Autoridades van con todo el peso de la ley contra Patrulla Espiritual

Tijuana.- Un gran despliegue de agentes estatales y federales se registra la tarde de este viernes en la clínica de rehabilitación Jireh, vinculada a la denominada Patrulla Espiritual, ubicada en la colonia Mariano Matamoros, para suspender las actividades del establecimiento.

Alrededor de 200 uniformados, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California, Fiscalía General del Estado y Secretaría de Marina mantienen presencia dentro y fuera del centro de rehabilitación. Han establecido un perímetro y no dejan que ninguna persona se acerque.

Personal del centro informó que se encuentran en revisión por elementos de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) que se cumpla la normatividad para operar; aseguran que cuentan con la documentación en regla.

Sandra, conocida como “La Madrina”, dijo temer por el destino de las personas que estaban en rehabilitación. “Van a cerrar (el centro) y los vas a mandar a la calle (a los internos)”, comentó durante el operativo de las autoridades.

Justo en el cordón de seguridad de los policías, frente al centro de rehabilitación, familiares de internos llegaron para conocer qué sucedía; comentaron que es el único lugar donde aceptan a sus enfermos en adicciones pues no existen espacios o centros públicos.

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Sabían que iban contra la clínica

Previo al operativo de las fuerzas de seguridad, el anuncio de la clausura fue realizado por Jesús Ignacio Osuna, conocido como “Chikilín”, mediante un video en redes sociales en el que reconoció que ocurrió un hecho grave dentro del centro, aunque sostuvo que existen personas responsables que deberán enfrentar su proceso legal.

El homicidio de Pimentel derivó en la detención y posterior vinculación a proceso de Mario Antonio y Anthony, empleados del centro de rehabilitación, señalados por su presunta participación en la agresión contra el paciente. De acuerdo con la información del caso, un tercer involucrado, identificado con el apodo de “Kosala”, permanece prófugo, pero ya es buscado por las autoridades.

Exceso de fuerza causa la muerte

Según las investigaciones referidas, los hechos ocurrieron alrededor de las 16:30 horas del 21 de agosto, cuando los implicados intentaron contener físicamente a Richard Damián Pimentel. La víctima murió por asfixia y presentó múltiples lesiones derivadas de la agresión.

A 14 días del homicidio, Osuna informó que elementos de la Guardia Nacional y de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana acudirían al establecimiento para proceder con su suspensión.

En el video, Osuna aseguró que el centro cuenta con documentación para operar y mostró ante la cámara varios folders que, dijo, contenían el aviso de funcionamiento, así como documentación relacionada con el responsable sanitario y un psiquiatra.

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Se lava Osuna las manos

Sin embargo, también se deslindó de la responsabilidad directa por lo ocurrido;  señaló a Sandra y Gerardo Alexis Molina Lugo como responsables legales de las cinco clínicas Jireh que operan en Baja California.

“Yo estoy consciente de que pasaron cosas, pero hay culpables y esos culpables van a cumplir su proceso”, manifestó.

El dirigente de la Patrulla Espiritual pidió además a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda que los pacientes internados en los centros de rehabilitación no quedaran desamparados ante el cierre de la clínica.

Durante su mensaje utilizó el término “tazos dorados” para referirse a las personas con adicciones que permanecen bajo atención de los centros, y solicitó que se permita a los responsables de Jireh regularizar cualquier situación pendiente.

Bajo la lupa actuar de Patrulla Espiritual

El caso ha puesto nuevamente bajo escrutinio los métodos utilizados por la Patrulla Espiritual y las condiciones en las que operan algunos centros de rehabilitación para personas con problemas de adicciones.

Uno de los puntos que permanece bajo cuestionamiento es el perfil y capacitación del personal que participa en la atención y contención de los internos. De acuerdo con los señalamientos relacionados con el caso, los involucrados en la muerte de Pimentel habrían sido pacientes previamente rehabilitados que posteriormente permanecieron como colaboradores del centro, sin una relación laboral o contractual formal y sin capacitación especializada para atender a personas con adicciones.

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La situación genera interrogantes sobre los protocolos de intervención utilizados dentro de la clínica, particularmente en casos de crisis, contención física y atención de personas con problemas de salud mental o consumo de sustancias.

Mientras continúa el proceso penal contra los dos detenidos y la búsqueda del tercer presunto implicado, las autoridades deberán determinar las condiciones legales y sanitarias bajo las cuales operaba el establecimiento y las responsabilidades que correspondan por el funcionamiento del centro.