Redacción Animal Político · 13 de mayo de 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que fuerzas federales y estatales ingresaron a comunidades del municipio de Chilapa de Álvarez, en la región de la Montaña Baja de Guerrero, para “pacificar mediante el diálogo” y se buscará que permanezcan en la región para atender a personas desplazadas.
La Secretaría de Gobernación informó ayer que, tras una semana de ataques con armas de fuego y explosivos lanzados desde drones por parte del grupo delictivo “Los Ardillos”, autoridades tomaron el control de los pueblos bajo asedio criminal en dicho municipio.
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“Se permitió entrar a un grupo de la Guardia Nacional, la Defensa, con la coordinadora de la Comisión de Víctimas, Yuriria (Rodríguez), que la verdad es de primera. Ella se acercó a las personas, tuvieron asambleas; también un grupo de la Secretaría de Gobierno del Estado de Guerrero estuvo ahí“.
“Se acercaron a las personas desplazadas, hubo asambleas, se llevó alimentación y otros insumos, y a los heridos se les trasladó a los hospitales. Todos hasta el momento están bien. El objetivo es que no sea nada más en este momento y después retirarse, sino que se queden ahí ( las autoridades)”, señaló.
Gobernación reportó 120 personas desplazadas y seis lesionadas, y dio a conocer que los servicios de luz y telefonía en la zona fueron restablecidos y las carreteras liberadas, tras varios días de bloqueos.
La mandataria federal dijo que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, se trasladarán este miércoles a las comunidades para revisar personalmente la situación en la que se encuentran los habitantes.

Organizaciones civiles y autoridades comunitarias advirtieron que esta nueva ofensiva representa el punto más crítico de una crisis de violencia que lleva más de una década en la región, impulsada por el interés del crimen organizado en controlar rutas hacia la Montaña Alta y la Costa, y que ha encontrado resistencia en las guardias locales.
Las cifras de la policía comunitaria de la zona, Concejo Indígena Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ), elevan a más de ocho centenares, el número de personas de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán que tuvieron que dejar sus casas y comunidades a causa de los ataques.
En un primer momento, este 12 de marzo, el gobierno federal atribuyó la violencia a una disputa reciente entre dos organizaciones criminales.
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“La violencia y el asedio se derivan de grupos criminales que son ‘Los Ardillos’ y ‘Los Tlacos’. Se reforzó la seguridad de manera inmediata”, dijo el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, en conferencia matutina en Palacio Nacional.
No obstante, liderazgos comunitarios y defensores de derechos humanos que conocen la problemática en la región, rechazaron esa explicación. Aclararon que la violencia es directa en contra de las comunidades nahuas, con la finalidad de desplazarlas.
🗣️ “Lo importante es atender a la población y que pueda establecerse una condición de paz”, señala la presidenta Claudia Sheinbaum y confirma que los bloqueos en Chilapa de Álvarez, en la Montaña baja de Guerrero, se lograron remover gracias al diálogo. pic.twitter.com/E8R8Y1LzXJ
— Animal Político (@Pajaropolitico) May 13, 2026