“20 años después, los problemas se multiplicaron”: sobrevivientes de Atenco

“Este pronunciamiento no es un recuerdo nostálgico. Es una denuncia viva y vigente porque el Estado mexicano, incluido el actual gobierno de la llamada Cuarta Transformación, ha sido omiso, cómplice y continuador de la impunidad”, se escuchó durante el encuentro de sobrevivientes por la memoria y la no repetición a 20 años de la represión policial en Texcoco y Atenco, en el Estado de México.

La encargada de leer este párrafo en la Universidad Autónoma Chapingo, fue Edith. Ella es una de las mujeres que vivió tortura sexual al ser detenida durante esos hechos. Ella también llevó la denuncia, junto con otras 10 mujeres, a instancias nacionales e internacionales. El pronunciamiento fue en nombre de sus compañeras y compañeros, no solo para rendir honor a las luchas sociales, sino también para subrayar que los responsables intelectuales y materiales de esos abusos están plenamente identificados, pero ni una sola sentencia los ha alcanzado.

Otras personas que fueron tomando el micrófono de forma espontánea coincidieron con ella: no hay responsables, pero sí vejaciones y violaciones comprobadas que, además, siguen repitiéndose. Aunque las deudas del Estado abarcan la atención integral a la salud de las y los sobrevivientes, así como acciones de reparación y medidas de no repetición —que no han sido atendidas o están incompletas—, un aspecto primordial es que la investigación arroje algún resultado.

Sin embargo, sigue en la impunidad y la cadena de mando de los tres niveles de gobierno que participaron en el operativo no ha sido indagada. Las y los sobrevivientes recordaron que en aquel mayo de 2006, Enrique Peña Nieto, entonces gobernador del Estado de México, coordinó las fuerzas estatales y municipales. “Hoy, a 20 años, [Peña] camina impune mientras su partido y sus aliados siguen controlando instituciones”, acusaron en su pronunciamiento.

El entonces secretario de Seguridad Pública federal, Eduardo Medina Mora, y el titular de la otrora Agencia Federal de Investigación, Genaro García Luna —condenado en Estados Unidos por narcotráfico, pero nunca investigado por los hechos de Atenco—, diseñaron el operativo de rescate que dirigió helicópteros, granadas y patrullas contra campesinos y estudiantes que se oponían a la construcción de un nuevo aeropuerto en la zona del Lago de Texcoco.

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El comisionado de la entonces Agencia de Seguridad Estatal, Wilfrido Robledo Madrid –ya fallecido—, y el jefe del Estado mayor de la que era la Policía Federal Preventiva, Ardelio Vargas Fosado, ejecutaron la logística represiva en el terreno ordenando detenciones masivas, vejaciones y el uso de tortura sexual como arma de terror político, recordó Edith, sin dejar de mencionar las mentiras criminalizantes difundidas en medios de comunicación.

También señalaron que Nazario Gutiérrez —actual presidente municipal de Texcoco—, en 2006 ocupaba ese mismo puesto de forma interina y luego repitió como sustituto; es considerado el primer eslabón de la cadena represiva, lo cual no impidió que llegara de nuevo al cargo en 2024.

“Ninguno de ellos ha pisado la cárcel. La justicia en el Estado capitalista no es ciega: protege a sus administradores y persigue a los de abajo”, puntualiza el pronunciamiento.

La sentencia de la Corte Interamericana de 2018, sin cumplir

El 3 y 4 de mayo de 2006, el gobierno del Estado de México ordenó un operativo con respaldo federal que —en un primer momento— era para desalojar una protesta en apoyo a un grupo de floricultores a quienes se les impedía vender en el mercado local de Texcoco. Estos hechos derivaron en un conflicto mayor cuando pobladores y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra bloquearon vías con el apoyo de más activistas y estudiantes.

La intervención de fuerzas estatales y federales en San Salvador Atenco dejó dos muertos, decenas de personas heridas y más de 200 detenidas. Este ataque represivo se convirtió en un caso emblemático de violaciones a los derechos humanos en México.

El 28 de noviembre del 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado mexicano responsable por el uso ilegítimo y excesivo de la fuerza; por la tortura sexual contra las mujeres de Atenco, las detenciones arbitrarias y la falta de debida diligencia en las investigaciones.

Dos décadas después, en el encuentro de sobrevivientes en Chapingo se remarcó también que el Estado ha sido sistemáticamente omiso al cumplir las sentencias internacionales, que ordenaron reparación, justicia, castigo a los perpetradores y medidas de no repetición.

“Han pasado ocho años desde esa sentencia y el Estado mexicano no ha cumplido”, acusaron las y los sobrevivientes. Recordaron que los hechos de Texcoco y Atenco fueron un crimen de Estado cometido en contra del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra, adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona, población de los pueblos de Texcoco, trabajadores y estudiantes.

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“No fue un exceso policial aislado, fue una decisión política deliberada para aplastar a La Otra Campaña, del EZLN, criminalizar al Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra y enviar un mensaje de terror a todo movimiento social que se atreviera a oponerse al megaproyecto aeroportuario y al despojo capitalista de la tierra”, puntualizaron.

La operación conjunta de policías estatales, municipales, federales e integrantes del Ejército dejó un saldo de dos personas asesinadas —los jóvenes Alexis Benhumea y Javier Cortés—, más de 200 detenciones arbitrarias, tortura sistemática, violación sexual contra mujeres defensoras, allanamientos ilegales sin orden judicial, deportaciones y uso de granadas de gas lacrimógeno como proyectiles directos contra cuerpos indefensos, subrayaron.

Tras ocho años de la sentencia de la Corte Interamericana, además del incumplimiento del Estado, en abril de 2025 la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el Poder Judicial no está obligado a cumplir ninguna sentencia de esa instancia mientras las investigaciones del Ministerio Público no hayan concluido. “Es decir, el máximo tribunal del país decidió que la inmunidad se perpetúa”, se escuchó en voz de Edith.

“Mientras tanto, las mujeres torturadas por agentes estatales esperan justicia con sus cuerpos rotos”, agrega el pronunciamiento. Édith, Norma, Ana María, Yolanda, María Cristina y otras seis mujeres han buscado justicia durante 20 años por la tortura sexual que vivieron en los hechos del 3 y 4 de mayo. Hasta hoy sus relatos siguen atravesados por el dolor y la ausencia de justicia, según documentó Animal Político.

“Hay otra justicia”: Sheinbaum ni las ve ni las oye

Sobre las mujeres de Atenco y lo que padecieron, no hubo una sola mención en el evento oficial por los 20 años de lo ocurrido en Texcoco y San Salvador Atenco. Encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, el acto de este domingo en el centro de Atenco, fue inicialmente convocado con solo una hora de diferencia respecto al evento en Chapingo por la memoria y la no repetición. El evento oficial y el que reunió a las y los sobrevivientes sucedieron de forma paralela, separados por 9 kilómetros de distancia.

Ambos se retrasaron y ocurrieron de manera casi simultánea. En el evento con Sheinbaum donde se habló del Plan de Justicia para Atenco y la Montaña —pese a que también fueron reclamos señalados por representantes populares que asistieron— no hubo una sola referencia a la justicia pendiente, ni a las secuelas que siguen vivas en los cuerpos de las mujeres que vivieron tortura sexual y llevan años denunciándola sin respuestas.

📍A 20 años de la represión, las y los sobrevivientes del operativo del 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y Atenco denunciaron que el Estado mexicano, entonces bajo el mando del expresidente Vicente Fox y el exgobernador del Edomex, Enrique Peña Nieto, efectuó un crimen de Estado… pic.twitter.com/BKQdy5QJUu

— Animal Político (@Pajaropolitico) May 3, 2026

Durante su intervención, Sheinbaum destacó la devolución de 54.5 hectáreas más al ejido de Atenco –para un total de 240 en dos entregas— y la cancelación del aeropuerto de Texcoco como un mérito de los gobiernos de la Cuarta Transformación, motivo inicial de las fricciones entre el Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra y el gobierno de México en 2006, y las calificó como un resarcimiento de justicia.

Refirió en más de una ocasión cómo los gobiernos de la Cuarta Transformación se opusieron a la construcción del nuevo aeropuerto en tierras texcocanas, lograron la edificación del de Santa Lucía y propiciaron la restitución de tierras. Incluso hizo un recuento histórico en torno a la defensa de la tierra. Aseguró que se trata de gobiernos diferentes, porque no habrá represión, y porque reconocen la dignidad de las luchas de las y los pobladores de Atenco:

“Hay muchas formas de justicia, y tienen razón, hay una justicia que falta. Pero hay otra justicia que tiene que ver con el resarcimiento de tierras, que tiene que ver con el reconocimiento de los pueblos, y que tiene que ver con algo profundo, y es el reconocimiento de la dignidad del pueblo de Atenco, de la dignidad del pueblo de México. Y eso es lo que estamos reivindicando el día de hoy, la reivindicación de las luchas sociales que nos llevaron hasta aquí”, dijo.

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En ningún punto respondió a la falta de investigación e imputación de los responsables por el operativo, o a la parálisis, con diversas omisiones, que propició la Fiscalía General de la República durante varios años, incluso después de la sentencia. Tampoco hizo referencia a la valentía o la dignidad de las mujeres que siguen pugnando por la erradicación de la tortura sexual para todas.

Si ellas estuvieron ausentes del discurso de la mandataria, a la inversa no fue así: los gobiernos de la Cuarta Transformación sí fueron referidos en el pronunciamiento de las y los sobrevivientes de Texcoco y Atenco como administraciones que han permitido que se perpetúe la impunidad, y que se han negado a cumplir con las medidas ordenadas por la Corte Interamericana.

“La Cuarta Transformación no ha transformado nada en materia de justicia para las víctimas del Estado. Por el contrario, ha integrado a cuadros políticos que provienen del régimen priista y panista, ha profundizado el autoritarismo y ha silenciado las voces críticas”, se dijo durante el pronunciamiento.

De hecho, en la primera audiencia de supervisión de cumplimiento realizada por la Corte a mediados de abril, dos de los principales aspectos resaltados por las organizaciones que acompañan a las denunciantes —el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional— se concentraron en la falta de cumplimiento de las medidas de no repetición.

Una de ellas es el fortalecimiento del mecanismo de seguimiento de casos de tortura sexual en México, que no ha actualizado sus estadísticas con la periodicidad que debería hacerlo ni ha impuesto medidas ejemplares en los casos que alberga. La otra es el establecimiento de un observatorio independiente sobre el uso de la fuerza, a lo cual el Estado mexicano se ha negado, incluso en las dos últimas administraciones.

A 20 años, el cuerpo tiene memoria, y las personas sobrevivientes siguen experimentando las interminables secuelas derivadas de sortear todo el tiempo el dolor físico, emocional y mental. Están cansadas de exigir lo que el Estado, de inicio, debería dar. Pero no cejan. Aun cuando implica revivir dolores y recuerdos, están dispuestas a volver a narrar su historia hasta obtener justicia, y a mostrar el rostro de la digna rabia ante un Estado que no las mira.

A 20 años de los hechos, ese Estado habló de “otra justicia”, y de nuevo eligió no mirarlas.