CNDH cuestiona al GIEI y excluye al Ejército en recomendación sobre Ayotzinapa
Tania Casasola · 9 de julio de 2026
A casi 12 años de la desaparición de 43 normalistas en Iguala, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 208VG/2026, un documento de 867 páginas sobre el caso Ayotzinapa en el que cuestiona los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), así como de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ) y de organizaciones civiles.
Según el organismo, dichas instancias impulsaron una narrativa que no contribuyó al esclarecimiento de los hechos y que alimentó una “antiverdad” para responsabilizar al Ejército de la desaparición de los estudiantes.
La nueva recomendación contrasta dos versiones. Por un lado, la “verdad histórica” de 2015 —presentada por el entonces titular de la PGR, Jesús Murillo Karam—, que sostenía que la normal estaba infiltrada por el crimen organizado y delegaba la responsabilidad en policías municipales.
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Por el otro, el documento menciona la narrativa de la “antiverdad histórica” que traslada la responsabilidad al Ejército bajo la premisa de una “acción de Estado” detonada por la presencia de militares infiltrados. “Sea una o sea otra ‘verdad’, se acaba criminalizando siempre a los estudiantes e incluso, en ambos casos, se acaba por trasladar la responsabilidad de los hechos a uno o a varios de ellos”, señala.
El documento reconoce violaciones graves a los derechos humanos, a la libertad, a la integridad física y a la vida, así como una deficiente procuración de justicia.
Víctimas reconocidas y el desglose de los 43
El organismo, encabezado por Rosario Piedra Ibarra, reconoce 92 víctimas de violaciones a derechos humanos (desaparición forzada, detención arbitraria, tortura y ejecuciones extrajudiciales). Sin embargo, respecto a los 43 normalistas, la CNDH sólo tipifica como desaparecidos a 40 de ellos, precisando que los tres restantes fueron víctimas de ejecución extrajudicial. Entre los casos de tortura destaca el de Julio César Mondragón, quien fue hallado sin vida y desollado del rostro.
La polémica por los folios de la Sedena
Uno de los puntos clave es la revisión de los 800 folios militares exigidos por las familias de las víctimas. Al respecto, la CNDH informó que, tras requerir la información a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la dependencia respondió que solo existen 10 archivos del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) de Iguala vinculados al caso.
Según la respuesta militar validada por la Comisión, los más de 800 folios reclamados no pertenecen al CRFI, sino a un registro consecutivo de la mesa de control del 27 Batallón de Infantería. Además, el documento detalla que el CRFI de Iguala inició operaciones el 8 de diciembre de 2015, es decir, 15 meses después de los crímenes de septiembre de 2014.
Exclusión de las Fuerzas Armadas y críticas al GIEI
A diferencia de la Recomendación 15VG/2018, este nuevo pronunciamiento está dirigido a múltiples autoridades federales, estatales y municipales de Guerrero, pero excluye explícitamente a la Sedena y a la Secretaría de Marina (Semar).
La CNDH concluyó que, aunque hubo presencia militar en Iguala las noches del 26 y 27 de septiembre de 2014, “no hubo participación de los elementos de la Defensa en ninguno de los eventos violentos contra los estudiantes, mucho menos la existencia de un plan de ‘contrainsurgencia’ o estrategia especial para el exterminio”.
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El organismo acota la responsabilidad militar a actos de omisión de carácter individual, por los cuales existen 20 elementos bajo proceso penal por delincuencia organizada y desaparición forzada.
Asimismo, la CNDH califica como “prácticamente nulos” los resultados de búsqueda del GIEI y acusa al grupo de utilizar una narrativa “sensacionalista” para imponer “agendas externas”, empeñándose en demostrar una “conspiración militar” de vigilancia minuto a minuto y una presunta obstrucción de información por parte de la Sedena.
El origen de la nueva resolución
Esta recomendación es el resultado de una queja interpuesta el 24 de junio de 2021 por un grupo de padres y madres de los normalistas, formalizada tras un acuerdo alcanzado en enero de 2020 con Rosario Piedra Ibarra para revisar la recomendación de 2018, la cual fue criticada por revictimizar a los estudiantes y validar la llamada “verdad histórica”.
Finalmente, el organismo afirma que este nuevo instrumento busca reivindicar a las normales rurales y a la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), históricamente criminalizadas. La CNDH concluye que sus resoluciones parten de un balance apegado a la realidad y plantea la necesidad de construir una atención “nacional y soberana” del caso, sugiriendo que la intervención de la asistencia internacional contribuyó al aplazamiento de la justicia.