Trabajadores del PJF inician paro en 17 estados contra evaluación de desempeño; temen despidos

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) iniciaron este viernes un paro de labores y movilizaciones en al menos 17 entidades del país para rechazar el nuevo esquema de evaluación del desempeño, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), al considerar que sus criterios subjetivos y discrecionales ponen en riesgo su estabilidad laboral, antigüedad y carrera judicial.

Las protestas incluyen suspensiones de actividades, cierres de instalaciones y bloqueos viales en distintas sedes judiciales de la Ciudad de México, Nuevo León, Estado de México, Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Veracruz, entre otras entidades.

Los trabajadores inconformes advierten que el mecanismo de evaluación podría utilizarse para remover personal o justificar despidos, mientras que la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) respaldó las movilizaciones y expresó su preocupación por las posibles consecuencias del acuerdo.

En respuesta a las inconformidades, el Órgano de Administración Judicial (OAJ) sostuvo que la primera evaluación, prevista para diciembre de 2026, tendrá carácter exclusivamente diagnóstico, no implicará aprobación ni reprobación y sus resultados no tendrán consecuencias individuales sobre la permanencia o separación de los trabajadores.

El organismo aseguró que el objetivo es identificar necesidades de capacitación y fortalecer los conocimientos profesionales del personal.

En un comunicado difundido este viernes, la JUFED advirtió que el Acuerdo General AG-POAJ-025/2026, mediante el cual el Pleno del OAJ regula el proceso de evaluación del desempeño del personal de carrera judicial, representa una amenaza para la estabilidad laboral de quienes integran la estructura jurisdiccional.

La asociación, cuya directiva nacional corresponde al periodo 2026-2027, sostuvo que el mecanismo presentado como un procedimiento diagnóstico podría convertirse en una herramienta para separar del cargo a trabajadores en evaluaciones posteriores.

“El Acuerdo de Evaluación del Desempeño Judicial busca desmantelar lo que queda de Carrera Judicial”, señaló la organización en el encabezado de su pronunciamiento.

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La JUFED cuestionó particularmente los criterios de valoración establecidos en el nuevo esquema. De acuerdo con su interpretación, 30% de la calificación dependerá de cuestionarios de percepción subjetiva aplicados por superiores y compañeros, mientras que 60% estará bajo control de la Escuela Judicial.

La organización consideró que esa distribución resta importancia a la experiencia adquirida en el trabajo cotidiano y a los conocimientos técnicos y jurídicos del personal, al dar mayor peso a las apreciaciones de otras personas.

A su juicio, los criterios pueden generar condiciones para que las evaluaciones posteriores se utilicen como mecanismos de presión contra trabajadores o para remover a quienes resulten incómodos dentro de la institución.

“Se supedita la estabilidad a criterios de apreciación o popularidad”, advirtió la JUFED, que también señaló que el esquema podría abrir espacios para incorporar a personas ajenas a la institución.

La asociación manifestó su solidaridad con secretarias, secretarios, actuarias, actuarios y oficiales judiciales, quienes forman parte del personal de carrera judicial al que se aplicará el procedimiento. Sostuvo que la mayoría de estos trabajadores ya cuenta con la experiencia y los conocimientos necesarios para desempeñar sus funciones.

También cuestionó que se establezcan nuevas evaluaciones sin considerar los procedimientos de ingreso y las valoraciones previas a las que fue sometido el personal para ocupar sus puestos.

Según la JUFED, la aplicación de estos mecanismos representa una carga adicional de trabajo y genera incertidumbre entre los empleados, además de restar tiempo a sus actividades jurisdiccionales.

Paros y movilizaciones en al menos 17 entidades

Las protestas de este viernes se extendieron a instalaciones del PJF en al menos 17 entidades del país, con reportes de suspensiones de actividades, concentraciones de trabajadores, cierres de accesos y bloqueos en vialidades.

En la Ciudad de México se reportaron movilizaciones y suspensiones de labores en las sedes de San Lázaro, Ajusco, Las Flores y Prisma. También hubo protestas en vialidades como Insurgentes Sur.

En Nuevo León, trabajadores se concentraron en Monterrey, particularmente en el cruce de las avenidas Constitución y Cuauhtémoc. En el Estado de México se reportaron manifestaciones en Toluca, con afectaciones en avenidas principales.

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En Oaxaca, las movilizaciones alcanzaron la capital del estado y Salina Cruz; en Michoacán hubo protestas en Morelia y Uruapan, mientras que en Guerrero se reportaron concentraciones en Chilpancingo y Acapulco.

En Veracruz, las manifestaciones se extendieron a Coatzacoalcos, Xalapa y Boca del Río.

Los reportes también incluyeron sedes judiciales de Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez y Tapachula; Durango; Guanajuato; Hidalgo, en Pachuca; Jalisco, en Guadalajara y Zapopan; Morelos, en Cuernavaca; Nayarit; Puebla; Tabasco; Tamaulipas, en Ciudad Victoria y Tampico; Yucatán, y Quintana Roo, en Cancún y Chetumal.

De acuerdo con los reportes sobre las movilizaciones, las protestas abarcaron más de 20 sedes federales y, en algunos recuentos, hasta 40 instalaciones, donde los trabajadores recurrieron a cierres de accesos con cadenas y bloqueos viales para manifestar su rechazo al acuerdo.

OAJ niega que evaluación ponga en riesgo empleos

Ante las protestas, el Órgano de Administración Judicial difundió un comunicado este viernes en el que rechazó que el nuevo procedimiento ponga en riesgo los puestos de trabajo del personal de carrera judicial y aseguró que la primera evaluación no tendrá consecuencias sobre la permanencia de los empleados.

El organismo explicó que la evaluación del desempeño es una atribución constitucional del OAJ, prevista en el artículo 100 de la Constitución y establecida en los artículos 32 y 36 de la Ley de Carrera Judicial, por lo que su aplicación responde a un mandato legal.

En su pronunciamiento, afirmó que es falso que los exámenes programados para diciembre de 2026 puedan provocar despidos o la pérdida de plazas.

“El Acuerdo establece expresamente, en sus artículos transitorios Cuarto y Quinto, que esta primera evaluación será exclusivamente diagnóstica, no implicará aprobación ni reprobación y sus resultados no tendrán consecuencias individuales sobre la permanencia o separación del personal de carrera judicial”, indicó.

El OAJ explicó que el propósito de esta primera etapa es identificar las necesidades de capacitación de los trabajadores, fortalecer sus conocimientos profesionales y mejorar el servicio de impartición de justicia.

Además, precisó que la primera evaluación ordinaria con los efectos previstos en la legislación aplicable se llevará a cabo una vez que concluyan las acciones de capacitación correspondientes.

El organismo también reconoció el derecho de los trabajadores a expresar sus inconformidades y manifestó que respeta la libertad sindical, aunque sostuvo que la evaluación constituye una obligación legal que debe cumplirse.

“El OAJ reconoce y respeta la libertad sindical y el derecho de las personas trabajadoras a expresar sus inconformidades”, señaló.

Por último, ante la convocatoria al paro en distintas sedes judiciales, manifestó su disposición a mantener el diálogo con los trabajadores para implementar el procedimiento y proporcionarles las herramientas y la capacitación necesarias para el desempeño de sus funciones.