Montaña Baja de Guerrero: los niños saben cómo suena una bala, pero no pueden ir a la escuela

La cancha de la comisaría de Alcozacán en el municipio de Chilapa de Álvarez está repleta de ollas enormes, humo y hombres armados. Ahí pasa las tardes Areli, una adolescente de 13 años que habla tan bajo que pareciera disculparse por cada palabra pronunciada.

Su madre cocina en este lugar para la gente del pueblo y también para los guardias de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (Cipog-EZ). La novedad es que a los comensales se sumaron ahora los elementos del Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal enviados tras los últimos ataques armados.

Mientras mueve el cucharón la mamá de Areli piensa en irse. No sabe a dónde. Nunca ha salido de esta franja en la Montaña Baja de Guerrero. Pero lo tiene claro: quedarse no es opción. “Aquí hay muchos problemas”, dice tímidamente. “Vivimos con miedo de que algo nos pueda pasar”.

Areli estudia el segundo año de secundaria en una región donde la violencia, la pobreza y el control territorial ejercido por grupos criminales, modifican incluso las aspiraciones más básicas de la infancia.

Desde hace semanas, las clases permanecen  interrumpidas en varias comunidades nahuas cercanas, como Tula, Xicotlán y Acahuetlán. Las y los pobladores  atribuyen los recientes ataques a “Los Ardillos”, una organización criminal que desde hace más de una década asedia y ejerce control en la zona mediante amenazas, agresiones armadas, bloqueos carreteros, asesinatos y desapariciones.

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Las cifras a ras de tierra sobre el éxodo de hace unos días —de familias que huían hasta de bombardeos con drones—, y que no se ha logrado revertir ni con la llegada de fuerzas del orden, contrastan con la narrativa oficial.

Mientras el gobierno federal reportó el retorno a Xicotlán de 118 personas desplazadas, integrantes de la policía comunitaria Cipog-EZ sostienen que son más de 500 las personas afectadas y fuera de sus hogares. La mayoría son menores de edad que interrumpieron su ciclo escolar.

De acuerdo con un vocero de la Cipog-EZ, cuya identidad se omite por seguridad, alrededor de 600 estudiantes de educación básica y media superior continúan sin clases, pues las y los docentes temen ir a las comunidades. Aunque el secretario de Educación de Guerrero, Ricardo Castillo Peña, aseguró que los alumnos rezagados podrían incorporarse temporalmente a otros planteles, los pobladores afirman que la propuesta no ha operado y que no existe un plan real para garantizar un regreso seguro a las aulas.

El sonido de las balas 

“Ahora los niños ya saben cómo suena una bala”. Lo dice Josefa —nombre ficticio para proteger su integridad— y resume una realidad devastadora en la región de la Montaña Baja de Guerrero.

Sus dos hijos, de cinco y diez años, llevan semanas sin ir a la escuela. Durante los días más intensos de los ataques de “Los Ardillos”, las ráfagas y explosiones se escuchaban durante horas. Los pequeños permanecían encerrados bajo la incertidumbre y el terror, mientras afuera se extendía el fuego.

“A los niños les dan miedo las balaceras”, dice Josefa bajito mientras observa a sus hijos correr alrededor de la mesa de su pequeña vivienda con vista a la montaña. Los maestros también les temen y por eso no vuelven.

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Para llegar a Alcozacán deben atravesar carreteras controladas por retenes improvisados de  hombres armados. A veces, ni siquiera los transportistas quieren subir a los pobladores por temor a las agresiones de los grupos criminales. En la Montaña Baja, conseguir comida o buscar transporte es una decisión que se puede pagar hasta con la vida.

Mientras, las autoridades sostienen que la situación está bajo control, tras el despliegue de más de mil elementos del Ejército, Guardia Nacional y Policía estatal en la zona, la sensación comunitaria es de  abandono. En poblados como Tula, uno de los más golpeados por el grupo delictivo, las calles están vacías. Las familias sólo regresan momentáneamente, escoltadas por la Guardia Nacional, para recoger documentos o revisar sus viviendas. El Centro Integrador del Bienestar, donde la población tendría que ser atendida para acceder a programas sociales y becas,se observa incendiado. El silencio de las ruinas contradice el discurso oficial de normalidad.

La pobreza como herencia en Guerrero

Otra habitante nahua de la zona, que también pide el anonimato, habla poco español y desconfía de las entrevistas. En una región fracturada, ser identificada puede costar la vida al cruzar hacia Chilapa, la cabecera municipal donde el control de “Los Ardillos” se ha incrustado en el comercio, el transporte local. Su hijo cursa la primaria, pero prefiere mantenerlo encerrado.

“Por lo menos aquí lo puedo vigilar”, justifica.

Para ella, la violencia actual es un síntoma de la miseria histórica. Tanto su madre como su padre fueron campesinos pobres. Ella lo es. Y su hijo probablemente repetirá ese destino debido al aislamiento forzado.

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Según datos oficiales del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Guerrero se mantiene en el segundo lugar nacional de una pobreza extrema que afecta a más de 21 % de la población. En el caso de las niñeces, la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) advierte que casi el 68 % de las niñas y niños del estado viven en condiciones de pobreza.“Hay veces que sólo comemos maíz con sal”, cuenta la mujer.

En estas comunidades, los adolescentes abandonan la escuela temprano. Trabajar la tierra no es una opción, sino una necesidad de supervivencia familiar. Pensar en una universidad o incluso sostener los gastos del bachillerato resulta imposible. El ciclo se repite desde hace décadas, oscilando entre el olvido institucional y el dominio de los poderes fácticos que controlan el territorio.

Crecer con miedo en la Montaña Baja

Areli parece haber entendido esa lógica demasiado pronto. Al preguntarle qué le gustaría hacer en el futuro, guarda un largo silencio. Dice que sabe trabajar la tierra y ayudar en el campo. Quizá, piensa, termine dedicándose a eso.

En Alcozacán existen dos primarias —una bilingüe en náhuatl y español—, un jardín de niños, una secundaria y un bachillerato. Sin embargo, mucho antes de esta última crisis, el calendario escolar ya estaba roto por los bloqueos y las amenazas del crimen organizado.

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La violencia en la Montaña Baja continúa desplazando familias, destruyendo viviendas y vaciando comunidades. Su efecto más devastador lleva silenciador: porque reduce lentamente el horizonte de vida de quienes crecen aquí. Mientras las autoridades educativas debaten coberturas, calendarios modificados y estadísticas, en estas comunidades el miedo reorganiza la rutina y la vida de sus pobladores.

Crecer en esta región de Guerrero significa aprender a distinguir el calibre de una bala, hablar en voz baja para no llamar la atención y aceptar que, para sobrevivir, a veces hay que renunciar a cosas valiosas, como los cuadernos y los lápices.