Tapachula, la gran sala de espera: la burocracia asfixia a migrantes que buscan refugio en México
Eréndira Aquino e Israel Fuguemann · 27 de octubre de 2026
Caminar por las calles de la ciudad fronteriza de Tapachula es toparse de golpe con una geografía del cansancio: familias enteras en bancas de parques, maletas atadas y la mirada sobre la pantalla de un teléfono celular en espera de un correo que no llega.
En el papel, la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político promete un trámite ágil, certeza jurídica y un puerto seguro para quienes huyen de la violencia en sus países. Pero en esta ciudad de Chiapas, la realidad es una trampa de asfixia institucional.
Colapsada por recortes presupuestales, oficinas saturadas y un desmantelamiento operativo sistemático, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) convierte el derecho al asilo en un laberinto donde las personas en movilidad quedan atrapadas hasta dos años solo para conseguir una cita de entrevista.
Marjory —cuyo verdadero nombre se omite por seguridad— conoce bien el peso de ese engranaje roto. Huyó de El Salvador tras sufrir agresiones reiteradas por parte de un familiar que forma parte de la policía de su país. “Yo tenía una vida y una carrera, pero esa vida era bastante complicada hasta que llegué al punto en que dije ‘ya no más violencia, ya no más tortura‘, con lo que se truncaron mis sueños”, cuenta con voz quebrada. Hace tres años y cuatro meses llegó a Tapachula buscando un nuevo comienzo, pero se encontró con una pared burocrática.
La ley estipula que una solicitud de refugio debe resolverse en un plazo máximo de 45 días hábiles. En la práctica, el proceso se convierte en un viacrucis: para conservar el derecho al trámite, las personas solicitantes están obligadas a presentarse a firmar cada diez días en las oficinas de la Comar. Este ir y venir constante les orilla a aceptar empleos precarizados, mal pagados y en la absoluta informalidad, atrapados entre la urgencia de sobrevivir y el miedo permanente a un retén migratorio.
Para Marjory, el laberinto se volvió aún más intrincado cuando un problema de salud invalidó los avances de su expediente. Para reiniciar el trámite tuvo que pagar 2 mil pesos a un despacho de abogados. Hoy, tres años después, sigue atorada en el mismo punto, obligada a responder a exigencias interminables: “cada vez que tengo cita para seguimiento me dicen que necesitan otro y otro escrito, ¿cuántos más quieren? Si ya deben tener una base llena con mi expediente”, reprocha.
El endurecimiento migratorio de EU y la crisis de la Comar
Esta asfixia cotidiana no ocurre en el vacío; responde a un reacomodo geopolítico regional. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) advirtió que los primeros 21 meses del segundo mandato de Donald Trump han estado marcados por desafíos sin precedentes, impulsados por recortes históricos en los fondos de asistencia humanitaria y por cambios radicales en la política migratoria de Estados Unidos.
Con el arranque de la segunda administración de Trump, el asilo estadounidense prácticamente se cerró, elevando las tasas de denegación al 94 % y convirtiendo a México —de manera forzada— en un destino definitivo para miles de personas varadas.
El Centro de Derechos Humanos (CDH) Fray Matías de Córdova ha documentado de primera mano este impacto en Tapachula, donde México recibe el 47 % de las solicitudes de asilo a nivel nacional. “Antes las personas podían tardar siete u ocho meses en los tiempos para la entrevista en Comar; sin embargo, ahorita están tardando años”, explican. En ese lapso, las personas solicitantes “viven en estado de ansiedad permanente por ir a firmar, porque no les llega el correo electrónico confirmando su cita y lo que generan es un desgaste emocional, físico y económico para que haya un momento en el que revienten”.
Detrás de este estancamiento hay también una crisis financiera profunda. Entre 2018 y 2025, la Comar subsistió gracias a más de 600 millones de pesos aportados por ACNUR, recursos que representaban más del 60 % de su presupuesto. Con el desplome de las donaciones internacionales, la estructura se debilitó.
Para 2026, la operación recayó casi por completo en el Estado mexicano con 113.58 millones de pesos reales. Aunque el Proyecto de Presupuesto de Egresos contempla 117.60 millones para 2027 —un esfuerzo destacado por la ACNUR— los recursos siguen siendo insuficientes frente al rezago acumulado. El flujo de peticiones de asilo en el país bajó respecto al récord de 140 mil 982 solicitudes en 2023 (y las 70 mil 500 de 2025); sin embargo, para quienes siguen haciendo fila bajo el sol implacable de Tapachula la promesa de refugio sigue siendo una puerta cerrada.
Más allá de la Comar, el CDH Fray Matías de Córdova lamenta que exista una “estructura institucional que genera barreras que aprietan hasta que las personas se quiebran y abandonan el país por los procesos tan amplios y a veces innecesarios”, mismos que se complicaron con la reducción del número de traductores. Así, las personas quedan atrapadas en un círculo vicioso, “pues no pueden ser entrevistadas y sin eso no tienen resoluciones, entonces aunque se quieran mover de Tapachula no pueden hacerlo”.
La dura cotidianidad de la espera
Valeria cambió su nombre real por temor a represalias. Huyó de Ecuador tras sobrevivir a dos atentados contra su vida y pisó suelo mexicano en septiembre de 2024, acompañada de su hija menor. Desde entonces, han transcurrido dos años en los que, para sostener el día a día, ha tenido que malabarear con empleos informales: mesera en eventos esporádicos y venta de cosméticos por catálogo. Aunque es licenciada en educación, el estatus migratorio le cierra todas las puertas formales: “no puedo trabajar de eso porque no tengo residencia, eso me impide hacer muchas cosas”, lamenta.
La precariedad no solo golpea el bolsillo, sino también el futuro de su hija de once años. Continuar con sus estudios en México se convirtió en un obstáculo burocrático: para validar los grados escolares anteriores se exigía un trámite en Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado, una gestión imposible para Valeria, quien tiene prohibido salir de Tapachula bajo la advertencia de perder su proceso. La escolarización de la niña solo se destrabó gracias a la intervención de un docente que conoció su caso y decidió tenderle una mano.
Ya instalada en las aulas, la menor obtuvo un puntaje destacado que la hizo elegible para la Beca Rita Cetina, un alivio luminoso frente a la crisis económica que arrastran en casa. No obstante, el laberinto administrativo volvió a cerrarse: al carecer de residencia legal en México, el sistema le impidió cobrar el apoyo, dejando el derecho a la educación de la niña atrapado en la misma trampa que mantiene a su madre en el limbo.
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Para quienes no hablan español, el muro invisible de la burocracia se eleva todavía más. Cristina, originaria de Haití, aprendió el idioma durante su estancia en República Dominicana, una herramienta que hoy le sirve no solo para navegar el laberinto de los trámites migratorios, sino también para convertirse en puente y traductora de varios de sus compatriotas varados en Tapachula.
“Estoy aquí desde enero de 2025, tengo como 40 firmas y otras personas que apenas llevan 15 ya recibieron su correo para entrevista; no sé cuál es la razón. Para mí es muy difícil, porque aquí no encuentro trabajo, vendo crema de cacahuate, pero eso no es suficiente”, relata con frustración.
Pese a la escasez y al desgaste de los meses, la decisión está tomada. Volver a su país no es una alternativa: “prefiero sufrir aquí a la espera de mi documento, porque en Haití cada día la situación es más grave“, sentencia.
El dilema del éxodo: ¿avanzar en caravana o resistir en la frontera?
Desde finales de 2018, Tapachula se ha consolidado como un punto clave en la ruta que siguen decenas de caravanas migrantes rumbo al norte. Estudios de instituciones como el Colegio de la Frontera Norte (El Colef) han documentado más de 70 convocatorias que, conforme avanzan por las carreteras mexicanas, suelen fracturarse, dispersarse o ser contenidas por las fuerzas de seguridad.
La última movilización masiva, nombrada “Fe y Esperanza con Dios”, partió de San Pedro Sula, Honduras, el 20 de septiembre de 2026 y arribó a Tapachula a finales de ese mismo mes, integrada por más de 600 personas, en su mayoría centroamericanas.
Para organizaciones como el Centro de Derechos Humanos (CDH) Fray Matías de Córdova, la persistencia de estos éxodos masivos contrasta con la aparente disminución en las cifras oficiales de solicitudes presentadas ante la Comar.
“Hay una narrativa de que el flujo migratorio ha disminuido; sin embargo, sabemos que están cambiando las rutas y que las personas buscan ser más invisibles porque intentan evitar ser detenidas. Donde visiblemente se pueden encontrar estos desplazamientos es a través de las caravanas” —sostiene la asociación—. En ellas viajan tanto personas que migran por razones personales y económicas como quienes huyen por su vida, “pero que ya se cansaron de esperar resolución a su solicitud”.
La desesperación ha cruzado por la mente de María. En septiembre de 2024 llegó a México desde Ecuador junto con sus dos hijas, con quienes pasó varias noches durmiendo en una plaza de Tapachula. Dos años después, ha logrado pagar la renta de un cuarto gracias a su trabajo aplicando uñas, pero su trámite apenas ha avanzado.
“Cuando llegué, a los tres meses salió una caravana, y al ver que no salían mis documentos pensé en irme, pero luego lo analicé, porque tengo dos hijas menores de edad y no me pareció bien llevarlas, por eso no lo hice”, detalla. Su mayor reclamo es la desigualdad del proceso: mientras quienes pueden pagar un despacho de abogados avanzan con mayor rapidez, ella —después de acumular 41 firmas obligatorias en la Comar— siente que “estamos en el limbo y no tenemos esa oportunidad por falta de ingresos económicos“. Cuando obtenga sus documentos, planea mudarse a Monterrey, Nuevo León, una ciudad que entre la comunidad migrante ha ganado fama por sus oportunidades laborales.
Ramón —cuyo verdadero nombre también se omite por seguridad— experimentó la misma tentación de abandonar Tapachula por la idea de que “más al centro o norte de México hay mejores empleos y más oportunidades”. Sin embargo, tras más de dos años de haber llegado, aún con las dificultades administrativas y jurídicas que ha tenido, tomó la decisión definitiva de quedarse junto con su esposa e hijas, con o sin el estatus formal de refugiados.
“Salir de Tapachula para nosotros sería como salir otra vez de nuestro país, desprendernos y llegar a otro lugar sin conocer a nadie. Acá ya tenemos una vida, hay muchas personas que apreciamos muchísimo y que nos aprecian” —reflexiona—. Además, confía en que, una vez resuelto su trámite, “hay oportunidades laborales para mí, y me siento tranquilo, puedo salir, caminar sin ningún problema, porque en donde yo vivía había muchas personas que andaban en moto y sacaban su arma para despojar a la gente de todo”.
Aunque reconoce que han enfrentado episodios de discriminación y malas experiencias como extranjeros —tanto en el ámbito escolar de sus hijas como en espacios laborales—, prefiere quedarse con el balance humano: “yo creo que hay más personas buenas que malas, y quienes nos conocen nos han abierto las puertas”.