“Una disculpa no es suficiente”: doble desaparición de Julio César Cabañas evidencia rezago forense
Marcela Nochebuena · 27 de agosto de 2026
“Una disculpa pública no es suficiente para mí ni para mi familia. No me va a devolver a mi hijo, el hijo que yo perdí, porque perdí parte de mi vida, de mi corazón, perdí el alma. La estabilidad emocional de mi casa y mi familia perdí. Nos marcó para toda la vida”, reprochó Juana Laura Cabañas Arriola ante la disculpa que el Instituto de Ciencias Forenses (Incifo) de la Ciudad de México ofreció por donar el cuerpo sin identificar de su hijo Julio César.
Sin embargo, consideró que la disculpa es una oportunidad para seguir alzando la voz por todas las personas cuyos cuerpos sin identificar han sido donados sin el conocimiento de sus familias. Además, solicitó que se sancione a los trabajadores que intervinieron en esa decisión.
Derivado de la Recomendación 09-2025 de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, el Incifo ofreció la disculpa ante familiares de la víctima, representantes legales y colectivos de búsqueda que no dejaron de insistir en que el acto es insuficiente para resarcir el daño. Además, desestimaron su valor mientras no vaya acompañado de sanciones penales y administrativas para los responsables.
El caso de Julio César Cervantes Cabañas no es aislado. Antes se han conocido los de otros cuerpos que permanecieron sin identificar durante mucho tiempo en los servicios forenses de la Ciudad de México, lo que llevó a su desaparición administrativa.
Por ejemplo, el caso de Braulio, un niño de 13 años que murió por atropellamiento el mismo día que se reportó su desaparición. Un error de identificación en los servicios periciales provocó que sus padres lo buscaran durante seis años, sin tener la menor idea de su paradero. En agosto de 2022 el cuerpo fue entregado, luego de permanecer extraviado en la burocracia institucional.
Ellos, junto con otros casos, evidencian una problemática estructural marcada por deficiencias, negligencias y rezagos en los procesos de identificación humana en México. Se calcula que, en total, permanecen más de 72 mil fragmentos y cuerpos sin identificar.
¿Cómo desapareció Julio César dentro de las instituciones?
Julio César Cervantes Cabañas era un hombre de 49 años que, tras sufrir una caída a los 16 años, vivía con una discapacidad intelectual. Desapareció el 20 de septiembre de 2021 en la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México.
Desde aquel momento, sus padres, Laura Cabañas Arriola y Leopoldo Cervantes Ángeles, comenzaron una búsqueda exhaustiva que los llevó a recorrer los servicios forenses de diversos estados del país durante tres años.
El cuerpo de Julio César fue hallado por policías el 16 de enero de 2024 en las cercanías de un parque ubicado en la alcaldía Coyoacán. A pesar de que la familia había entregado toda la información necesaria para su identificación —incluyendo pruebas de ADN, tipos de sangre y placas dentales documentadas en un cuadernillo—, las instituciones no hicieron los cruces correspondientes.
Entre enero y octubre de 2024, su familia acudió entre seis y siete veces a las instalaciones del Incifo para preguntar por él. En todas se les negó información.
La notificación sobre el paradero de Julio César no fue emitida por la fiscalía especializada en desaparición forzada, ni por la comisión de búsqueda capitalina, ni por el propio Incifo.
Fue el 1 de noviembre de 2024 cuando un trabajador del Instituto Nacional Electoral (INE) estuvo en la casa de la familia para informarle a la señora Laura Cabañas que había acudido al instituto a cotejar huellas dactilares, que resultaron positivas y correspondían al cuerpo de su hijo.
Al presentarse en el Incifo para reclamar los restos, la madre fue informada de que su hijo había fallecido 10 meses antes y que, sin autorización alguna, su cuerpo había sido donado al Instituto Politécnico Nacional (IPN) para fines de investigación académica.
Las autoridades justificaron el hecho argumentando que se le consideraba en situación de calle. Cuando finalmente le entregaron el cuerpo, la señora Cabañas denunció las condiciones en las que se encontraba tras ser utilizado en prácticas de laboratorio: “me lo entregaron como un cascajo, muy mal, muy mal me entregaron a mi hijo. Estaba con su boca abierta. Le quitaron la lengua, el esófago, todo lo vaciaron”.
Las desapariciones administrativas y la crisis forense
El caso de Julio César Cervantes Cabañas no es un hecho aislado. Pone de relieve una crisis mucho más amplia, relacionada con el manejo de cuerpos y el rezago forense en las instituciones públicas.
Durante su intervención en el acto realizado en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Michel Cervantes Padilla, representante legal de las víctimas, expuso que de acuerdo con la recomendación 09-2025 alrededor de 792 personas han sido donadas por el Incifo a diversas instituciones académicas.
El abogado cuestionó cuántas de ellas podrían ser personas desaparecidas, a cuántas posiblemente sus familiares las continúen buscando en fosas, canales, ríos sin saber que los restos de sus seres queridos llegaron al Incifo y fueron donados sin consentimiento para ser objeto de prácticas académicas.
La mamá de Julio César hizo eco de la magnitud de la problemática, pues “en el ámbito forense se dice que hay 70 mil cuerpos no identificados, a nivel federal, y no se puede disponer para fines de estudio a estas personas”.
Además, subrayó que los cuerpos sin identificar deben ser tratados con respeto y dignidad: “un cadáver no es un objeto de propiedad, no hay causa o razón que justifique su trato indebido”. Denunció que muchos cuerpos son donados o traficados a pesar de contar con fichas de búsqueda activas, lo que dificulta la labor de las madres buscadoras, pues son tratados sin protocolos y sus datos no son subidos a sistemas de identificación.
“Una disculpa no es suficiente”: la exigencia de justicia y no repetición
Las víctimas y organizaciones no dejaron de subrayar que el acto de disculpa no resarce el daño ni exime de responsabilidad a los perpetradores de las negligencias. Jacqueline Palmeros, del colectivo Una Luz en el Camino, apuntó que las disculpas institucionales no serán aceptadas mientras las autoridades mantengan en sus cargos a quienes perpetraron y encubrieron estas atrocidades.
“Los eventos mediáticos no reparan el daño ni devuelven la dignidad a nuestros familiares”, subrayó. La verdadera reparación, añadió, debe nacer de la justicia efectiva y de la responsabilidad administrativa y penal de los servidores públicos involucrados. Por ello, se exigió la destitución e investigación penal contra los exfuncionarios identificados como responsables de la donación del cuerpo, entre ellos la exdirectora del Incifo, Patricia Flores, y el exsubdirector del área de tanatología, Andrés Morales.
Calificaron como inaceptable que los funcionarios señalados por maltrato, vilipendio de cadáveres y corrupción no enfrenten consecuencias penales y, por el contrario, hayan salido de la institución con todas sus prestaciones y jubilaciones intactas. “Sin sanción a los culpables, no hay disculpa que valga”, reprochó Palmeros.
“Las disculpas públicas no deberían de existir, pues inicialmente estas instituciones no deberían de fallar en su trabajo. Una disculpa pública no es suficiente para mí ni para mi familia. Esto no me va a devolver a mi hijo, el hijo que yo perdí”, apuntó Cabañas al describir el impacto en su núcleo familiar, que les marcó de por vida.
“Víctima de omisiones graves en la ruta institucional”
La presidenta de la comisión de derechos humanos local, Dolores González Saravia, reconoció que Julio César fue víctima de omisiones graves en la ruta institucional, lo que derivó en la vulneración no solo de su derecho a ser buscado, sino del de su familia a conocer la verdad y recuperar a su hijo con dignidad.
Además, destacó que la labor forense no debe concebirse solo como tarea técnica, sino como una función humana con una enorme responsabilidad frente a los ingresos de personas sin identidad conocida.
Al mismo tiempo, hizo énfasis en que la discapacidad intelectual de la víctima obligaba a las autoridades a aplicar un cuidado mayor y un enfoque diferenciado en la investigación y en los procesos de identificación. Cualquier dato postmortem o información proporcionada por la familia era relevante y debió articularse a tiempo para evitar prolongar la desaparición, añadió.
González Saravia advirtió que la búsqueda y la identificación no son procesos separados y que la coordinación interinstitucional es una obligación concreta frente a las víctimas, por lo que la verdadera validación de la disculpa dependerá del cumplimiento de las medidas recomendadas, especialmente aquellas orientadas a la trazabilidad de los cuerpos y a los cruces de información antemortem y postmortem.
Reconocimiento de responsabilidad
El encargado de emitir la disculpa formal por parte del Incifo fue su actual director, Arturo Gerardo Cervantes Arroniz, quien reconoció públicamente que existieron deficiencias graves en los procesos de identificación humana y en el aprovechamiento de la información disponible para conocer de manera oportuna la identidad de Julio César Cervantes Cabañas.
“Reconocemos que su cuerpo fue trasladado, fue destinado con fines de enseñanza antes de agotar las diligencias necesarias para lograr su identificación y localizarlos a ustedes, su familia. Y reconocemos que estas omisiones contribuyeron a la desaparición administrativa documentada por la Comisión de Derechos Humanos en la Ciudad de México”, dijo.
Lo anterior, reconoció, significó vulneraciones a los derechos humanos y prolongó de manera innecesaria la incertidumbre de la familia. Como parte de las garantías de no repetición, el titular del Incifo anunció modificaciones estructurales en los procedimientos de la institución.
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Entre ellas, la eliminación del manual de procedimientos del trámite que autorizaba la entrega de cuerpos de personas fallecidas a las universidades, lo que da por concluidos los convenios de colaboración con cualquier institución educativa.
Por otro lado, un nuevo acuerdo de colaboración con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la creación de mesas de trabajo para construir una base de datos única, con el objetivo de evitar que la fragmentación de la información genere obstáculos en futuros procesos de identificación humana.
Al finalizar el evento, la familia de Julio César reiteró su confianza en que los cambios prometidos se materialicen y se erradiquen las malas prácticas dentro de la institución.
Sin embargo, la exigencia central no se diluyó: la memoria del caso no debe reducirse a una simple falla institucional reconocida en un evento público, sino que debe impulsar la impartición de justicia penal, servir como precedente para frenar la impunidad en el rezago forense del país y garantizar que el sistema judicial no vuelva a encubrir el manejo irregular de las personas desaparecidas.