Patrulla Espiritual y Tijuana Decide llevan su conflicto a lo legal
Ana Lilia Ramírez · 1 de septiembre de 2026
Un conflicto entre integrantes de las páginas de internet “La Patrulla Espiritual” y “Tijuana Decide”, que se ha prolongado durante varios meses, escaló este lunes a un enfrentamiento físico y aparentemente legal, con amagos de denuncias entre ambas partes ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California, sin que mostraran los documentos formales.
El incidente inició cuando un colaborador identificado como Roberto Ramírez, de “Tijuana Decide”, realizaba grabaciones en un domicilio del Centro de Rehabilitación Jireh de la Ejido Mazatlan, en Playas de Rosarito.
En una transmisión difundida en redes sociales, una mujer identificada como Sandra, también conocida como “La Madrina” y vinculada con el Centro de Rehabilitación Femenil Jireh, acusó al comunicador de acosarla y seguirla para grabar sin su consentimiento, señalando que en ese momento se encontraba con su hijo menor.
“Esta persona de ‘Tijuana Decide’ se ha estado metiendo conmigo y mi familia (…) se la pasa siguiéndonos”, manifestó durante la transmisión.
¿Qué pasó en Rosarito?
Al sitio acudieron agentes de la Policía Municipal, quienes detuvieron a Roberto Ramírez por un percance vial, luego de que chocaran los autos de ambas partes. Lo trasladaron a la estación de policía ubicada en la calle Juan Vicario, en la colonia Benito Juárez.
Posteriormente arribaron al lugar decenas de personas provenientes de centros de rehabilitación vinculados con “La Patrulla Espiritual”, lo que generó tensión en las inmediaciones de la estación policial y un enfrentamiento en el que, de acuerdo con las versiones difundidas, hubo agresiones.
Durante la trifulca también resultó golpeado Sergio Alberto Madero, colaborador del portal “Blanco y Negro”, quien se encontraba en el sitio realizando una transmisión y documentando lo ocurrido.
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Desde “Tijuana Decide”, Roberto Ramírez sostuvo que acudió este martes ante la FGE para presentar una denuncia por lesiones y por presuntas restricciones a su labor como comunicador, pero al cierre de esta edición se encontraba en el trámite y no proporcionó el número de denuncia formal.
El colaborador afirmó que previamente había acudido al Centro de Rehabilitación Femenil Jireh, ubicado en la colonia Ejido Mazatlán, para documentar una queja ciudadana relacionada con un supuesto caso de maltrato. Según su versión, al salir del lugar fue seguido por personas que posteriormente habrían impactado su vehículo.
“El Chiquilín” responde a “Tijuana Decide”
Por su parte, Jesús Ignacio Osuna Torres, conocido como “El Chikilín”, uno de los líderes del grupo de rehabilitación, rechazó que Roberto Ramírez sea periodista y acusó a “Tijuana Decide” de difundir información que, a su consideración, resulta difamatoria contra integrantes de “La Patrulla Espiritual”.
En una transmisión en vivo, Osuna Torres anunció que, por su parte, también emprendería acciones legales y afirmó contar con evidencia para sustentar sus acusaciones. “Pseudoreporteros, pseudoperiodistas o, no sé cómo se le podrá llamar a esas personas que nada más están difamando. (…) Pero ya tengo sus caras y puedo proceder legalmente”, completó.
Además, afirmó en el mismo video que al conflicto llegaron personas “que no me representan, que no tienen nada qué ver con ‘Chikilin Patrulla Espiritual’, pero todo es nota conmigo, mis respetos para todos los reporteros que se la andan rifando, que buscan la nota”, añadió. Argumentó que, si hubo un enfrentamiento físico, era responsabilidad de las autoridades frenar las agresiones.
La pugna entre ambos grupos se ha dado principalmente a través de publicaciones y transmisiones en redes sociales, en las que intercambian acusaciones y señalamientos relacionados con las actividades de “La Patrulla Espiritual” y los contenidos difundidos por “Tijuana Decide”.
Alcaldesa llama a resolver el conflicto por la vía institucional
Ante los hechos, la alcaldesa de Playas de Rosarito, Rocío Adame Muñoz, consideró que el conflicto debió resolverse por las vías institucionales y no mediante la intervención de grupos de personas.
La presidenta municipal señaló que el origen del incidente habría sido un percance vehicular y posteriormente ambas partes solicitaron apoyo de personas allegadas. “Hubo un incidente automovilístico y de ahí se desarrolló una serie de cosas. Ambas partes llamaron a sus refuerzos”, declaró.
Adame Muñoz llamó a privilegiar el diálogo entre las partes y señaló que cada involucrado tiene derecho a defenderse, pero consideró que el caso debió permanecer en el ámbito de las autoridades. “Ante el juez calificador, ahí se tenía que haber resuelto y no meter a otras personas”, sostuvo.
La alcaldesa también reconoció que cualquier falta de respeto o agresión hacia elementos policiacos debe ser tomada con responsabilidad, aunque descartó calificar el episodio como una amenaza.
El enfrentamiento elevó así un conflicto que comenzó en redes sociales convertido en un asunto legal, con supuestas denuncias y acusaciones cruzadas entre los involucrados.