“Vine buscando poder vivir”: la segunda oportunidad de las personas refugiadas en México
Israel Fuguemann · 2 de octubre de 2026
“Yo no vine a México buscando otra vida. Vine buscando poder vivir”, y así lo ha hecho. Diego, refugiado salvadoreño, que llegó solo al país en abril de 2016, después de que las amenazas de las pandillas y el asesinato de su hermano lo obligaran a abandonar El Salvador.
Creció en un pequeño pueblo, donde su padre trabajaba en el campo y su madre era modista, así sostenía a la familia con su oficio. De ella aprendió a coser, una actividad que lo ha ayudado a sostenerse y que todavía hoy le devuelve recuerdos de su infancia.
Al llegar a México, Diego buscó regularizar su situación. Tiempo después de obtener la residencia permanente, encontró el acompañamiento del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Con su apoyo pudo tramitar los documentos para incorporarse al empleo formal y acceder a una beca que le permitió retomar sus estudios universitarios. En Tapachula, Chiapas, consiguió trabajo, hizo amistades y encontró una familia. Se integró.
Ahora está cerca de terminar una carrera. Cuando piensa en el futuro se imagina con su título, un traje a la medida y un hogar propio. “Cuando continué con mis estudios, mi mente se volvió a encender”, cuenta.
Su historia es la primera de once que integran “Seamos Hogar”, una campaña de ACNUR que reúne experiencias de personas refugiadas que encontraron en México oportunidades para comenzar de nuevo. Más allá de esos relatos, la iniciativa pone sobre la mesa una pregunta: qué hace falta para que encontrar protección también signifique tener la posibilidad de construir un futuro.
De la protección al empleo: los obstáculos para integrarse en México
La integración no empieza con un contrato de trabajo ni se resuelve al alcanzar cierta estabilidad económica. Para quienes buscan refugio, el proceso comienza con el acceso al sistema de asilo, la obtención de documentos y la posibilidad de establecerse en condiciones que les permitan desarrollar una vida cotidiana y en buenas condiciones.
Silvia Garduño, Oficial de Información Pública de ACNUR en México, señala que una condición fundamental es que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) tenga la capacidad para resolver las solicitudes y reconocer a quienes necesitan protección internacional. Las demoras prolongan la incertidumbre y pueden dificultar el acceso al empleo formal, la vivienda y otros servicios.
En Tapachula, Chiapas, donde se concentra una parte importante de las solicitudes de asilo, el acceso a la documentación es una condición clave para que las personas puedan avanzar en su integración. En los últimos años, el sistema humanitario internacional ha enfrentado una reducción de recursos que ha obligado a organismos como ACNUR a ajustar parte de sus programas y apoyos en distintos países. Este escenario también ha tenido repercusiones en la colaboración que la agencia mantiene con la Comar, aunque el acompañamiento continúa. Silvia Garduño reconoce, además, el incremento presupuestal que el gobierno federal otorgó a la comisión para fortalecer su capacidad de atención.
En los últimos diez años, ACNUR calcula que ha acompañado a más de 175 mil personas refugiadas en procesos de integración en México. La cifra incluye distintos tipos de apoyo y no corresponde únicamente a personas reubicadas en otras ciudades. Alrededor de 54 mil recibieron acompañamiento dentro de ese modelo, que comenzó como un programa piloto en Saltillo, Coahuila, en 2016. Otras personas han acudido a los servicios de la agencia para recibir orientación, vinculación laboral, apoyo para revalidar estudios o facilitar su inclusión financiera.
El acceso al empleo también depende del lugar donde se establecen las personas y de las oportunidades disponibles en cada región. ACNUR trabaja con más de 600 empresas en el país, principalmente en sectores como la manufactura —incluida la industria automotriz—, los servicios, las ventas, la hospitalidad y la construcción. Garduño cuenta que algunas compañías buscan directamente a la agencia para cubrir vacantes y que, según lo que les han reportado, las personas refugiadas suelen permanecer más tiempo en sus empleos.
Conseguir un trabajo formal puede representar mucho más que un ingreso. Para quienes han tenido que abandonar su país, también supone recuperar autonomía y participar en la economía de la comunidad donde intentan establecerse. Sin embargo, tener empleo no elimina por sí mismo las dificultades que aparecen en otros ámbitos de la vida.
Garduño menciona obstáculos para abrir cuentas bancarias sin pasaporte, revalidar títulos profesionales o acceder a servicios públicos cuando el personal desconoce los documentos de una persona refugiada. Son barreras que evidencian la distancia entre tener un derecho reconocido y poder ejercerlo. Para reducirlas, explica, es necesario que las empresas, los bancos, las instituciones y las comunidades conozcan las condiciones de esta población y participen en la construcción de respuestas.
ACNUR busca que el gobierno mexicano asuma un papel más amplio en ese proceso. Garduño explica que la agencia trabaja para que sus programas evolucionen hacia México Integra, una política nacional que articule a las instituciones públicas con el sector privado y las organizaciones que acompañan a las personas refugiadas. La propuesta contempla una participación más activa de la COMAR, mientras ACNUR mantendría funciones de facilitación y apoyo técnico. La funcionaria precisa que se trata de una transición: existe un compromiso de avanzar en esa dirección, pero todavía no una política plenamente consolidada.
Barham Salih: de refugiado iraquí a titular de ACNUR
La discusión sobre la integración también estuvo presente durante la primera visita oficial a México de Barham Salih, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Su trayectoria incluye la experiencia del desplazamiento: nació en 1960 en Sulaymaniyah, en el Kurdistán iraquí, y en 1979 salió de Irak rumbo al Reino Unido, después de ser detenido y perseguido por su actividad política y su defensa de los derechos de la población kurda. Años más tarde regresó a su país y ocupó distintos cargos públicos, entre ellos la presidencia de Irak, de 2018 a 2022. Fue elegido al frente de ACNUR en diciembre de 2025 y asumió el cargo el 1 de enero de 2026.
Su visita a México, a finales de septiembre, se realizó en el marco del 75 aniversario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. Durante su estancia, Salih viajó a Aguascalientes, donde conoció experiencias de integración laboral y se reunió con personas refugiadas y empresas que las emplean. También sostuvo encuentros con autoridades mexicanas y participó en una sesión solemne en el Senado, donde llamó a fortalecer el sistema de asilo y avanzar hacia una política nacional de integración.
Ante legisladores, Salih reconoció el marco jurídico mexicano para la protección de las personas refugiadas, pero advirtió que su aplicación requiere instituciones capaces de recibir solicitudes y resolverlas con justicia, sin demoras innecesarias. La eficiencia, sostuvo, no debe traducirse en una reducción de las garantías de quienes necesitan protección internacional.
El Alto Comisionado insistió en que la seguridad es apenas el comienzo de una nueva etapa. Reconstruir una vida también implica tener acceso al trabajo y a la educación, sostener a una familia y formar parte de una comunidad. En ese sentido, respaldó el desarrollo de México Integra, la estrategia que el gobierno mexicano y ACNUR buscan impulsar para articular una política nacional de integración.
Salih planteó que esta tarea no puede recaer únicamente en las personas refugiadas ni depender de la disposición de algunas empresas o comunidades. Requiere coordinación entre el gobierno federal, las autoridades locales, el sector privado, las universidades y las organizaciones civiles. También señaló que la inclusión puede beneficiar a las comunidades receptoras y a la economía, al permitir que las personas refugiadas aporten sus capacidades y participen en la vida del país.
La visita dejó un respaldo al trabajo que México ha desarrollado en materia de protección e integración, junto con el llamado a sostenerlo y ampliarlo. La experiencia de Diego muestra lo que puede abrirse cuando la protección se acompaña de oportunidades concretas. Pero su historia también permite ver lo que todavía está en juego: que estudiar, trabajar y construir un hogar no dependan de circunstancias particulares ni sean posibilidades reservadas para unas cuantas personas, sino parte efectiva de una política de integración.