Animal Político · 8 de noviembre de 2026
Tras las protestas realizadas por trabajadores del Poder Judicial para rechazar el nuevo esquema de evaluación del desempeño, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación acordaron eliminar las posibles sanciones relacionadas con la evaluación.
Luego de sostener una mesa de diálogo con el sindicato, la Corte indicó que se acordó la eliminación de posibles sanciones, como la separación del cargo, derivadas de estos exámenes. También se eliminarán las evaluaciones extraordinarias y se modificarán los porcentajes de aquellos aspectos que impliquen algún factor de subjetividad.
“Como parte de las modificaciones, se establecerá de manera clara y categórica que la evaluación del desempeño tendrá como propósito fundamental fortalecer la eficiencia, eficacia y calidad en la impartición de justicia, derogando en definitiva toda referencia en que pueda interpretarse que dicha evaluación tendrá efectos sancionatorios o bien, implique separación del cargo. Además, se eliminará la previsión de evaluaciones extraordinarias solicitadas por los titulares y se modificarán los porcentajes de aquellos aspectos que impliquen algún factor de subjetividad”, explicó el máximo tribunal en un comunicado.

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Asimismo, se acordó que estas modificaciones al “Acuerdo General del Pleno del Órgano de Administración Judicial por el que se regula el Proceso de Evaluación del Desempeño del Personal de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación. AG-POAJ-025/2026” se publicarán lo antes posible en el Diario Oficial de la Federación.
La Corte también informó que todos los órganos jurisdiccionales del PJF retomarán actividades y trabajaran con normalidad este lunes 9 de noviembre.
Como parte de los acuerdos, también se realizarán mesas de trabajo permanentes para dialogar sobre demandas específicas de los trabajadores “a fin de lograr el normal funcionamiento de todos los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación“, indicó la SCJN.
El viernes 6 de noviembre trabajadores del Poder Judicial protestaron en al menos 17 estados del país, con reportes de suspensiones de actividades, concentraciones de trabajadores, cierres de accesos y bloqueos en vialidades.
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En la Ciudad de México se reportaron movilizaciones y suspensiones de labores en las sedes de San Lázaro, Ajusco, Las Flores y Prisma. También hubo protestas en vialidades como Insurgentes Sur.
El pasado 5 de noviembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo General del Pleno del Órgano de Administración Judicial por el que se regula el Proceso de Evaluación del Desempeño del Personal de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación. AG-POAJ-025/2026”; los trabajadores del Poder Judicial advirtieron que el mecanismo de evaluación podría utilizarse para remover personal o justificar despidos, mientras que la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) respaldó las movilizaciones y expresó su preocupación por las posibles consecuencias del acuerdo.
En un comunicado difundido este viernes, la JUFED advirtió que el Acuerdo General AG-POAJ-025/2026, mediante el cual el Pleno del OAJ regula el proceso de evaluación del desempeño del personal de carrera judicial, representa una amenaza para la estabilidad laboral de quienes integran la estructura jurisdiccional.

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La asociación, cuya directiva nacional corresponde al periodo 2026-2027, sostuvo que el mecanismo presentado como un procedimiento diagnóstico podría convertirse en una herramienta para separar del cargo a trabajadores en evaluaciones posteriores.
“El Acuerdo de Evaluación del Desempeño Judicial busca desmantelar lo que queda de Carrera Judicial”, señaló la organización en el encabezado de su pronunciamiento.
La JUFED cuestionó particularmente los criterios de valoración establecidos en el nuevo esquema. De acuerdo con su interpretación, 30% de la calificación dependerá de cuestionarios de percepción subjetiva aplicados por superiores y compañeros, mientras que 60% estará bajo control de la Escuela Judicial.
La organización consideró que esa distribución resta importancia a la experiencia adquirida en el trabajo cotidiano y a los conocimientos técnicos y jurídicos del personal, al dar mayor peso a las apreciaciones de otras personas.

A su juicio, los criterios pueden generar condiciones para que las evaluaciones posteriores se utilicen como mecanismos de presión contra trabajadores o para remover a quienes resulten incómodos dentro de la institución.