Marcela Nochebuena · 26 de junio de 2026
El 20 de noviembre de 2022 dejó de conocerse la suerte y paradero de Ángel Alfonso Morán Gómez, de 67 años de edad, visto por última vez en la colonia Aldana de la alcaldía Azcapotzalco en la Ciudad de México.
Tras conocer su desaparición días después, dado que los parientes con los que vivía no la reportaron inicialmente, su hermana promovió una denuncia. Con el tiempo se unió también al colectivo “Una luz en el camino” y lo buscó incansablemente durante cuatro años, sin saber que Ángel Alfonso estaba con vida a solo 30 kilómetros de su hogar, en un DIF en Tecámac, Estado de México.
Pese a que puso en marcha todas las herramientas posibles para dar con el paradero de su ser querido, durante años la falta de comunicación entre autoridades imposibilitó encontrarlo. Hoy, su hermana Yolanda se siente aliviada por haberlo hallado, pero no deja de señalar que las negligencias dañan a las familias: “una omisión, pereza, descuido, error, cuesta muchos años, como los míos”.
“No me arrepiento —continúa—, porque gracias a eso conocí a mi colectivo, a mucha gente que está sufriendo y está buscando, y anhela encontrar a su gente. También tuvimos satisfacciones de encontrar personas que eran buscadas y que, lamentablemente, la mayoría ya habían fallecido, como el caso de Julio César Cervantes Cabañas, que estuvo cuatro años en el Semefo y fue donado”, lamenta.
La historia de su hermano —dice— puede parecer sencilla, no sobresaliente, pero evidencia la fragmentación de “las famosas instituciones”. La falla en la localización de Ángel Alfonso pone de relieve una actuación ya conocida por muchas familias que buscan: creer que a un estado no le corresponde dar seguimiento a lo ocurrido en otro. “No hay esa comunicación, no hay esa intersección entre ellos y eso debilita las búsquedas, debilita los datos”, agrega.
Para ella, nada funcionaría mejor que una interconexión efectiva, y que cada autoridad haga lo que le corresponde. Le sigue pareciendo increíble que en tres años conociendo su nombre —más el que tardaron en dar con él después de obtener, finalmente, una pista—, no hubiera una llamada a Locatel de la capital o del Estado de México, donde ella también lo reportó.

Con los pocos indicios que tiene hasta ahora y los huecos que aún deben explicarle las autoridades, Yolanda reconstruye lo que poco a poco va comprendiendo que sucedió con su hermano durante los últimos cuatro años.
Al momento de su desaparición, Ángel Alfonso llevaba alrededor de 30 años viviendo con una tía. Se sentía parte de esa familia y Yolanda creía que estaba bien. Lo visitaba cada vez que tenía tiempo libre. Como todas las mañanas, un día Alfonso salió a caminar, antes de que despertara el resto de las personas en la casa.
Su rutina diaria estaba más o menos definida. Salía a ejercitarse, regresaba y empezaba a hacer lo que hiciera falta: barrer la calle, pasear a los perros, apoyar en el almuerzo y después sacar la herramienta y lo que requería para trabajar con su primo.
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A mediados de diciembre, a punto de salir de vacaciones, Yolanda llamó para ver si podía visitar a su hermano. Nadie mencionó que Ángel Alfonso no estaba; se dio cuenta hasta que llegó a verlo el día pactado. A los parientes no les quedó más que confesarle que tenía días que no regresaba, pero estaban esperando a que lo hiciera en algún momento.
Yolanda habría querido enterarse enseguida, pero a partir de ese momento, supo que tenía que empezar a buscarlo. Hizo anuncios como pudo, y empezó a pegarlos por los lugares que Ángel Alfonso frecuentaba; ante la falta de respuesta, levantó reportes en Locatel de la Ciudad de México y del Estado de México. Finalmente, llegó a la fiscalía, donde incluso desestimaron que ella hubiera iniciado la búsqueda por su cuenta.

Como la denuncia formal implicó una revisión de la casa donde vivía Ángel Alfonso —que Yolanda no pidió—, sus familiares dejaron de hablarle y se quedó sola. Contactó a los medios hermanos que no frecuentaba para saber si por casualidad sabían de él, y pidió que se expidieran oficios de colaboración a estados cercanos, incluidos Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Tlaxcala, Ciudad de México y Estado de México.
No apareció, o no se le reportó, en ninguno de los listados de personas fallecidas, en hospitales o centros de reclusión de esas entidades. Ella seguía yendo a buscarlo por cuenta propia, con fotovolantes en mano, en el transporte público, entre personas en situación de calle y donde tenía oportunidad. Así llegó el momento en que coincidió con el colectivo Una luz en el camino, y se sumó.
“Cuando me incorporo con ellas, son unas personas que todo el tiempo están planeando actividades para encontrar, y te empiezan a dar consejos: ‘ahora dile esto’, ‘nosotras hacemos mesas de trabajo con las autoridades y eso nos permite solicitar de viva voz lo que se debe hacer, y ahí opina la comisión de búsqueda”, relata.
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Así empezaron sus propias mesas de trabajo, y los típicos cambios de Ministerio Público, que ella experimentó tres veces. No se queja, dice, porque el trato en los tres casos fue digno, humano y atento. A los policías de investigación también se los cambiaron dos veces: el primero, evalúa, muy bien, y el segundo, fatal.
“Fue un obstáculo para la búsqueda de mi hermano —dice del segundo— porque no hacían las entrevistas. Todo lo que le decía el Ministerio Público decía que lo iba a hacer y no lo hacía, y al final yo terminé pidiendo que lo cambiaran. Después de mucha renuencia, al fin lo cambian, y el que estaba trabajando actualmente, muy bien”, detalla.
Su única interrogante —que implicó la pérdida de tres años— es por qué durante ese tiempo que su hermano estuvo en el DIF nadie dio aviso de que tenían a una persona con esas características, y que era capaz de decir su propio nombre. Recuerda que desde 2023 las autoridades imprimieron un acta, pero a su juicio nunca hicieron nada con los datos que contenía.

Ángel Alfonso habría llegado al DIF presuntamente tras pasar un tiempo en un hospital del Estado de México. El personal de esa institución pidió sus datos al INE para tramitar su tarjeta del Bienestar. Cuando conocieron el domicilio exacto del hombre, por fin saltó la coincidencia.
A Yolanda le habían dicho que él nunca pudo proporcionar ese domicilio, que al llegar hablaba muy poco y casi no se le entendía. “Les creo”, aclara, “pero lo que no puedo creer es que sus omisiones dañen a las familias… cuestan muchos años, como los míos, que invertí”.
Luego de que fuera localizado, a Yolanda le dieron la versión de que tras no regresar a casa, habría terminado hospitalizado y al generar el alta, el hospital lo remitió al DIF.
“Qué bueno que estuvo ahí protegido, bajo resguardo del gobierno, pero se omitieron cosas que pudieron quitarnos el martirio de buscar y de pensar todos los días, cuando te vas a sentar a comer: ¿él ya habrá comido?, ¿él tendrá un techo cuando está lloviendo, cuando hace mucho frío? Siempre estás pensando cómo está, dónde estará”, señala.
El 24 de enero de 2024 también desapareció uno de los sobrinos de Yolanda, Cristian Trejo Gutiérrez, a los 36 años, cuando salió a hacer unos pagos en Chicoloapan, Estado de México. Hoy continúa en su búsqueda, acompañando a su madre, a su padre, y a sus hijas pequeñas. Mientras tanto, desea que su experiencia con Ángel Alfonso le sirva a otras personas, y que las autoridades no hagan caso omiso de las peticiones de las personas buscadoras para que entren en comunicación y no se limiten a enviar oficios.
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Supuestamente, las autoridades habían remitido oficios a varias entidades para saber si Ángel Alfonso estaba en instituciones psiquiátricas, hospitalarias, forenses o penitenciarias. Nada arrojó respuesta. La coincidencia, además, ocurrió en parte porque cuando el DIF solicitó su alta, él ya estaba registrado en Bienestar y la pensión se seguía cobrando en su domicilio, que había quedado consignado en su carpeta de desaparición.
El proceso para reencontrarlo con su familia tardó casi un año. Hoy, Yolanda solo quiere paz y tranquilidad para atenderlo, y que el hospital que lo envió al DIF le explique detalladamente —ya lo solicitó a la fiscalía— en qué circunstancias y condiciones llegó ahí, y por qué su salud estaba tan mermada cuando lo volvió a ver.
“Entiendo que la gente se va deteriorando, vamos envejeciendo y vamos perdiendo muchas habilidades, pero me gustaría saber qué le pasó, si le dio un derrame cerebral, qué sé yo, eso me ayudaría muchísimo”, pide. Repite que no se queja de quienes la ayudaron dentro de la fiscalía y de la comisión de búsqueda, pero “no es suficiente”.
“Mientras las autoridades y los estados no tengan ese trabajo entre ellos, pero de manera, de verdad, seria, y cada quien haga lo suyo…”, lamenta. Ella está convencida de seguir en la búsqueda no solo por su sobrino, sino “por todos los que nos faltan, por los tesoros que no encontramos. El colectivo para mí es como una familia: yo obtuve el abrazo, la palabra de aliento, la búsqueda”.
Como otros, algunos fallecidos en los servicios forenses, otros vivos en centros de reclusión, Ángel Alfonso estuvo desaparecido dentro del sistema estatal entre el 20 de noviembre de 2022 y el 6 de junio de 2026. Adentro, nadie pudo avisar que estaba ahí; afuera, nadie pudo rastrear su paradero. Su mamá falleció, con la preocupación de no saber dónde estaba, el 20 de noviembre de 2023, exactamente un año después de su desaparición. Es lo que más lamenta Yolanda, y ahora también Alfonso, que apenas vuelve a conocer la ciudad a la que regresó.