Jorge Avila · 9 de abril de 2026
La Comisión Nacional de Búsqueda y el Sistema Nacional de Búsqueda no surgieron como parte de un proceso natural de fortalecimiento institucional. Surgieron como respuesta a un problema más profundo: la inacción del modelo tradicional de procuración de justicia para enfrentar la crisis de desapariciones en México.
Esa es una premisa fundamental para entender el momento actual. La arquitectura institucional creada a partir de la Ley General de 2017 no fue diseñada porque el Estado estuviera funcionando bien, sino porque no lo estaba haciendo. Durante años, la negativa a iniciar carpetas de investigación, la reclasificación administrativa de desapariciones, la falta de capacidades técnicas y la desconfianza acumulada de las familias evidenciaron que el sistema existente no estaba contribuyendo a la solución de este fenómeno, sino a agudizarlo.
El Estado tuvo que crear nuevas instituciones porque las que tenía no estaban respondiendo.
Ese origen explica por qué resulta preocupante que hoy se pretenda regresar a una lógica en la que el reconocimiento efectivo de las desapariciones dependa nuevamente de las fiscalías, sin que exista evidencia de que sus fallas hayan sido corregidas.
Los propios datos muestran la dimensión del problema. De más de 130 mil personas desaparecidas registradas históricamente en México, apenas alrededor del 3% cuentan con una carpeta de investigación. Esto significa que el Estado mexicano investiga formalmente sólo una fracción mínima del universo total de desapariciones. Este dato no describe un problema estadístico. Describe un problema de inacción estatal.
A ello se suma otro elemento que suele quedar fuera de la discusión pública: la desaparición forzada sigue siendo una realidad documentada dentro del propio registro oficial. De acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, existen al menos 1,436 casos registrados bajo este delito, y el 81% corresponde a los últimos ocho años, lo que muestra que el problema no pertenece al pasado, sino que forma parte de la crisis contemporánea de violencia e institucionalidad.
Este dato debería obligar a una reflexión más profunda. La desaparición forzada no sólo implica la comisión de un delito particularmente grave, sino que supone la posible participación, aquiescencia o tolerancia de agentes del Estado. No es sólo un indicador de violencia. Es un indicador de debilidad institucional.
Por eso resulta especialmente relevante que incluso en este contexto continúen documentándose responsabilidades de autoridades. Recomendaciones recientes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos han acreditado la participación de elementos de fuerzas federales en desapariciones forzadas. Sin embargo, estos casos también reflejan otra tensión institucional: aunque la CNDH mantiene formalmente su facultad de documentar violaciones graves, su subordinación política en los últimos años ha debilitado su papel como contrapeso efectivo frente al poder público.
Las recomendaciones existen, pero su capacidad para generar cambios estructurales se ha reducido en un contexto donde los mecanismos de control institucional muestran signos de debilitamiento.
La trayectoria institucional del problema permite ver con claridad esta contradicción. El sistema de búsqueda nació porque las fiscalías no estaban respondiendo. La ley buscó romper la dependencia absoluta de la investigación penal para permitir que la búsqueda fuera una obligación autónoma del Estado. Ese cambio respondió a una realidad evidente: las fiscalías estaban diseñadas para perseguir delitos, pero no necesariamente para encontrar personas, y ni siquiera estaban cumpliendo adecuadamente la primera función. Ese diagnóstico sigue vigente.
Las fiscalías continúan enfrentando rezagos en capacidades periciales, integración de información genética, coordinación interinstitucional y profesionalización técnica. Pero el problema no se limita a la falta de recursos. También refleja la ausencia de procesos reales de depuración institucional, la persistencia de incentivos que favorecen el subregistro antes que la investigación exhaustiva y la existencia de contextos locales donde la corrupción y la colusión con redes criminales siguen siendo factores que debilitan la actuación de las autoridades.
En estos entornos, la falta de controles efectivos puede generar espacios de protección institucional que terminan beneficiando a grupos criminales, lo que agrava el problema de impunidad y debilita aún más la capacidad del Estado para enfrentar el fenómeno.
Por eso el debate actual corre el riesgo de equivocarse de diagnóstico. La discusión no debería centrarse en si el registro tiene demasiados casos o si las cifras deben reclasificarse. La pregunta central debería ser otra: por qué, después de años de reformas legales, México sigue sin contar con instituciones capaces de investigar desapariciones a la escala del problema.
La respuesta es incómoda, pero necesaria: la crisis de desapariciones no es únicamente una crisis de violencia, es también una crisis de capacidad estatal y, en ciertos contextos, una crisis de integridad institucional.
La creación de la Comisión Nacional de Búsqueda debe entenderse, en este sentido, como un reconocimiento institucional de ese fracaso previo. Su surgimiento respondió tanto al crecimiento del fenómeno como a la falta de confianza en las instituciones encargadas de investigarlo. Pretender ahora que el sistema vuelva a depender centralmente de estructuras que no han sido reformadas implica ignorar las razones que obligaron a crear el propio sistema.
Quizá el daño más profundo que ha dejado esta crisis no sea únicamente la magnitud de las desapariciones, sino el deterioro de la confianza social en las autoridades encargadas de investigarlas. Cuando las familias buscan por su cuenta, cuando los colectivos sustituyen funciones básicas del Estado y cuando los registros oficiales generan más dudas que certezas, lo que se erosiona no es sólo la eficacia institucional, sino la legitimidad misma del Estado como garante de derechos.
Recuperar esa confianza no pasa por ajustes legales y administrativos ni por redefinir categorías estadísticas. Pasa por demostrar, con resultados verificables, que las instituciones pueden investigar con independencia, actuar sin complicidades y responder con profesionalismo frente a uno de los crímenes más graves que enfrenta el país.