Quiénes son "Los Ardillos", el grupo criminal que asedia la Montaña de Guerrero
Amiel Martínez · 18 de mayo de 2026
La violencia que desde inicios de mayo golpea diversas poblaciones de la Montaña Baja y Alta de Guerrero no es un estallido aislado, sino la consecuencia previsible de más de dos décadas de expansión criminal en el país; del arraigo territorial que han conseguido “Los Ardillos” en el estado y de la cohabitación —cuando no cooperación— entre autoridades municipales, estatales y este grupo criminal.
¿Pero quiénes son “Los Ardillos”? ¿Cómo fue que se convirtieron en un poder fáctico en esa zona del estado? Animal Político consultó a tres expertos para hacer una radiografía de la organización: el consultor en seguridad David Saucedo; el investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, el doctor Víctor Sánchez Valdés; y el abogado Carlos González García, integrante de la Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional Indígena (CNI).
Génesis y estructura: de los Beltrán Leyva a la autonomía
La organización delictiva “Los Ardillos” se conformó hace más de dos décadas —a inicios de los 2000— en Quechultenango, un municipio a 38 kilómetros de distancia de Chilpancingo, la capital del estado. Se llama así por el apodo del hombre ubicado como su fundador: Celso Ortega Rosas, un expolicía rural conocido como “El Ardillo”. Tras su fallecimiento en 2011, sus hijos asumieron el control del grupo.
“‘Los Ardillos’ y otros grupos criminales de Guerrero, Morelos, Oaxaca surgen a raíz del desmoronamiento de la estructura de los Beltrán Leyva”, recuerda David Saucedo. “Cuando el gobierno federal ataca a los Beltrán Leyva, estos se desmoronan: son asesinados, capturados, algunos extraditados… Los jefes de plaza de esta organización se independizan y de un ‘macrocártel’, surgen estas organizaciones: ‘Tlacos’, ‘Ardillos’, el Cártel Independiente de Acapulco…”, detalla el especialista.
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De acuerdo con el especialista, el grupo se habría alineado con los Beltrán Leyva entre 2005 y 2006, adquiriendo plena independencia tras la fragmentación del cártel matriz.
Carlos González García, integrante del Consejo Nacional Indígena, señala que en las comunidades de la región identifican que el liderazgo de la organización recae actualmente en los hermanos Ortega Jiménez, hijos de “El Ardillo”. Celso, conocido con el alias “La Vela”, es el dirigente principal y lo acompañan Jorge Iván, conocido como “El Barco“; Antonio, apodado “La Parota” y Bernardo.
Fuerza operativa y fragmentación criminal en el estado
La posición de “Los Ardillos” se inscribe dentro del panorama de alta fragmentación delictiva que caracteriza a la entidad. Según el abogado González García, citando datos de la DEA, el estado cuenta con 14 grandes grupos y más de 400 células operativas, lo que convierte a Guerrero en el estado con mayor fragmentación criminal del país.
En cuanto a su capacidad de despliegue, el doctor Sánchez Valdés ofrece un cálculo sobre la cantidad de personas reclutadas por la organización: “no hay una estimación, pero yo creo que no deben ser menos de 2 mil personas” las que integran actualmente a “Los Ardillos”.
Esta base operativa les ha permitido escalar en la jerarquía delictiva estatal. David Saucedo los ubica “dentro de los tres o cuatro primeros grupos por el número de municipios que tienen, su poder de fuego, su capacidad económica y su influencia política”.
Expansión territorial y la disputa por la minería
Aunque su bastión histórico y base operativa es el municipio de Quechultenango, vecino de Chilapa de Álvarez, “Los Ardillos” han logrado una expansión geográfica considerable hacia el centro y las regiones de la Montaña.
El doctor Sánchez Valdés precisa la magnitud de su alcance: “en la actualidad, tienen presencia en 29 de los 85 municipios de Guerrero”. Saucedo, por su parte, menciona que este control lo han ido ganando gradualmente, destacando municipios como Chilapa, Chilpancingo, Juan R. Escudero, Quechultenango, Tecoanapa, Tixtla y José Joaquín de Herrera.
La economía del grupo ha sufrido una metamorfosis obligada, debido a cambios en el mercado internacional de drogas. Carlos González García explica que la caída drástica del precio de la goma de opio por la introducción del fentanilo empujó a la organización a buscar nuevas fuentes de ingresos. “De estar en 40 mil pesos el kilo, bajó a 25 mil y actualmente está en 2 mil”, refiere González García. Esta situación impulsó al grupo hacia la extorsión de empresarios, campesinos, taxistas y comerciantes, así como el control del transporte público, el robo de ganado y vehículos.
Un factor estratégico clave en la violencia actual es el interés en la minería. González García detalla que en la región se explota principalmente oro y plata, además de minerales críticos para nuevas tecnologías y la industria armamentista. “Hay proyectos importantes en operación o en construcción, como El Limón Guajes y Media Luna de Torex Gold; Los Filos, de Goldcorp y Equinox Gold, en Carrizalillo. En total hay 15 concesiones mineras en La Montaña y 14 en la Costa Chica”, explica el abogado.
González García recordó además que, de acuerdo con la policía comunitaria Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (Cipog-EZ), el interés minero es también el trasfondo de los más recientes ataques perpetrados por “Los Ardillos” contra comunidades del municipio de Chilapa, que iniciaron el pasado 6 de mayo. Tal argumento fue expresado públicamente por el dirigente de la Cipog-EZ, Jesús Plácido Galindo, quien denunció que la violencia busca facilitar el control territorial en zonas de interés para proyectos extractivos.
Tácticas de terror y el legado de Los Zetas
La naturaleza de la violencia ejercida por “Los Ardillos” tiene un trasfondo histórico de confrontación extrema. David Saucedo explica que la organización heredó y adoptó métodos de terror debido a la confrontación que sostuvieron con “Los Zetas“, que intentaron apoderarse de Guerrero años atrás.
“‘Los Zetas’ eran particularmente sanguinarios y ‘Los Ardillos’, para igualar esta temeridad, cometen el mismo tipo de actos. El asesinato y decapitación del alcalde de Chilpancingo fue perpetrado por ‘Los Ardillos’ con una teatralidad sumamente sanguinaria, como un mensaje y advertencia a los demás alcaldes de Guerrero”, señala Saucedo.
Alejandro Arcos Catalán, alcalde electo de Chilpancingo por la coalición PRI-PAN-PRD, fue asesinado el 6 de octubre de 2024, seis días después de haber asumido el cargo. Cuando su cuerpo fue hallado con huellas de violencia en una camioneta abandonada, autoridades señalaron que el crimen había sido perpetrado por el grupo criminal “Los Ardillos”.
Condeno de manera enérgica el homicidio del Presidente Municipal de Chilpancingo, Alejandro Arcos Catalán, hecho que la Fiscalía General del Estado ha confirmado, dando inicio a las investigaciones pertinentes para su esclarecimiento y para llevar a los responsables ante la…
— Evelyn Salgado Pineda (@EvelynSalgadoP) October 7, 2024
Esta necesidad de ser “mediáticos” y notorios no es casual. El doctor Sánchez Valdés coincide en que el grupo comete excesos en el ejercicio de la violencia de forma más recurrente que otras organizaciones delincuenciales y lo expone intencionalmente.
David Saucedo refuerza esta idea al señalar que “Los Ardillos” se saben impunes. Desde hace tiempo han cometido eventos de alto impacto sin una reacción contundente del gobierno federal. “Cuando decapitaron al alcalde de Chilpancingo, circuló la imagen en todo el mundo y no ocurrió absolutamente nada. Al no haber contención, ellos se saben fuertes y se sienten intocables“, afirma el consultor. Ante la tibieza de la respuesta oficial, para “Los Ardillos”, actos como el bombardeo a poblados utilizando drones, parecieran configurar “eventos menores”.
Dentro de este catálogo de violencia, David Saucedo identifica la puesta en marcha de una estrategia de “tierra quemada”, importada de conflictos civiles centroamericanos y perfeccionada por organizaciones criminales en Michoacán.
“’Los Ardillos’ están aplicando esta táctica desde hace al menos un año, atacando comunidades y forzando su desplazamiento”, explica. El objetivo, añade, es desmontar el apoyo logístico y la base social de las guardias comunitarias que les hacen frente, mediante el incendio sistemático de pueblos enteros.
Resistencia comunitaria y enfrentamientos
Frente al avance de “Los Ardillos” y sus tácticas de asedio, diversas comunidades optaron por la autodefensa. González García ubica la consolidación de las policías comunitarias, como la CRAC Pueblos Fundadores y el Cipog-EZ, alrededor del año 2016. La razón de su creación fue la resistencia a las imposiciones delictivas. “El cártel quería obligar a las comunidades a sembrar amapola. Este va a ser un primer punto de choque entre algunas comunidades, que van a formar policías comunitarias para no caer bajo la bota de este cártel o de ‘Los Rojos’“.
Esta resistencia ha derivado en enfrentamientos directos y violentos que el integrante del CNI detalla: el 26 de noviembre de 2015 en El Fortín, Tixtla; en enero de 2019 en los límites de Chilapa y José Joaquín de Herrera, con un saldo de 12 muertos; en octubre de 2019 en Rincón de Chautla; y en enero de 2020, episodio marcado por el asesinato de 10 músicos y 4 concejales del Congreso Nacional Indígena.
Control presupuestal, base social y la estrategia de diálogo
Una de las aristas más complejas del poder de “Los Ardillos” es el control que ejercen sobre la administración pública y su capacidad de movilización social. Carlos González García explica que el grupo no solo tiene dominio territorial, sino que ha capturado las finanzas locales.
“Tienen el control del presupuesto y han generado una base social”, indica.
Este dominio del presupuesto municipal —explica—, les permite mantener una estructura de apoyo entre sectores de la población, que son utilizados para realizar bloqueos y presionar a las autoridades.
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Esta realidad y la actual crisis en Chilapa —donde en días pasados pobladores desplazados comenzaron a regresar a sus comunidades—, no corresponde a la respuesta que han dado las autoridades, afirma González García.
La estrategia de la Secretaría de Gobernación ha consistido en sentar a dialogar a las partes en conflicto para levantar los bloqueos que —de acuerdo con el abogado—, fueron llevados a cabo precisamente por esta base social del cártel.
“El gobierno quiere sentar en la mesa de diálogo a los pueblos agredidos con esta base social que tienen ‘Los Ardillos’, pero nosotros decimos que a los criminales se les procesa, no se dialoga con ellos“, sentencia el integrante del CNI, quien considera que bajo esta lógica, las autoridades federales y estatales actúan más como mediadores que como fuerzas de seguridad.
“Lo que ha hecho el gobierno estatal es convertirse en una especie de árbitro con los grupos criminales para establecer límites territoriales y resolución de conflictos. No combaten, no persiguen, no detienen; lo que hacen es regular la actividad criminal, administrarla”, advierte David Saucedo.
Infiltración política y la impunidad de los líderes
La permanencia de “Los Ardillos” se explica también por su profunda infiltración en las instituciones. David Saucedo sostiene que el grupo comenzó a financiar candidatos para controlar las policías locales y que hoy la infiltración es tolerada y permitida por el propio gobierno del estado.
González García aporta ejemplos concretos y a la vista de esta imbricación: Bernardo Ortega Jiménez ha sido presidente municipal de Quechultenango y presidente del Congreso del estado por el PRD. Asimismo, la actual alcaldesa de Chilapa, Mercedes Carballo Chino, es cuñada de Celso Ortega.
Sobre el hecho de los líderes del grupo no hayan sido capturados, a pesar de tener una ubicación conocida —de acuerdo a organizaciones comunales en la región—, Saucedo explica que las autoridades evitan operativos directos por temor a las consecuencias sociales y el costo en vidas.
“El costo de un operativo de este tipo implica que rápidamente pueden movilizar a sus propias comunidades y pueblos para bloquear la entrada de fuerzas de seguridad. Habría un costo de vidas civiles muy alto, más o menos lo mismo que ocurrió con Ovidio en el ‘culiacanazo’. “Implicaría como tal una masacre y eso es lo que el gobierno federal no quiere realizar”.
El “culiacanazo” fue el operativo fallido del 17 de octubre de 2019 en Culiacán, Sinaloa, cuando fuerzas federales detuvieron a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, pero terminaron liberándolo después de que el Cártel de Sinaloa desatara bloqueos, incendios y ataques armados en distintos puntos de la ciudad. La magnitud de la reacción violenta llevó al gobierno federal a revertir la captura para evitar mayores pérdidas civiles.
El asedio reciente en la Montaña: San Pedro Huitzapula
Desde el 6 de mayo de 2026, se registraron ataques en comunidades de Chilapa, en la Montaña Baja. Paralelamente, la comunidad me’phaa de San Pedro Huitzapula, en el municipio de Atlixtac (Montaña Alta), denunció un asedio que, para el 14 de mayo de 2026, sumaba 17 días bajo fuego constante.
Según testimonios recopilados por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, más de 300 civiles armados vinculados a “Los Ardillos” han atacado el pueblo de la región de la Montaña Alta con balas y explosivos lanzados desde los cerros.
“Es una desesperación, no dormimos día y noche. Las bombas que caen son grandes y destrozan las casas. En un día caen alrededor de 20 bombas”, relató una mujer refugiada en la comisaría municipal. El 12 de mayo de 2026, la violencia resultó en la quema de cuatro viviendas y el asesinato de un habitante, Antonio Reyes de la Cruz, quien fue atacado mientras cuidaba a sus animales en su parcela.
Inacción gubernamental y diagnóstico de fondo
A pesar de la gravedad de los ataques en San Pedro Huitzapula, los habitantes han denunciado la falta de respuesta efectiva de las fuerzas federales apostadas en la zona. Aunque existen patrullas del Ejército adscritas a la Base de Operaciones Interinstitucionales (BOI), los pobladores afirman que los militares se han limitado a observar: “no hacen nada y en presencia de ellos han caído bombas. Lo único que nos dicen es que no tienen personal y que no pueden hacer nada“, denunciaron.
El diagnóstico de los especialistas consultados apunta a una crisis estructural. El doctor Víctor Sánchez Valdés califica la respuesta gubernamental actual como “un parche temporal, más que una medida de largo aliento y sostenible en el tiempo”.
Carlos González García advierte que la política de diálogo de la Secretaría de Gobernación no resolverá la violencia mientras no se ataque la raíz del poder criminal. “Si el cártel de ‘Los Ardillos’ no es desarticulado, si no se rompe su nexo con la política y no hay un plan para la permanencia de las corporaciones de seguridad, no se va a arreglar esto”.