Guardianes del territorio CDMX: barrancas de La Magdalena Contreras, en pugna por línea del Cablebús

En lo que fue el cauce natural de la Barranca Anzaldo, uno de los pulmones más elevados de la alcaldía La Magdalena Contreras, el gobierno de la Ciudad de México avanza con la construcción de la Línea 5 del Cablebús. La obra no se detiene, a pesar de contravenir un decreto de 2011 que prohíbe cualquier edificación en esta zona, considerada Área de Valor Ambiental (AVA).

Autoridades capitalinas han desplegado operativos con la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) y la Guardia Nacional (GN) para colocar sellos de clausura en viviendas. La amenaza que se vierte sobre las familias del pueblo originario de San Bernabé, que viven aquí hace más de 40 años, es que sus casas podrían ser demolidas; “estorban” para la colocación de los pilotes de concreto que sostendrán este nuevo transporte masivo.

La tensión humana por la crisis de vivienda cruza la del entorno natural y se percibe con todos los sentidos. En este paraje —donde la naturaleza moldeó con el tiempo una hendidura para captar lluvia, recargar acuíferos y regular la temperatura de la ciudad—, ahora dominan las láminas metálicas, la maquinaria pesada y las lonas que anuncian la futura estación “Oasis”.

Esta línea del Cablebús tiene una particular importancia para la administración de la jefa del gobierno capitalino, Clara Brugada, pues se trata de un megaproyecto de teleférico de 15.7 kilómetros de distancia, proyectado para conectar las alcaldías La Magdalena Contreras, Álvaro Obregón y Benito Juárez, para convertirse en “el más largo del mundo”.

Ante estas circunstancias, en el pueblo se ha ido fortaleciendo un núcleo de resistencia ciudadana. Es atípico, pues a diferencia de la organización comunitaria masiva en Milpa Alta o Xochimilco, el movimiento aquí es pequeño, pero persistente. Contrasta en magnitud con el tamaño de la obra que enfrenta y con el hostigamiento administrativo que trastoca la vida de quienes habitan aquí.

La defensa del territorio en San Bernabé recae en el Colectivo Pueblos y Voces de la Barranca, un grupo conformado por una docena de personas que, desde el año 2000, hace labores voluntarias de limpieza y reforestación en la zona. En 2021 formalizaron su organización y se convirtieron en los guardianes oficiales de estas cañadas.

El decreto de 2011: biodiversidad en riesgo ante el avance del cemento

El 21 de diciembre de 2011, la Barranca Anzaldo fue declarada Área de Valor Ambiental mediante un decreto publicado en la Gaceta Oficial del entonces Distrito Federal. La declaratoria buscaba proteger el hábitat de especies amenazadas en la zona, como la culebra de agua (Thamnophis melanogaster) y el ave endémica Atlapetes pileatus.

“Estos ecosistemas tienen una gran riqueza”, afirma Irene Salvador Escobedo, agrónoma de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM Xochimilco) e integrante del colectivo. Mientras habla, su voz se suma a la disputa sonora, entre el canto de las aves y el ruido pertinaz de las máquinas. Irene asegura que gracias a las labores de restauración que han impulsado, actualmente en la barranca pueden avistarse hasta 15 especies de aves, como halcones y águilas, además de cacomixtles.

El cuidado del agua es otra de sus misiones. Entre las actividades del colectivo, está la limpieza frecuente del pequeño riachuelo local para asegurar que el agua siga su curso por la barranca. Al contar esto, Irene recurre a datos oficiales de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) para sustentar la importancia de este quehacer.

Esta instancia indica que el 60 % del agua de la Ciudad de México proviene de zonas de infiltración como estas barrancas. Por ello, defiende la aplicación del Artículo Décimo Tercero del decreto, que prohíbe estrictamente cualquier obra dentro del polígono protegido.

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Dicha disposición no parece respetarse en esta zona.  En respuesta a una solicitud de transparencia del colectivo, la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX (Sedema), reconoció apenas en abril pasado los límites de este polígono, donde las obras de la Línea 5 siguen avanzando sin importar que sea un área protegida.

Mientras camina mostrando la zona afectada, la activista Irene Salvador menciona otra omisión institucional: el decreto de 2011 otorgaba 180 días a la Sedema para publicar un “Programa de Manejo”. Han pasado 14 años y las reglas específicas del lugar nunca se publicaron.

En febrero de 2026, la dependencia admitió por escrito que, a falta de dicho programa, utiliza el decreto general para regular la zona, lo que deja vacíos legales que favorecen las obras gubernamentales.

El acceso a la barranca está ahora cercado por láminas y lo que solía ser un oasis refugio de biodiversidad y frescura en plena ciudad se está transformando en la estación homónima del Cablebús, con escombros y maquinaria pesada.

Hostigamiento en San Bernabé Ocotepec: una justicia desigual

A unas calles de donde se construye la estación “Oasis” del Cablebús, personal del gobierno de la Ciudad de México acudió a diversas viviendas para colocar letreros que, en letras mayúsculas de color guinda, dicen: “CLAUSURADO”.

Las familias afectadas argumentan que habitan esta zona desde mucho antes del decreto ambiental, pero eso no importó: sus casas son irregulares.

El 17 de diciembre de 2025, la Dirección General de Inspección y Vigilancia Ambiental (DGIVA) clausuró al menos 10 viviendas. Para enero de 2026, se les notificó que serían derribadas supuestamente por “afectar el área de valor ambiental”.

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Para los vecinos, detrás de esto prevalece una contradicción insalvable. “¿Por qué a la empresa del Cablebús sí se le permite construir y a nosotros no?”, cuestiona Irene, al denunciar el impacto que tendrá la perforación del suelo pluvial para construir la obra pública.

La tensión social aumentó el pasado 5 de marzo debido a un operativo de la Guardia Nacional y la Sedema en las casas clausuradas. El Colectivo Pueblos y Voces de la Barranca interpreta estas acciones de parte de las autoridades como una táctica de intimidación para despejar el terreno sin tener que hacer una consulta previa e informada como corresponde al tratarse de un pueblo originario.

Esta “violencia institucional” ha provocado un conflicto legal y una crisis de salud mental en la comunidad, que vive bajo el temor constante del desalojo.

Propuestas ignoradas: el rescate que no llega

Las autoridades justifican la clausura de viviendas bajo la aplicación de un supuesto “Programa Integral de Rescate de Barrancas”. Sin embargo, los vecinos descubrieron, vía transparencia, que dicho programa se redujo a unas cuantas jornadas de limpieza en 2025.

“Ese programa no tiene recursos, infraestructura ni personal”, advierte Irene Salvador. Al igual que ella, el resto de integrantes del Colectivo fueron reconocidos como “Guardianes de la Barranca” por la propia Sedema, bajo la condición de trabajar sin presupuesto ni nómina.

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Desde esa posición —subraya la activista— han presentado una contrapropuesta a las autoridades. Pueblos y Voces de la Barranca no se opone a la movilidad —explica— pero sí quiere evitar un daño al ecosistema que resguardan celosamente.

Su idea es que la estación Oasis pueda reubicarse y se construya frente a la Universidad Rosario Castellanos, que está a tan solo unos metros de ahí. No obstante, hasta ahora, las respuestas de parte de las autoridades respecto a su propuesta  han sido evasivas.

Consecuencias ambientales: la memoria de los ríos

Joaquín, otro integrante del colectivo, nos guía mientras recoge basura. Relata que la barranca ha sufrido décadas de invasiones y lotificaciones ilegales que han erosionado el suelo.

Pese a todo, el grupo se empeña en seguir plantando árboles y en crear terrazas para frenar la erosión. Para Joaquín, la crisis de la Barranca Anzaldo es un síntoma de un problema global de indiferencia ambiental.

El defensor del territorio lanza una pregunta a la jefa de gobierno, Clara Brugada: “¿Qué es más importante: una obra de movilidad o un medio ambiente que garantice nuestra supervivencia?”.

El daño ocasionado por las obras comienza a ser  tangible —asegura—, pues la pavimentación de la barranca ya causa inundaciones y colapsos en el drenaje. “Los ríos tienen memoria y suelen reclamar su paso natural”, sentencia.

Al final del recorrido, una lona oficial destaca que el proyecto conectará la zona con el Cetram Mixcoac. El mensaje oficial contrasta con los carteles reciclados del colectivo: “Vivamos con la barranca, no en contra de ella”. Hoy esos mensajes resisten bajo el estruendo de las máquinas que perforan el territorio protegido.