de recibir atención médica oportuna.

Microtráfico de drogas y un circuito de deudas impagables

El comercio descontrolado de sustancias ilegales —especialmente sintéticas y de alto impacto como la piedra y el cristal— constituye el núcleo financiero de grupos de poder y uno de los principales generadores de violencia en el reclusorio. Los reportes señalan que la distribución opera en puntos estratégicos del penal conocidos como “ventanillas” o zonas de tránsito masivo.

Las áreas clave de distribución en Santa Martha, además de los pasillos de tránsito, son las conocidas internamente como “El Kilómetro”, además de los dormitorios del complejo E, C y el bloque A02, puntos donde se concentra la mayor actividad de venta y cobro de deudas. 

Ese modelo de tráfico con frecuencia opera mediante la coacción y la adicción forzada. En los módulos de castigo, a las reclusas más vulnerables se les impone el consumo o la venta de sustancias. La entrega de mercancía a crédito genera deudas impagables con intereses desproporcionados. Cuando ellas no logran saldarlas, se desencadenan espirales de amagos, agresiones físicas, violencia psicológica y persecución, tanto dentro del centro carcelario como hacia sus familiares en el exterior.

El testimonio de una de las internas apunta a que estas son las condiciones en las que habría muerto Diana Laura, cuyo fallecimiento fue catalogado como suicidio, pese a que estaba a unos días de obtener la libertad. Además de vivir amenazas y torturas, tenía deudas por consumo de sustancias que condujeron a que se ejercieran diversas violencias hacia ella que culminaron en su muerte. 

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El “suicidio inducido” y la negligencia

Los testimonios también señalan que otros decesos catalogados oficialmente como atentados contra la vida o sobredosis voluntarias corresponden en realidad a procesos de suicidio inducido o privaciones de la vida simuladas. Las denuncias de internas sostienen que la extrema presión psicológica, las amenazas directas a seres queridos y el asedio constante son utilizados deliberadamente para orillar a las víctimas a situaciones límite.

Además, apuntan a la existencia de represalias mediante las cuales las víctimas son forzadas a ingerir dosis letales de sustancias para después alterar la escena y simular un ahorcamiento o una sobredosis accidental.

Esos desenlaces son facilitados por la omisión y negligencia del personal de seguridad, que ignora las señales visibles de crisis emocional, niega solicitudes de acompañamiento o contención, y permite el acceso de agresoras a las estancias de las víctimas en horarios vulnerables.

Abandono estructural y la urgencia de atención integral

Los testimonios de las mujeres de Santa Marta se enmarcan en un contexto de profundo abandono institucional y social que las afecta de manera diferenciada. Al contrario que en los penales masculinos, los centros femeniles registran visitas escasas, lo que acentúa la indefensión ante la carencia de redes externas de apoyo que visibilicen las violaciones a sus derechos humanos o les provean de recursos básicos.

Esa soledad, combinada con el estigma social, la falta de oportunidades de reinserción y los prolongados procesos judiciales sin sentencia incrementan los niveles de ansiedad y vulnerabilidad en la población de mujeres. 

Defensores de derechos humanos y familias de quienes fallecieron recientemente han señalado que la sola rotación de personas a cargo de la seguridad es insuficiente, por lo que se requieren auditorías externas e independientes, garantizar protección efectiva, desmantelar las cadenas ilícitas de cobro y establecer protocolos rigurosos de atención a la salud mental y consumo problemático, que impidan que el encierro sea un espacio de impunidad y violencias.

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La organización EQUIS: Justicia para las mujeres ha documentado que entre 2020 y 2024 el encarcelamiento de mujeres aumentó más del 50% en México. Además, casi siempre, al entrar en contacto con el sistema de justicia penal, ellas se enfrentan a un sistema que no reconoce sus condiciones de desigualdad, violencia y discriminación, sino que las criminaliza y envía a prisión.

De acuerdo con los datos recabados por la organización, una tercera parte de las internas se encuentra recluida por aceptar un juicio abreviado, casi la mitad de ellas bajo coacción. Al menos el 90% entra sin sentencia, y llegan a pasar años en prisión preventiva. En el encierro, las brechas van de la carencia de acceso a la educación a obstáculos severos para la reintegración: seis de cada diez piensan que el estigma de la prisión truncará de forma definitiva sus oportunidades de empleo al ser liberadas.