Baja California sufre una década de rezago en desarrollo urbano

Baja California acumula casi una década de rezago normativo en urbanismo, debido a que desde la publicación de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano en 2016, el estado no ha completado la actualización de sus leyes locales, cuyo plazo de armonización venció en 2018.

La falta de actualización afecta directamente la manera en que se organizan los municipios, de acuerdo con especialistas de la Asociación Mexicana de Urbanistas en Baja California (AMU-BC). La situación provoca que las autoridades trabajen con instrumentos antiguos y tomen decisiones sobre movilidad, vivienda, infraestructura y crecimiento urbano sin una planeación actualizada.

Rosa Sánchez Martínez, presidenta de la AMU-BC, señaló que el problema no es la falta de estudios, sino la falta de continuidad en los proyectos urbanos. La especialista explicó que las ciudades están “sobreestudiadas”, pero muchas propuestas no avanzan cuando cambia una administración, provocando que los proyectos tengan que comenzar de nuevo.

Ensenada muestra uno de los casos más graves de rezago, pues su Plan Municipal de Desarrollo Urbano data de 1980 y, según el diagnóstico presentado por especialistas de la AMU-BC, el documento físico todavía está “escrito a máquina”. Además, el municipio cuenta con aproximadamente 2 metros cuadrados de áreas verdes por habitante, frente a los 9 metros cuadrados señalados como referencia, comentó Javier Sandoval, secretario general de la AMU-BC.

La inoperancia se refleja en rezago para los municipios

La falta de instituciones funcionales también afecta la planeación estatal, explicó a su vez Sánchez Martínez. Aunque el Instituto Estatal de Planeación existe legalmente desde 2012, la especialista señaló que no opera físicamente, por lo que funciones de planeación son asumidas por el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (COPLADE) y la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (CIDUE) sin una responsabilidad rectora clara. Esto permite que cada municipio actúe principalmente según sus necesidades inmediatas.

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El rezago también se refleja en San Quintín, donde la falta de un programa propio de desarrollo urbano dificulta ordenar su crecimiento, de acuerdo con especialistas de la AMU-BC. El municipio tiene una población estimada de 250 mil habitantes y zonas con 0% de drenaje sanitario, mientras la asociación busca impulsar una planeación coordinada que permita dar continuidad a los proyectos urbanos más allá de los cambios de gobierno.