Operación Ferrotanques: así cruzó combustible desde Texas la red de huachicol fiscal ligada a Ruffo
Alfredo Maza · 22 de julio de 2026
Mediante la alteración de pedimentos aduanales y utilizando la red ferroviaria binacional, una compleja estructura empresarial presuntamente encabezada por Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, logró introducir a México millones de litros de combustible de contrabando, a través del esquema conocido como “huachicol fiscal”, proveniente directamente de refinerías de Texas en Estados Unidos.
De acuerdo con el expediente judicial del caso, al que Animal Político tuvo acceso, esta compleja estructura criminal, operada presuntamente a través de la empresa mexicana Ingemar S.A. de C.V., se abastecía de una amplia cadena de suministro conformada por al menos una decena de compañías energéticas estadounidenses.
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Así fue como esta red binacional, la mayor de “huachicol fiscal” detectada hasta ahora según las autoridades, presuntamente evadió el pago de impuestos y causó un daño a la hacienda pública estimado en más de 4 mil millones de pesos.
Por este caso, el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, señalado por la FGR como líder de esta red, se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano tras un maratónico inicio de proceso judicial.
¿Cómo operaba la red de huachicol fiscal desde Texas?
De acuerdo con la orden de aprehensión y las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), los trenes cargados con diésel y gasolina provenían de refinerías en Texas, específicamente de ciudades como Corpus Christi, Houston, Pasadena y Laredo.
Documentos aduanales y facturas muestran como proveedores a empresas estadounidenses clave, entre ellas a Belar Fuels Company LLC (con sede en Corpus Christi), Maverick Terminals Corpus LLC, L Energy International LLC y Deer Park Refining LP, cuyas cargas partían hacia terminales ferroviarias en Coahuila.
Además, el rastreo documental de los 163 ferrotanques vinculados a la operación ilícita reveló la participación de otras compañías estadounidenses desde donde se remitía la mercancía, tales como Rhodes Energy Services LLC, Flint Hills Resources LP, Atlas Oil Co, US Venture Inc, Bluewing One LLC y Ballast Partners LLC.
En el caso específico de Belar Fuels Company LLC, con sede en Corpus Christi, las indagatorias periodísticas y oficiales señalan que era “el principal proveedor de Ingemar” y que “facilitaba el ingreso de combustible por la aduana de Nuevo Laredo, Tamaulipas”.
El cruce fronterizo y la evasión fiscal
De acuerdo con la narrativa de la acusación, el hidrocarburo estadounidense ingresaba al país principalmente por las aduanas de Nuevo Laredo, Reynosa, Ciudad Camargo y Matamoros en el estado de Tamaulipas, para luego distribuirse en Coahuila, Durango y Zacatecas.
Según la investigación, este modus operandi, conocido como “huachicol fiscal”, consistía en mentir sistemáticamente ante las autoridades aduaneras mexicanas para evadir el pago de impuestos como el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
La propia presidenta Claudia Sheinbaum explicó la mecánica en su conferencia de prensa del pasado 17 de julio: “Entraron tanques de ferrocarril y no reportaron que traían diésel, sino que traían otro material, ¿con qué objetivo?, evitar el pago de impuestos […] Eso es lo que le han llamado ‘el huachicol fiscal’”.
En el caso particular de la logística ferroviaria, la FGR documentó que la red utilizaba carrotanques con capacidad nominal de entre 110 mil y más de 120 mil litros de diésel o gasolina.
Sin embargo, en los pedimentos declaraban un aproximado de apenas 10 mil litros por unidad. Sobre esto, Ernestina Godoy Ramos, titular de la FGR, detalló en conferencia de prensa que la red declaraba solo el 10 % de la capacidad real de cada carrotanque de ferrocarril.
“Al momento de introducir la mercancía a México, declaraban cantidades menores a las reales o registraban productos diferentes a los que efectivamente transportaban”, agregó.
La trama quedó al descubierto en julio de 2025, tras una denuncia ciudadana por un fuerte olor a combustible que llevó al hallazgo de 33 ferrotanques abandonados sobre las vías del tren en Ramos Arizpe, en Coahuila. Ahí inició la investigación formal de las autoridades.
Al inspeccionar los vagones, las autoridades confirmaron que portaban los rombos de seguridad con las claves 1202 y 1203, que corresponden a diésel y gasolina, respectivamente.
A partir de este primer decomiso, la FGR rastreó el actuar sistemático de la organización y contabilizó un total de 163 ferrotanques vinculados a la red, a través de los cuales se introdujeron de forma ilícita 18 millones 225 mil 657.86 litros de petrolíferos.
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La mercancía ingresaba sin revisión física y era descargada en “espuelas ferroviarias” (vías de conexión industrial) para luego ser transferida a autotanques y pipas de diversas empresas para su comercialización en estados como Coahuila, Durango y Zacatecas.
El volumen de la operación rebasó por completo las autorizaciones gubernamentales. La acusación formal de la FGR señala que, para el año 2025, la empresa Ingemar S.A. de C.V. tenía permisos de la Secretaría de Energía para importar 216 millones de litros de gasolina regular y poco más de 173 millones de litros de diésel.
No obstante, durante ese ejercicio fiscal, la compañía internó más de 760 millones de litros de gasolina y mil 766 millones de litros de diésel, lo que representa un gigantesco excedente ilícito de más de dos mil 137 millones de litros que jamás fueron declarados en su totalidad.
El papel de Ernesto Ruffo Appel en la red de contrabando
La orden de aprehensión ubica a Ernesto Ruffo Appel en la cúspide de esta organización criminal. La FGR le imputa los delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos, atribuyéndole “funciones de dirección y administración” dentro de Ingemar S.A. de C.V., empresa de la cual fue fundador y Secretario del Consejo de Administración.
Por la gravedad de estos cargos, el exgobernador panista enfrenta una pena que podría ir de los 32 hasta los 57 años de prisión.
En contraste, la defensa pública del político de 74 años argumenta un rol menor. Ruffo ha asegurado que solo era un accionista minoritario dedicado a realizar “el papeleo de la aduana”.
Además, a través de su socio Ricardo Thompson Navarro, se ha afirmado que tanto él como su hijo fueron despojados de sus acciones en 2021 por otros directivos de Ingemar, reduciendo su participación a menos del 1.7 %.
La caída: detenciones, Altiplano y riesgo de salud
La caída de la cúpula de esta red inició el jueves 16 de julio de 2026, cuando elementos federales detuvieron a Ruffo Appel en Ensenada, Baja California, junto a otros siete implicados (entre ellos agentes aduanales y empresarios como los hermanos De la Peña y los hermanos Thompson).
Actualmente, otros 17 presuntos miembros de la organización, entre los que se encuentran empresarios y agentes aduanales, siguen prófugos de la justicia.
Tras su captura, los imputados enfrentaron una de las audiencias más largas desde la implementación del sistema oral acusatorio: una diligencia por videoconferencia que duró 32 horas y media.
El domingo 19 de julio, la jueza Alejandra Ramírez de la Vega les dictó prisión preventiva oficiosa. Debido al riesgo de fuga sustentado en su capacidad económica y múltiples domicilios, Ruffo y otros cuatro de los presuntos líderes fueron trasladados directamente al CEFERESO 1 “Altiplano”, un penal de máxima seguridad en el Estado de México.
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Desde su encarcelamiento, la situación de Ruffo ha generado alertas sobre su bienestar físico. Su defensa legal interpuso un amparo denunciando incomunicación y la falta de suministro de medicamentos necesarios para controlar su presión arterial, así como la negativa de permitirle usar una mascarilla de oxígeno que requiere para dormir.
Su hija, Verónica Ruffo, exigió respeto al debido proceso en un mensaje público donde defendió la presunción de inocencia del exmandatario estatal. “Esa es la persona que hoy recibe un trato indigno y humillante, sin poder siquiera hablar con su familia”.
Mientras su partido, Somos México, acusa que el caso es una “cortina de humo” política, la FGR y el Gobierno Federal sostienen que cuentan con pruebas contundentes y peritajes científicos para desmantelar la que consideran la red de contrabando de combustible más grande detectada en el país.