Casi 30 años después, el Estado ofrece disculpas por la desaparición de Gregorio Alvarado

“Hoy mis palabras quieren ser fuego, e incienso para que mañana nos quede la alegría cierta de este encuentro en el tiempo y en la distancia”, resonaron de nuevo las palabras de Gregorio Alfonso Alvarado López, en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, a casi 30 años de su desaparición, en voz de su esposa Norma Lorena Valdez.

El profesor Gregorio no fue solo maestro de aula, sino de vida: para su familia, para su comunidad, para sus compañeros de lucha, e incluso desde que desapareció, para quienes han acompañado su caso. 

Un maestro que enseñó con el ejemplo, un poeta que habló con la lengua de su pueblo, un hombre que amó a su familia y a su comunidad con una entrega que ningún acto de violencia podrá borrar, describieron. El profesor Alvarado —conocido también como Goyo— está desaparecido desde el 26 de septiembre de 1996.

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“Gregorio sigue hasta el día de hoy desaparecido, y mientras esto siga así, su memoria es una exigencia viva de justicia”, apuntó este viernes, durante el acto de disculpa pública del Estado mexicano por su desaparición, Soledad Sánchez, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, que junto con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, llevó el caso de Gregorio a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

En el Día del Maestro, su familia, sus compañeros y las organizaciones —y hasta, en mucho menor medida, las instituciones públicas—, le rindieron homenaje con la certeza de que su lucha continúa: en la voz de Norma, en los pasos de sus hijos, en cada escuela comunitaria que lleva su nombre y en todas las personas que siguen comprometidas con que la desaparición forzada no tenga cabida en ningún rincón del país.

Para Norma Lorena Valdez, una disculpa, aunque es un primer paso, nunca será suficiente: “El acto de disculpa pública no exime la responsabilidad que tiene el Estado de investigar, estemos o no estemos. El acto de disculpa pública es un primer paso que estuvimos esperando durante 30 años: el Estado nunca había querido reconocer su responsabilidad en la desaparición forzada de Gregorio”, remarcó.

Del aula a la resistencia: las luchas de Gregorio 

Gregorio tenía 19 años cuando se incorporó a la docencia y a la sección 22 de la CNTE, comisionado primero para trabajar en la costa oaxaqueña. Su labor docente lo fue involucrando con los movimientos populares de la región, y ahí fundó la Unión de Campesinos Pobres. Se incorporó, una a una, a la Unión de Trabajadores de la Educación, a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y al Partido Comunista de México.

Marxista leninista, como maestro y activista se granjeó el cariño de los pobladores y, por lo tanto, el odio de los caciques. Después se trasladó al entonces Distrito Federal, y luego a Guerrero, donde desarrolló una intensa actividad educativa y política en la coordinadora estatal de trabajadores de la educación, y en organizaciones populares e indígenas.

Cuando se recrudeció la Guerra Sucia, su actividad no pasó desapercibida ni por el gobernador ni por los órganos de inteligencia y espionaje del Estado. “La desaparición forzada de Gregorio se inscribe en un patrón sistemático de violaciones graves a los derechos humanos en México, particularmente durante los periodos de represión política”, dijo su compañero, el profesor Sigfrido Olmedo Méndez, representante de la comisión magisterial de derechos humanos de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

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De origen mixteco, Gregorio nació el 17 de noviembre de 1960 en Santos Reyes Tepejillo, Oaxaca. Desde la adolescencia había sido un incansable luchador estudiantil. En la lucha por el derecho a la educación y el acceso igualitario, como estudiante normalista participó en las luchas por la democratización del Centro Regional de Estudios Normalistas de Oaxaca.

Empezó a ser maestro en 1981. Sus primeros años como profesor transcurrieron en las comunidades mixtecas, donde su actividad política sindical contribuyó a la consolidación del movimiento democrático magisterial al seno de la sección 22 en Oaxaca. 

Ya en Guerrero, se integró al Consejo Guerrerense 500 años de resistencia indígena, y desde ahí, ejerció la docencia con profundo compromiso. Contribuyó a la creación de instituciones educativas de formación bilingüe para infancias que hoy llevan su nombre.

26 de septiembre: de la Guerra Sucia a Ayotzinapa

Goyo fue visto por última vez saliendo de una reunión en el Consejo guerrerense, en la unidad habitacional Alameda de Chilpancingo, Guerrero. En la época de su desaparición —resaltó ayer la propia Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, donde se efectuó la disculpa— las fuerzas de seguridad y militares de México llevaron adelante un plan sistemático represivo y de persecución política contra activistas sociales y comunitarios en el país, en particular en Guerrero.

Gregorio y su familia —como relató Norma Lorena en agosto de 2025 a Animal Político— fueron hostigados, perseguidos, vigilados y amenazados por agentes militares y paramilitares desde noviembre de 1995. Esos hechos fueron denunciados por él, su familia y sus compañeros, pero no fueron debidamente investigados, igual que su desaparición. 

Abel Barrera, director de Tlachinollan, conoce mejor el contexto que condujo a la desaparición de Gregorio un 26 de septiembre de 1996: “En un valle rodeado de montañas de la mixteca oaxaqueña floreció la vida de Gregorio Alvarado López… Su estrecha relación con el consejo guerrerense 500 años de resistencia indígena y con la Coordinadora estatal de los Trabajadores de la Educación de Guerrero lo colocó en la mirilla de los agentes del Cisen y del mismo Ejército”.

Luego de la matanza de 17 campesinos en Aguas Blancas el 28 de junio de 1995, el Ejército desplegó con toda su furia sus planes de contrainsurgencia en comunidades indígenas y campesinas de la sierra y de la montaña. El levantamiento armado de los indígenas zapatistas en Chiapas puso en alerta al entonces gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa, que mandó editar el video de la masacre para incriminar a los campesinos indefensos. Entonces, el terror se extendió en las regiones donde la indignación social crecía.

“El estratega sanguinario Arturo Acosta Chaparro atizó la hoguera de la rebelión armada en las costas y la montaña de Guerrero. A Gregorio lo desaparecieron en ese día 26 de septiembre de 1996, tres meses después de la aparición del Ejército Popular Revolucionario. No llegó a la hora acostumbrada para pasar por la maestra Norma Lorena”, relató Barrera. 

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Para él, las autoridades no han mostrado voluntad para juzgar a los responsables de esas atrocidades, mientras los patrones de impunidad continúan vigentes. El caso de Gregorio, recalcó, no puede entenderse como un hecho aislado: durante la segunda mitad del siglo 20, el Estado mexicano implantó una política de terror, con Guerrero como centro de la contrainsurgencia.

A 18 años de la desaparición de Gregorio, se consumó, irónicamente también un 26 de septiembre, la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa, “un crimen de Estado y una herida que sangra”, puntualizó Barrera. Ante ello, como ante el caso de Gregorio y cualquier otra desaparición que las involucre, las Fuerzas Armadas “no muestran voluntad de reconocer su pasado y reformarse”. 

“La desaparición forzada de Gregorio Alvarado es un puente entre la Guerra Sucia y el caso de los 43. A más de 11 años de la desaparición de los jóvenes, seguimos sin saber su paradero. Ellos, como Gregorio, aspiraban a convertirse en maestros de las niñas y niños más olvidados del país. Gregorio, junto con el magisterio combativo de Guerrero, asumió la enseñanza como una misión, como un compromiso social y como parte de una lucha para la emancipación de los pueblos”, añadió.

“Esta disculpa es un grito de esperanza”

Hace 29 años ocho meses, reprochó Norma Lorena en su turno, las garras del Estado mexicano, amparadas en la oscuridad, apartaron de su vida a Gregorio, esposo, padre, profesor y poeta indígena, organizador constante de comunidades despreciadas, capaz de sembrar conciencias y abrir caminos para reconstruir la patria.

Nombró como sus ejecutores a Roberto Vázquez Villanueva y Rafael Copado Balderas, identificados como miembros del Cisen, quienes han seguido protegidos desde entonces. Habló de los vacíos que ha dejado la ausencia de Gregorio en el seno familiar, en las comunidades y en los hombres y mujeres que coincidieron con él.

“Su profundo amor por la madre tierra, por este México, por los niños y niñas, por la escuela, hace de esta disculpa un grito de esperanza para exigir presentación con vida y castigo a los culpables”, señaló. Pese al paso inexorable del tiempo, “Gregorio, Goyito, seguirá siendo referente de las luchas más sensibles que enfrentan nuestros pueblos. Su trabajo, su ejemplo, sigue vigente. Por él y por todos los desaparecidos, ni olvido ni perdón”, añadió.

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Lo demás fueron palabras oficiales y oficialistas –de representantes, ninguno titular, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Fiscalía General de la República y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas— que resumieron la vida de Gregorio o sus enseñanzas, como una biografía preelaborada, en discursos extensos pero sin entonación, dichos o leídos a toda velocidad, pero mucho menos sentidos. Se sintetizan en las únicas líneas esperadas —y las más importantes— de este 15 de mayo:

“Hoy, en nombre del Estado mexicano, se reconoce la responsabilidad internacional por la desaparición forzada de Gregorio Alfonso Alvarado López, y por ello ofrecemos una disculpa pública. El Estado falló en proteger su integridad y prevenir los hechos. No actuó de forma inmediata para localizarlo, investigar y sancionar a las personas responsables”, reconoció el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina —tampoco la titular en ese caso—, para después desplazar el tema a una crítica del periodo neoliberal.

En contraste, no faltaron los recordatorios, en voz de Tlachinollan, CEJIL y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos —en las palabras, a distancia, de su vicepresidenta Andrea Pochak— de los diversos informes recientes, del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU y la propia CIDH, que apuntan a que la esta sigue siendo sistemática y generalizada en nuestro país, y que ahora mismo el registro nacional contabiliza más de 133 mil personas cuya suerte y paradero se desconoce.

Un día, Gregorio dedicó estas palabras a sus comunidades: “Y que mañana vendrá por mí, por ustedes y por todos, a condición de fundir mi alma y mi espíritu en este abismo, para que las esperanzas tengan larga vida, y mañana amanezca más temprano”.

Este viernes, el CEJIL respondió, luego de dirigirse a Norma y a sus hijos Antonio, Itan Dehui y Donaji no como representantes del proceso, sino como un grupo de personas que, igual que las muchas presentes en la disculpa, han aprendido de esa familia sobre la dignidad y la lucha en su más amplio significado: “Desde acá te decimos, Gregorio, que nuestra lucha será hasta encontrarte, porque vivo se lo llevaron, y vivo lo queremos”.