CDMX ofrece disculpa por “desaparición administrativa” de Braulio, tras seis años en el forense
Marcela Nochebuena · 29 de septiembre de 2026
A 10 años de la desaparición de Braulio, autoridades de la Ciudad de México ofrecieron disculpas a su familia por su extravío “institucional” en los servicios forenses de la capital.
El niño de 13 años falleció por atropellamiento el 28 de septiembre de 2016, el mismo día que se reportó su desaparición. Un error de identificación en los servicios periciales provocó que su madre y su padre lo buscaran durante seis años sin tener la menor idea de dónde estaba. En agosto de 2022, tras permanecer seis años desaparecido en la burocracia institucional, su cuerpo fue entregado a su familia.
Fernanda y Miguel, la mamá y el papá de Braulio, recibieron su cuerpo hace cuatro años en el Instituto de Ciencias Forenses (Incifo) de la Ciudad de México, casi seis años después de que fuera reportada su desaparición en el paradero del Metro Pantitlán en 2016. Desde que comenzaron a buscar a su hijo, se enfrentaron a múltiples obstáculos y revictimizaciones.
Trasladado al Hospital General Balbuena cuando fue atropellado, paramédicos registraron a Braulio como un adulto de 20 años. Este lunes, las autoridades finalmente reconocieron en público las omisiones y fallas que derivaron en su desaparición administrativa, acreditada así por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM).
La proyección de un video en memoria de Braulio Bacilio Caballero abrió la jornada. En la grabación, su madre, Fernanda Mercedes Caballero, describió la personalidad de su hijo: “era un niño que era de casa, que era apegado a la familia. Se quedaba en la casa, pero él estaba atento de su hermana, de sus abuelos. Casi no era de salirse a la calle, era un niño cariñoso, un niño muy tierno, muy respetuoso… le gustaba jugar mucho con su hermano, estar de repente en el laptop, escuchando su rap, le gustaba el hip hop, sus videojuegos… Nunca nos dio problemas”.
Fernanda recordó los hechos del 28 de septiembre del 2016 en el paradero de Pantitlán. Su hijo llegaba con ella a su puesto entre las 16 y 16:30 horas, para ayudarla a trabajar. Un día no aparecía y se le ocurrió hablarle a su esposo y pedir apoyo en el Metro. Comenzaron a vocearlo, pero no hubo más señal. Se hizo el reporte, la búsqueda siguió y no apareció nunca.
“Quiero ser muy claro y hablarles con el corazón en la mano, desde el dolor, el coraje de un padre a quien le desaparecieron a un hijo. Un ‘usted disculpe’ no cura el sufrimiento que hemos vivido. La restitución del daño que se queda corta, muy corta, porque la vida no se repone con palabras ni con papeles. Cuando se pierde algo material, igual es eso, algo material, pero a mí me desaparecieron a mi hijo, y eso no tiene restitución”, reclamó Miguel Bacilio Valencia, padre de Braulio, tras agradecer el acompañamiento del colectivo Hasta Encontrarles CDMX.
Recordó cómo, cuando se hizo la denuncia, en lugar de activar una búsqueda inmediata, se les trató con frialdad y desprecio. Se minimizó la desaparición, diciendo que seguramente se había ido por su cuenta. Se estigmatizó a su hijo mayor, Gabriel, porque alguna vez se había salido de casa. Los servidores públicos “se lavaron las manos para no buscar a Braulio”.
“Y lo más doloroso, lo que no cabe en la cabeza de nadie, es que ese mismo día mi hijo no regresó a casa. Ese mismo día le arrebataron la vida y estuvo en manos de las instituciones del Estado. Por negligencia, y por irresponsabilidad de sus médicos, del Hospital Balbuena y del Semefo, hoy Incifo, a mi hijo de 13 años lo clasificaron como si fuera un hombre de 20 años. Lo mandaron a una fosa común donde lo dejaron arrumbado casi seis años, mientras nosotros… Nos desgastábamos física y emocionalmente, exponiendo nuestra salud y nuestra propia vida, buscando por todos lados”, añadió.
Eso desencadenó en Fernanda y él un cansancio extremo; Gabriel vivió señalamientos; Erika, su otra hermana, presentó depresión, ansiedad y afectación escolar, y los abuelos maternos Marco Antonio y Laura enfermaron; el primero perdió la vista. Advirtió que su familia acepta la disculpa, no porque borre el pasado, sino por el reconocimiento de que siempre tuvieron la razón, y de que el Estado falló. Pero exigió que no quede en un protocolo ni en un evento para la foto, sino que se investigue y sancione a los servidores públicos que cometieron esas negligencias.
Desapariciones “administrativas” o “de papel”
El caso de Braulio ejemplifica una forma de desaparición que se ha documentado poco en México: la desaparición administrativa, es decir, el extravío en los registros de las autoridades.
Se desapareció su reporte, se clasificó mal y eso condujo a que durante seis años su familia lo siguiera buscando, aunque él ya había fallecido, pero administrativamente se perdió en los registros, explicó David Peña, representante legal e integrante del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social.
“Hace tres años se iniciaron los procesos de investigación en contra de estos servidores públicos, tanto de la Fiscalía como del Tribunal Superior de Justicia. Tres años después no ha habido ninguna sanción, ninguna persona ha sido responsable de esos errores administrativos ya documentados, ya registrados, evidenciados en la recomendación”, subrayó.
Ante ello, el coordinador general jurídico y de derechos humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), ofreció la disculpa pública por violaciones a los derechos humanos cometidas en agravio de Braulio Bacilio Caballero y su familia, “derivado de las omisiones y deficiencias en la actuación de esta institución, que en momentos en los que una familia necesitaba respuestas, acompañamiento y acciones diligentes, no estuvo a la altura de sus obligaciones”.
El error de origen en el registro de su edad, admitió, no fue corregido y se reprodujo sin cuestionamiento alguno en los certificados y documentos que después emitieron las instituciones que intervinieron.
“Señora Fernanda Mercedes Caballero, señor Miguel Bacilio Valencia, Gabriel y Erika. Les ofrezco sin reservas una disculpa pública en nombre de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por las omisiones y deficiencias que vulneraron sus derechos humanos y que impidieron conocer el paradero de Braulio”, dijo a la familia.
En tanto, Arturo Gerardo Cervantes Arroniz, director del Incifo, expresó la misma disculpa pública a la familia y admitió que hablar de Braulio significa, antes que nada, reconocer que detrás de un expediente, de un registro, existe una persona con un nombre, con una historia y con una familia que le espera.
Después, la presidenta de la CDHCM, Dolores González Saravia, cerró el acto haciendo referencia a la Recomendación 08/2025 del 29 de agosto de 2025, que confirma que el niño falleció el 28 de septiembre de 2016 tras un accidente cerca de Pantitlán, y que su identidad fue finalmente establecida hasta 2022.
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“En la recomendación, la comisión calificó lo ocurrido con Braulio como una desaparición administrativa, como se ha señalado. El término describe una falla grave. Las instituciones tenían información que podía ayudar a identificarlo, pero no lograron relacionarla ni dar a su familia la respuesta necesaria”, apuntó.
Por lo tanto, la FGJCDMX vulneró el derecho a la búsqueda con debida diligencia y a la seguridad jurídica en relación con la verdad, mientras que el Incifo vulneró este último. Entre los pendientes señaló la investigación de responsabilidades administrativas, la colocación de una placa conmemorativa y el intercambio de información pericial.
Mediante casos como el de Braulio, la Red por los Derechos de la Infancia (Redim) ha documentado en su informe “La infancia cuenta” fenómenos entre los que se encuentran la desaparición como huida, la desaparición intermitente y la desaparición en los sistemas periciales, que viven niñas, niños y adolescentes en México.
Otros casos similares, en adultos, se han documentado en los servicios forenses. Por ejemplo, el de Julio César Cervantes Cabañas, un hombre de 49 años que desapareció en 2021 en la alcaldía Álvaro Obregón. Hallado en enero de 2024 en Coyoacán, su cuerpo fue donado a una institución educativa con fines académicos, sin autorización y sin haber hecho las confrontas necesarias para su identificación, a pesar de que la familia había dado muestras de ADN.
Una omisión parecida ocurrió en el caso de Ángel Alfonso Morán Gómez, cuya suerte y paradero dejaron de conocerse el 20 de noviembre de 2022, a los 67 años de edad, visto por última vez en la alcaldía Azcapotzalco. Su hermana lo buscó, acompañada por el colectivo Una luz en el camino, durante cuatro años, sin saber que seguía con vida en un DIF de Tecámac, Estado de México, donde fue localizado en junio de este año.