Alfredo Maza · 21 de julio de 2026
Un juez federal del estado de Baja California admitió a trámite una demanda de amparo promovida por la defensa legal del exgobernador Ernesto Ruffo Appel. El recurso se interpuso tras denunciar diversas irregularidades cometidas durante y después de su detención por presunto “huachicol fiscal”.
La medida judicial busca frenar actos como la incomunicación, la falta de suministro de medicamentos y su traslado fuera de Ensenada sin las certificaciones médicas correspondientes.
El juez Marco Antonio Arreola Herrera, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, emitió el acuerdo este lunes 20 de julio. Esto ocurrió luego de que la defensa del primer gobernador de oposición en México señalara que Ruffo Appel ha permanecido incomunicado desde su captura.
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Entre los actos reclamados ante la justicia federal también se encuentran la omisión de informar a la familia y a la defensa sobre su ubicación exacta, así como la negativa de permitirle contacto privado con sus abogados.

Sin embargo, pese a admitir la demanda a trámite, el juzgado omitió especificar si concedió o no una suspensión provisional al exmandatario, figura legal que frenaría de manera inmediata cualquier violación grave a los derechos humanos de Ruffo Appel.
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Uno de los puntos centrales del recurso legal es la salud del político, de 74 años. La demanda de amparo subraya la negativa de las autoridades para administrarle sus medicamentos, lo que ha provocado la interrupción de su tratamiento médico habitual.
Según familiares y colaboradores, Ruffo requiere fármacos para controlar su presión arterial y utiliza una mascarilla de oxígeno para dormir.
El amparo también cuestiona la falta de una valoración médica integral que certifique si el imputado es apto para ser trasladado, el posible ocultamiento de su inscripción en el Registro Nacional de Detenciones y cualquier orden de traslado fuera de la región sin cumplir con los protocolos legales.
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Ernesto Ruffo fue detenido el pasado 16 de julio por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). La Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa de liderar una red de contrabando de combustible a través de la empresa Ingemar S.A. de C.V., la cual supuestamente evadió más de 4 mil millones de pesos en impuestos.
A pesar de que el exsenador ha sostenido ser solo un accionista minoritario encargado de gestiones aduanales, una jueza de control le dictó prisión preventiva el pasado 19 de julio, ordenando su reclusión en el penal del Altiplano, en el Estado de México.

La defensa solicitó la duplicidad del término constitucional para aportar pruebas en su favor, mientras que su hija, Verónica Ruffo, calificó el proceso como un trato “indigno y humillante”.
Por su parte, el partido Somos México, del cual Ruffo es consejero, ha denunciado que el caso es una “cortina de humo”. No obstante, la fiscal Ernestina Godoy Ramos sostiene que se trata de la desarticulación de la red de contrabando más grande detectada recientemente en el país.