Muerte de joven en centro de rehabilitación poner bajo la lupa métodos de la Patrulla Espiritual
Ana Lilia Ramírez · 1 de septiembre de 2026
Tijuana. Con el dolor de haber perdido a su hijo, los padres de Richard Damián, de 28 años, acudieron el pasado 23 de agosto al Servicio Médico Forense (Semefo) para reclamar su cuerpo. El joven murió el 21 de agosto dentro del centro de rehabilitación Jireh, ubicado en el Ejido Mariano Matamoros, donde opera la agrupación conocida como Patrulla Espiritual.
De acuerdo con César González Vaca, director del Semefo en Baja California, la necropsia reveló que la causa de muerte fue asfixia por sofocación, en su variante de obstrucción de los orificios respiratorios, además de diversas lesiones recientes en distintas partes del cuerpo.
“El cuerpo ya fue reclamado el día 23. Los papás se presentaron a reclamar el cuerpo. La víctima es identificada con el nombre de Richard. Efectivamente, proviene del centro de rehabilitación Jireh, en el Ejido Matamoros”, informó.
Qué reveló la necropsia de Semefo sobre la causa de muerte
El funcionario explicó que la Fiscalía General del Estado solicitó la necropsia debido a que el cuerpo ingresó bajo una investigación relacionada con un posible homicidio.
Durante el examen externo, los médicos forenses documentaron lesiones en el rostro, tórax y extremidades.
“Aquí es donde ya entra lo de la carpeta de investigación de la Fiscalía y, sobre todo, por las demás lesiones, porque no nada más tenemos la asfixia, tenemos aparte lesiones. Trae contusiones, escoriaciones en el rostro, en el tórax, en las extremidades, que son recientes”, detalló González Vaca.
El director del Semefo señaló que, aunque determinados tipos de asfixia pueden presentarse de manera accidental, la modalidad encontrada en este caso puede estar asociada con un hecho violento, por lo que corresponde a la Fiscalía determinar las circunstancias en las que ocurrió la muerte.
Dos personas detenidas por presunto homicidio
Por este homicidio fueron giradas tres órdenes de aprehensión. Dos de ellas ya fueron cumplimentadas, por lo que Mario Antonio “N” y Anthony “N” fueron detenidos.
Un tercer presunto participante continúa en libertad, de acuerdo con la información proporcionada sobre el caso.
La investigación adquiere especial relevancia debido a que la muerte ocurrió dentro de un centro relacionado con la Patrulla Espiritual, agrupación que en los últimos años ha ganado notoriedad en Tijuana por sus recorridos en zonas donde se concentran personas en situación de calle y con problemas de consumo de drogas.
El fenómeno de la Patrulla Espiritual y las denuncias de abusos
La agrupación se ha convertido en un fenómeno viral en redes sociales. A través de páginas de Facebook como “Patrulla Espiritual 2 Oficial”, “Patrulla Espiritual Oficial” y “Patrulla Espiritual Femenil”, difunde videos de sus recorridos y de personas a quienes identifica como “Tazos Dorados”, término utilizado por sus integrantes para referirse a personas en situación de calle y con problemas de consumo de sustancias.
Sus contenidos acumulan millones de seguidores en redes sociales, lo que ha convertido a la agrupación en uno de los grupos de atención a personas con adicciones más visibles en internet.
El dirigente de la organización, Jesús Ignacio Osuna Torres, conocido como “El Chiquilín”, encabeza estos recorridos acompañado por personas que han pasado por procesos de rehabilitación.
La agrupación sostiene que su objetivo es rescatar a personas que viven en condiciones de extrema vulnerabilidad y ofrecerles una oportunidad para abandonar el consumo de drogas.
Sin embargo, la forma en que realizan algunos de estos internamientos ha generado cuestionamientos de activistas y organizaciones defensoras de derechos humanos, particularmente cuando las personas son trasladadas contra su voluntad.
Sistema público, con rehabilitación limitada
La polémica también expone una problemática mayor: la capacidad institucional para atender a las personas con problemas de adicciones y en situación de calle.
En Tijuana existen centros públicos y gratuitos de atención, entre ellos COTRRSA Hombres, la Comunidad Terapéutica de Rehabilitación y Reinserción Social, y COTRRSA Mujeres, administrados por el Instituto Municipal de Salud Mental y Adicciones (IMSAMA).
Sin embargo, una parte importante de la atención para personas con problemas de consumo de alcohol y drogas se encuentra en manos de establecimientos privados y asociaciones civiles.
De acuerdo con registros de autoridades de salud, en Baja California existen alrededor de 120 a 130 centros privados relacionados con la atención de personas con adicciones, aunque no todos cuentan con certificaciones oficiales para operar bajo los estándares establecidos por las autoridades sanitarias.
De acuerdo con información proporcionada por autoridades estatales, una proporción mucho menor cuenta con certificaciones relacionadas con el cumplimiento de la normativa aplicable para la atención integral de las adicciones.
Esta brecha entre la demanda de atención y la capacidad institucional ha permitido que organizaciones civiles ocupen espacios que, de acuerdo con especialistas y activistas, deberían contar con una mayor supervisión de las autoridades.
Videos que encendieron alertas
La Patrulla Espiritual ya había sido objeto de cuestionamientos antes del caso de Richard Damián.
En enero, videos difundidos en redes sociales mostraron presuntas agresiones contra una persona durante un operativo de la agrupación, lo que generó preocupación entre autoridades sanitarias de Baja California.
En ese momento, la Secretaría de Salud estatal manifestó que los métodos utilizados por algunos de estos centros podían incumplir disposiciones de la NOM-028-SSA2-2009, relacionada con los procedimientos y criterios para la atención integral de las adicciones.
Las autoridades estatales señalaron entonces que el Instituto de Psiquiatría de Baja California trabajaría en un programa para avanzar en la regularización y supervisión de estos establecimientos.
El caso abrió nuevamente el debate sobre los límites entre un rescate, un internamiento por motivos de salud y una posible privación ilegal de la libertad.
Las opiniones sobre la Patrulla Espiritual están divididas.
Activistas cuestionan principalmente la exposición de personas en situación de calle en videos difundidos en redes sociales y consideran que algunos procedimientos pueden vulnerar sus derechos.
“Irrumpen leyes y sus derechos porque utilizan la miseria de las personas para subirlo como contenido con pacientes. Estamos en contra de las formas, porque son vídeos para hacer exhibición de personas que están en situación de calle; solo los usan para generar vistas. Pueden hacerlo sin necesidad de grabarlos y sin exhibirlos”, señaló una activista.
En contraste, familiares y personas que han pasado por procesos de rehabilitación defienden la existencia de mecanismos de internamiento involuntario cuando existe un riesgo grave relacionado con el consumo de sustancias.
“Vengo a apoyar la causa del señor Chikilín y de la Patrulla Espiritual porque las autoridades hacen caso omiso a la problemática de las personas en situación de calle. Vengo por mi voluntad porque entiendo a esta gente”, expresó Candelaria Cano.
Carlos García, quien aseguró haber sido internado contra su voluntad y posteriormente haber logrado abandonar el consumo de drogas, también defendió este tipo de intervención.
“Defendemos el derecho a la internación involuntaria porque yo soy un testimonio de ello. Me internaron por la fuerza y es que el día de hoy me encuentro limpio de las drogas”, afirmó.
Recursos públicos, bajo cuestionamiento
Otro de los puntos que rodean a la Patrulla Espiritual es el origen de los recursos con los que opera.
La agrupación ha recibido apoyos públicos y, de acuerdo con información difundida sobre el caso, el Ayuntamiento de Tijuana destinó 7 millones de pesos a la organización durante la administración encabezada por Ismael Burgueño Ruiz.
La entrega de recursos públicos ha generado cuestionamientos debido a las denuncias y señalamientos relacionados con los métodos utilizados en algunos centros.
La organización, por su parte, se presenta como una asociación civil sin fines de lucro y sostiene que sus centros tienen registros ante distintas autoridades.
El debate permanece abierto: por un lado, familiares y personas rehabilitadas consideran que la Patrulla Espiritual llena un vacío que las instituciones públicas no han podido atender; por otro, activistas cuestionan los métodos de internamiento, el uso de imágenes de personas en condición de vulnerabilidad y la falta de controles suficientes.
En medio de esta controversia quedó el caso de Richard Damián.
Un joven de 28 años que ingresó a un centro de rehabilitación y que, según la necropsia practicada por el Semefo, murió por asfixia y presentaba además diversas lesiones recientes.
Dos personas ya fueron detenidas y una más permanece prófuga. Ahora corresponderá a la Fiscalía General de Baja California determinar qué ocurrió dentro del centro Jireh, quiénes participaron y si las lesiones encontradas en el cuerpo están relacionadas directamente con su muerte.
Mientras avanza la investigación, el caso vuelve a poner bajo la lupa a un modelo de rehabilitación que se ha convertido en un fenómeno social y digital en Tijuana, pero que también enfrenta cuestionamientos sobre sus métodos, la supervisión de sus centros y los límites legales de intervenir en la vida de personas que padecen adicciones.