Hija de Ernesto Ruffo acusa trato “indigno”; pide proceso justo para el exgobernador

Verónica Ruffo, hija del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, aseguró que la detención de su padre representa un trato “indigno y humillante” y exigió que se respete el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a un juicio basado en pruebas.

A través de un mensaje difundido públicamente, afirmó que habla en nombre de su familia porque “el silencio no es una opción” y señaló que el exmandatario fue detenido el jueves en Ensenada para posteriormente ser trasladado a un centro de reclusión ubicado a más de dos mil kilómetros de su domicilio.

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“Está privado de su libertad antes de que un juez haya valorado una sola prueba en su contra”, sostuvo.

Verónica Ruffo destacó que su padre, de 74 años, ha llevado una vida modesta y recordó su trayectoria de más de cuatro décadas en el servicio público. Subrayó que fue el primer gobernador de oposición en la historia moderna de México y aseguró que, durante casi 50 años de vida pública, “jamás ha tenido un señalamiento en su contra”.

“Esa es la persona que hoy recibe un trato indigno y humillante, sin poder siquiera hablar con su familia”, expresó.

Asimismo, afirmó que Ruffo Appel nunca intentó evadir a las autoridades y que siempre estuvo dispuesto a atender los señalamientos en su contra.

“Mi papá nunca se escondió. Mi papá nunca dejó de dar la cara. Lo detuvieron en su casa, en su tierra, donde siempre ha estado”, dijo. Agregó que el exgobernador compareció voluntariamente ante la autoridad hace algunos meses “sin miedo y sin abogados, con la frente en alto”.

La hija del exmandatario sostuvo que su familia confía en las instituciones, pero demandó que se respeten las garantías constitucionales.

“Nosotros creemos en la ley y por eso mismo exigimos que se cumpla para él como para cualquier mexicano. La presunción de inocencia, el debido proceso y un juicio con pruebas, no una condena política anticipada”, señaló.

Finalmente, hizo un llamado a ciudadanos, organizaciones y personas que conocen la trayectoria de Ernesto Rufo para respaldar la exigencia de un proceso transparente. “No pedimos privilegios, pedimos justicia”.

Las investigaciones contra Ernesto Ruffo Appel y presuntos socios por huachicol

Ernesto Ruffo Appel, de 74 años, el primer gobernador de oposición en México fue detenido por presunto tráfico ilegal de combustible el 16 de julio y trasladado a las instalaciones de la  Fiscalía General de la República (FGR) en Tijuana. El exmandatario panista de Baja California y actual integrante del Consejo Consultivo Ciudadano del nuevo partido Somos México, fue presentado como integrante de una red de contrabando ilegal de combustible.

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Un día después, el 17 de julio, la FGR dio a conocer el esquema que presuntamente utilizaban Ruffo y sus socios para contrabandear combustible y evadir miles de millones de pesos.

La investigación comenzó a raíz de un operativo clave en julio de 2025 en Ramos Arizpe, Coahuila. En ese lugar, dependencias federales como la FGR, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) lograron el aseguramiento de 33 ferrotanques cargados con hidrocarburo. 

Dicho hallazgo permitió a las autoridades rastrear el origen, traslado y destino del combustible irregular, así como a las empresas involucradas. Además de revelar a una supuesta red que controlaba toda la cadena operativa mediante un esquema de fraude aduanero.

Según autoridades, el proceso comenzaba cuando el combustible se traía desde Estados Unidos y, al ingresar a México, se declaraban cantidades menores a las reales, se reportaban productos distintos a los transportados o se clasificaban como derivados, por lo que eran acreedores a un pago de impuestos mucho menor.

La red habría contado con la colaboración de agencias aduanales y personal autorizado que facilitaba el ingreso ilegal de los productos, saltándose los controles fiscales.

Una vez dentro del país, el combustible se trasladaba por ferrocarril hasta puntos de descarga. Allí era transferido a pipas y tractocamiones pertenecientes a 17 empresas distintas, las cuales se encargaban de comercializarlo y distribuirlo en diferentes puntos del país.

Esta red de huachicol fiscal operaba a gran escala, con centros de operación confirmados en Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, Veracruz y la Ciudad de México, detallaron autoridades.

A través de estrictos trabajos de inteligencia y cruce de datos sobre socios, representantes legales y domicilios, el gobierno pudo mapear la estructura completa.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República, el esquema habría dañado a la Hacienda Pública por más de 4 mil millones de pesos. Y, hasta el momento, se han identificado 25 objetivos, entre los que destacan operadores logísticos, socios de empresas y agentes aduanales.