Narcos con familiares en la política

Para nadie es un secreto que el crimen organizado busca influir en la arena política. Las mismas autoridades federales e investigaciones periodísticas han revelado decenas de casos en los que grupos criminales patrocinan campañas electorales, impulsan candidaturas y promueven el voto en favor de partidos.

No se trata de un problema acotado, en casi todas las entidades encontramos ejemplos y todos los partidos sin excepción tienen casos. Eso se traduce en un fenómeno que conocemos como cooptación de los gobiernos, en donde en la práctica los grupos criminales se hacen del control de municipios y entidades.

Es imposible conocer la gravedad del problema de la cooptación de los gobiernos locales, porque para que esta sea efectiva es mejor esconderla del escrutinio público, pero podría abarcar varias decenas, incluso cientos de municipios y algunas entidades federativas.

A pesar de que este fenómeno suele ocultarse, hay casos de cooptación tan burdos que ha sido imposible esconderlos, al grado de que el Gobierno Federal ha intervenido a través del Operativo Enjambre, al arrestar a varios alcaldes y funcionarios en diversas entidades, o bien, los medios de comunicación han dado cuenta de estos.

Pero los casos más burdos suelen darse cuando las organizaciones criminales deciden impulsar a familiares para estos gobiernos locales o algún cargo legislativo, para lo cual existen múltiples ejemplos de líderes criminales actuales y pasados, que guardan relación familiar o afectiva con personas que ostentan u ostentaron un cargo público.

Casos relevantes de líderes criminales que tienen familiares en la política

Una revisión de notas periodísticas, cuyas fuentes pueden ser consultadas en la siguiente base, nos permiten identificar a 18 líderes criminales que guardan relación familiar en diferentes grados, o de pareja, con 27 políticos a lo largo del país. Sin embargo, no se puede descartar que existan más casos que aún no han sido documentados.

Uno de los ejemplos que cobró relevancia en las últimas semanas fue el de Ramón Ángel Álvarez Ayala, “El R1”, líder regional del CJNG en el norte de Michoacán, acusado de los asesinatos del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y de la influencer Valeria Márquez, que es hermano de un connotado político: Roldán Álvarez Ayala.

Roldán Álvarez fue durante muchos años militante del PRD, cercano a Leonel Godoy y Cuauhtémoc Cárdenas, Alcalde de Apatzingán entre 2002 y 2005, luego siguió a Godoy en el éxodo a Morena, donde es militante activo e incluso buscó ser diputado por la vía plurinominal.

En este punto sorprende que los partidos no tengan mecanismos para evitar que familiares de líderes criminales militen en sus filas e incluso lleguen a cargos de elección popular, más cuando existen indicios de posible relación con los negocios criminales, como en el caso de Roldán Álvarez.

Como ya se dijo, ningún partido se salva; en la infografía se pueden ver casos que involucran a Morena, PRI, PAN, Movimiento Ciudadano, PT, el Verde, el PRD e incluso hasta candidaturas independientes.

Los casos más graves los encontramos en Guerrero, Michoacán y Morelos, en donde hay clanes familiares en que una parte de los integrantes están metidos en la política y otros en el crimen organizado y tienen años controlando municipios o regiones enteras.

¿Ser familiar implica ser cómplice?

Uno de estos casos es el de la familia Álvarez de Tepalcatepec, Michoacán, que comanda Juan José Álvarez, “El Abuelo”, líder de Cárteles Unidos, pero donde tanto su hermano Uriel, como su cuñada Martha Mendoza han sido alcaldes de dicho municipio bajo las siglas del PRI y Morena, respectivamente.

También encontramos a los Ortega de la región de Chilapa, Tixtla, y Quechultenango, en Guerrero, en donde integrantes de la familia han sido alcaldes de varios municipios de la región y diputados locales, todo bajo las siglas del PRD.

O bien, los clanes de Morelos, Miranda y Romero, que han establecido una especie de cacicazgo en los municipios de Amacuzac y Temoac, colocando varios alcaldes de sus familias y teniendo a diversos familiares en nómina.

Es importante señalar que la relación familiar no implica que en automático los políticos mencionados sean cómplices de los líderes criminales con los que guardan vínculo familiar, ya que los caminos de las personas corren de forma separada y en algunos casos tienen años sin convivir, pero si es importante que las autoridades investiguen todos los casos.

Ejemplo de lo anterior es el de Samuel García, gobernador de Nuevo León, que es sobrino segundo de Gilberto García Mena, “El June”, uno de los grandes capos de antaño del Cártel del Golfo, en donde si bien existe una foto en donde Samuel aparece de niño con el narcotraficante, nunca se ha logrado establecer una vinculación del gobernador con los negocios de “El June”.

La falta de mecanismos adecuados para frenar la injerencia política del crimen organizado

Como se ha referido en el artículo, el crimen organizado lleva años influyendo en la política en muchas regiones del país, pero en contraste carecemos de los mecanismos institucionales adecuados para identificar el fenómeno y, después, para enfrentarlo y frenarlo.

Algunos podrán mencionar el Operativo Enjambre, la creación de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas del INE y el seguimiento financiero de los servidores públicos por parte de la UIF, pero todos estos mecanismos tienen un impacto limitado.

Por ejemplo, el Operativo Enjambre apenas se ha activado en contra de 17 alcaldes, de los cuales 14 han sido arrestados. Por tanto, se trata de una estrategia correcta, pero que necesita llevarse a todo el país y tener mayor proactividad para encontrar a todos los alcaldes y funcionarios coludidos.♦

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