Familias buscadoras piden apoyo de la ONU previo a informe del Comité contra la Desaparición Forzada
Marcela Nochebuena · 20 de octubre de 2026
“¿Qué ayuda internacional necesitan las familias que buscan para que la tortura continua que viven realmente sea tomada en cuenta por las autoridades?”, fue la pregunta que antecedió a las peticiones que personas buscadoras expusieron en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos.
Ante un clima de impunidad casi generalizada en la comisión de ese delito y un trabajo de búsqueda que ha recaído principalmente en las familias, pidieron que el organismo internacional ayude a México con recursos y personas expertas ante las más de 130 mil personas desaparecidas en México, según el registro oficial —5 mil menos que las que registraba a mediados de este año.
En dos mesas de diálogo más, personas expertas e integrantes de organizaciones de la sociedad civil se sumaron a las peticiones, y exigieron a las autoridades mexicanas mensajes más claros y contundentes. Esto, luego de que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU determinara el inicio del procedimiento previsto en el Artículo 34 de la convención internacional, que consiste en solicitar la intervención de la Asamblea General ante la crisis de desaparición en México.
Mañana compareceré ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de la @ONU_es para presentar el informe anual del Comité contra la Desaparición Forzada @UNTreatyBodies.
Esta comparecencia tiene una relevancia particular. Por primera vez desde la entrada en vigor de la Convención, el Comité ha recurrido al artículo 34 para llevar una situación a la consideración de la Asamblea General.
Este procedimiento excepcional abre una oportunidad para movilizar la cooperación internacional en materia de búsqueda, investigación, esclarecimiento de la verdad y protección de las víctimas.
También informaré sobre los avances de nuestro trabajo y las graves consecuencias que la crisis financiera de las Naciones Unidas está teniendo para el cumplimiento de nuestro mandato.
En un momento especialmente difícil para el sistema internacional de derechos humanos, resulta fundamental que los mecanismos de protección puedan cumplir eficazmente las responsabilidades que los Estados les han confiado.
📅 Martes 20 de octubre, 15h00 (Nueva York).
🔴 Transmisión en vivo:
https://t.co/GLbxtfZ0Ax#UNGA81 #CED
— Juan Pablo Albán (@JuanPablo_Alban) October 19, 2026
Las participaciones de familiares coincidieron en señalar patrones sistemáticos de impunidad, deficiencias institucionales y la necesidad de intervención del organismo internacional. Entre ellas señalaron la parálisis e inoperancia en las investigaciones, que se expresan en el estancamiento de carpetas de investigación en las fiscalías sin avances durante años o décadas, con un muy bajo número de sentencias.
Por otro lado, cuestionaron las estrategias gubernamentales que catalogan a personas como “ubicadas” o “localizadas” mediante cruces informáticos de bases de datos, sin que exista una comprobación de su paradero ni la restitución física a sus familias. Además, acusaron la persistencia de cooptación de funcionarios de seguridad por parte del crimen organizado, sin análisis de contexto que vinculen los casos.
Otros puntos relevantes fueron el riesgo y estigmatización que continúan enfrentando las personas que buscan, pues persiste una falta de protección hacia colectivos de búsqueda, que enfrentan amenazas, agresiones y violencia mortal. Artículo 19 ha documentado 44 agresiones letales contra personas buscadoras entre 2010 y 2026, 36 asesinatos y ocho desapariciones.
Ante ello, coincidieron en que se dé seguimiento a la aplicación del Artículo 34 de la Convención, y que las autoridades sean receptivas a ello, así como al establecimiento de mecanismos internacionales de investigación e identificación forense con participación directa de las víctimas.
Guadalupe Fernández Martínez, de las Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC), relató la búsqueda de su hijo José Antonio Robledo Fernández, iniciada hace 12 años, en la que su familia tuvo que asumir tareas de investigación directa tras detectar colusión entre la fiscalía local y grupos delictivos. Aunque en 2021 se logró una sentencia contra dos personas, el delito se tipificó como secuestro y no como desaparición.
“El hecho de que haya tanta impunidad en México hace imposible que las personas detenidas se puedan vincular a otros casos, siendo ellos los presuntos perpetradores. No hay una perspectiva de macrocaso, y no se relacionan los casos para no llegar a la cabeza”, apuntó.
En tanto, Oralia Nájera Simizu, también de FUUNDEC, quien busca a su esposo Santana Cruz Reyes Durango, desaparecido hace 16 años, expuso que la carpeta de investigación se encuentra en el mismo punto que al inicio. Remarcó que la creación de marcos legales e instituciones especializadas no se ha traducido en resultados de localización.
“En Coahuila lo tenemos todo. Tenemos leyes, un centro regional de identificación, un modelo de diálogo con el estado y mesas de trabajo, una comisión de búsqueda y no hay resultados en materia de búsqueda e investigación”, destacó.
Bibiana Mendoza Negrete, quien forma parte del colectivo Hasta Encontrarte y busca a su hermano Manuel Ojeda Negrete en Guanajuato, desaparecido en 2018, detalló que esa entidad es donde más violencias y homicidios contra mujeres buscadoras se han registrado. Denunció la estigmatización a las personas desaparecidas y sus familias, y sostuvo que la única vía efectiva de justicia reside en la no repetición de las desapariciones.
“Para nosotras ya no hay justicia. Justicia ya aquí no hay. La que merecemos, la digna, no existe para este tipo de casos. El único acercamiento a la justicia es que no vuelva a pasar ninguna desaparición en México; el mejor cuidado para las buscadoras es terminar con las desapariciones en el país”, afirmó.
Dora Varela Betancourt, del Comité Cofamicenh de Honduras, quien busca a su hermano Heber Gonzales Betancourt, desaparecido en Tamaulipas en 2012, expuso que en 2014 las autoridades mexicanas entregaron únicamente el torso de su familiar. Denunció que las familias de migrantes enfrentan barreras de visado y recursos para buscar en México, así como riesgos derivados de la militarización del control migratorio.
“Seguimos esperando que encuentren el resto del cuerpo de mi hermano. Lamentablemente, mi hermano es considerado localizado para las autoridades mexicanas. Pero para nosotros, su familia, es una localización parcial. La crisis de desapariciones en México tiene impactos más allá del país, afecta a otros países, a mujeres, niñas, niños y jóvenes de otras nacionalidades que desaparecen en su territorio”, describió.
Cuestionan familias y personas expertas estrategia federal de recuento
Keivan Díaz Valencia habló sobre la desaparición de su padre Antonio Díaz Valencia y de Ricardo Lagunes Gasca, ocurrida el 15 de enero de 2023 a raíz de su labor de defensa del territorio en Aquila, Michoacán.
Más tarde, cuando el expresidente Andrés Manuel López Obrador emprendió un “censo casa por casa” para depurar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas (RNPDNO), a su padre —denunció— se le presentó como persona ubicada, lo que calificó como un acto de revictimización.
“Imaginen la avalancha de emociones que sentí al escuchar eso del otro lado del teléfono (una periodista le llamó para avisarle). Por un segundo pensé que lo habían encontrado, después llegaron el coraje y la frustración de volverme a sentir revictimizado. ¿Qué clase de Estado juega así con el dolor de las familias? Nunca hubo una llamada, una disculpa, ni siquiera una explicación, solo silencio.
“Nadie lo vio, nadie lo devolvió, nadie nos dijo qué le pasó. Hoy vuelve a pasar. Hace unos días, el Estado presentó nuevas cifras de personas localizadas, unos hablan de 16 mil, otros de 24 mil, yo les pregunto: ¿cuántas de esas personas están como estuvo mi padre, ubicadas en una base de datos, pero no encontradas? Que una huella coincida o que un registro se cruce con otro no es encontrar a una persona. Encontrarla es saber dónde está, qué le pasó y devolverla a su familia”, añadió.
Las familias de Ricardo y Antonio hoy impulsan MIRAR, un mecanismo de expertos internacionales, independientes, que trabaja para encontrarles, “no para maquillar cifras”. Por eso pidió el seguimiento al artículo 34, así como entender el contexto. Un mecanismo independiente, con las familias dentro —remarcó—, no uno donde el gobierno actúe solo como agente diplomático, posando para las fotos con acuerdos que las familias desconocen.
El pasado 14 de octubre la Secretaría de Gobernación dio a conocer la integración de un grupo de nueve personas expertas nacionales e internacionales que realizará el análisis técnico y científico del registro de personas desaparecidas. Además, aseguró que en los últimos meses se ha localizado a más de 16 mil personas. Hoy, la página oficial del RNPDNO muestra un total de 130 mil 560 personas que permanecen sin localizar, cuando a mediados de este año ya había rebasado las 135 mil.
En los paneles que siguieron a la exposición de las víctimas, donde se sumaron voces de organizaciones y especialistas, se secundó el cuestionamiento a la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada puesta en marcha el sexenio pasado con el objetivo de actualizar el padrón oficial. Tanto las personas buscadoras como los peritos independientes remarcaron que una coincidencia informática no equivale al hallazgo físico de una persona.
Mercedes Doretti, del Equipo Argentino de Antropología Forense —que trabaja en México desde hace unos 25 años— calificó como extremadamente preocupante que en lugar de poner el foco en resolver las desapariciones, haya tantos esfuerzos por parte del Estado en el tema de tratar de reducir la cifra del RNPDNO, así como crear categorías que generan confusión.
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“De cada una de las personas desaparecidas que se supone se han localizado, se debería, antes de colocarla en esa categoría, hablar con la familia y explicarle cuál es la razón por la que se considera así, ya sea que haya una identificación forense de por medio, en la cual debería haber todos los peritajes, como si tuvieron una aparición con vida. Lo que escuchamos desde situaciones anteriores —esta que aparece ahora de volver a revisar el registro ya existió en el 2023, con resultados muy dolorosos para las familias—”, apuntó.
Recordó que para personas buscadoras que denunciaron casos como el de Díaz Valencia y Lagunes Gasca, aquello representó una segunda desaparición, porque no había una explicación clara ni devolución. “Ahora hay un nuevo intento, pero no parece que las familias estén incluidas dentro de la definición de criterios, de normas para poder establecer los distintos estatus… no queda claro el número y si es real, o se basa en situaciones del registro que tienen que ser verificables”, agregó.
Por otro lado, los mecanismos de identificación por huellas dactilares, que el equipo argentino ha podido trabajar más fácil directamente con entidades de la República, se apoyan casi exclusivamente en los registros del Instituto Nacional Electoral. Esa limitación deja fuera a las personas menores de edad y migrantes en tránsito, además de no resultar aplicable para restos humanos desarticulados.
La Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho apuntó que los datos del registro sobre migrantes no coinciden con las cifras de comités centroamericanos, la Organización Internacional para las Migraciones ni los equipos periciales, lo que incumple la recomendación internacional de crear un registro especializado. A ello se suma la práctica estatal de clasificar casos como “localizados” tras la entrega de restos parciales.
La estrategia de depuración de cifras, además, no prioriza una tarea fundamental: el cruce entre las más de 130 mil personas desaparecidas y los más de 72 mil restos sin identificar en los servicios forenses, que podrían corresponder a las primeras.
Glorieta de las personas desaparecidas pide transparencia en nuevo recuento
Por separado, las familias agrupadas en torno a la Glorieta de personas desaparecidas dieron a conocer una carta pública dirigida a quienes integran el grupo de personas expertas para una nueva revisión del RNPDNO presentado por la Secretaría de Gobernación, “sin que se haya transparentado la metodología que utilizó el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para la ‘revisión’ que hizo en marzo de este año”.
Señalaron que para las familias el Registro es fundamental para saber la magnitud del problema en México. Aunque tiene aspectos a mejorar, enfatizaron que no es una base cualquiera, sino el lugar donde están el nombre y los datos de sus seres queridos para que las autoridades continúen la búsqueda. Por ello, se dijeron sorprendidos por el anuncio de la creación del grupo, respecto al cual desconocen los criterios de selección.
Enfatizaron la importancia de que personas expertas e independientes se sumen a ayudar en medio de la crisis, pero apuntaron que la falta de información siempre genera dudas y hace desconfiar de los propósitos.
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“Nos gustaría conocer más sobre su mandato, cuáles serán los objetivos de su trabajo, sus funciones y alcances, qué tareas podrán desarrollar y por cuánto tiempo, si será un trabajo que podemos evaluar o revisar de manera periódica, entre muchas otras preguntas. Lo anterior se debe a que los eligieron las mismas autoridades cuyo trabajo van a revisar, y nos preguntamos cómo van a cuidar su independencia”, expusieron.
Al mismo tiempo, se dijeron nada sorprendidos de que el anuncio llegue a unos días de que el CED presente su informe anual ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, pues está en juego una determinación internacional que “reconoce la magnitud de lo que vive y necesita México”.
Juan Pablo Albán, presidente del CED de la ONU, anunció en sus redes sociales que este martes comparecerá ante la Tercera Comisión de la Asamblea General para presentar el informe. Recordó que hay una relevancia particular, pues por primera vez desde la entrada en vigor de la Convención, el Comité ha recurrido al artículo 34 para llevar la situación de México a consideración.
“Este procedimiento excepcional abre una oportunidad para movilizar la cooperación internacional en materia de búsqueda, investigación, esclarecimiento de la verdad y protección a las víctimas”, remarcó.