Animal Político · 6 de septiembre de 2026
Tijuana.- El Gobierno de Baja California inspeccionará todos los centros de rehabilitación vinculados con la Patrulla Espiritual tras descubrir irregularidades en la atención a los internos en la clínica cateada el viernes en la Colonia Mariano Matamoros.
“Las autoridades mantendrán la supervisión de los centros de rehabilitación, incluidos aquellos relacionados con la denominada ‘Patrulla Espiritual’, con base en criterios técnicos y legales aplicables a cualquier establecimiento”, informó mediante un comunicado la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris).
“El objetivo es garantizar que quienes atraviesan por un proceso de rehabilitación reciban atención segura, digna y respetuosa de sus derechos” se agrega en el comunicado.

El cateo al Centro de Rehabilitación Jireh, ubicado en la colonia Mariano Matamoros, fue realizado por personal de la Coepris, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California, la Fiscalía General del Estado, la Guardia Nacional, la Secretaría de Salud y el Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California (IPEBC).
Obedeció, agregó la dependencia estatal, a las investigaciones por el homicidio, registrado en agosto, de un joven de 28 años, quien tenía tres días internado a petición de sus familiares.
“La víctima ingresó el 18 de agosto y fue localizada sin vida tres días después. El Servicio Médico Forense determinó como causa de muerte asfixia mecánica y documentó más de 40 lesiones recientes”, indicó la Coepris.
Por el crimen la Fiscalía General del Estado cumplimentó dos órdenes de aprehensión; un tercer involucrado está prófugo.
Durante el cateo, informó la dependencia, las autoridades descubrieron irregularidades en el manejo de los tratamientos, a manos de los integrantes de la llamada Patrulla Espiritual, liderada por esús Ignacio Osuna, conocido como “Chikilín”.
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“La Coepris documentó incumplimientos a la normatividad aplicable y determinó la suspensión temporal de sus actividades (de la clínica)”, se dio a conocer este sábado.
Las personas internadas en la clínica fueron atendidas por médicos y psiquiatras para conocer su estado de salud.
“Al momento de la intervención se encontraban personas internadas en el establecimiento, por lo que las acciones se desarrollaron priorizando su integridad, estado de salud y derecho a recibir atención en condiciones seguras y dignas”.
“El Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California (IPEBC) ofreció el servicio de traslado a las personas internas a otros centros de atención”, se aclaró en el comunicado.
Sin embargo, las autoridades no precisaron el número de internos que había en el inmueble y a donde fueron trasladados.
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Se identificaron, detalla la Coepris, deficiencias en las condiciones de atención, incumplimientos sanitarios e irregularidades en los mecanismos para acreditar el consentimiento de las personas internas.
“Estos hallazgos dieron lugar a la suspensión del establecimiento, conforme a las atribuciones de la autoridad sanitaria. La suspensión constituye una medida administrativa sustentada en los resultados de la verificación sanitaria”, acotó la dependencia.
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De acuerdo con los informes, y fotografías difundidas por el Gobierno de Baja California, un hombre fue puesto bajo custodia por la Policía y remitido al Ministerio Público.
“Durante la diligencia también fue detenida una persona que fungía como escolta en el lugar, debido a que portaba un arma de fuego sin acreditar que contaba con el permiso correspondiente. La persona fue puesta a disposición de la autoridad competente para determinar su situación jurídica” se precisa en el comunicado.
