Atenco, a 8 años de la sentencia internacional: Estado solo reconoce tres víctimas de tortura sexual

Para Yolanda, la represión policial ocurrida hace casi 20 años en Texcoco y San Salvador Atenco tiene prolongados impactos en su propia salud y la de su hijo, que vive con un problema médico de por vida, sin que el Estado les haya dado hasta ahora acceso a una reparación completa.

En esos hechos, 11 mujeres que vivieron detención ilegal, tortura y abuso sexual por parte de agentes del Estado denunciaron ante la Corte Interamericana, que en 2018 emitió una sentencia condenando al Estado mexicano. Este jueves ocurrió su primera audiencia de supervisión de cumplimiento. Yolanda tiene recuerdos muy vívidos de aquel 3 de mayo.

“Yo me dedicaba al comercio, y yo vendo en esa área, paso por ahí y mi hijo, que era pequeño, me acompañaba porque yo vendía mezclilla… Se cercó con una seguridad de miles de elementos que ‘dios mío’, pero también el hecho de que te estés manifestando creo que es libre, por los que estaban peleando un espacio para trabajo, pero nos agarran ahí; se ensañaron tanto… fue una golpiza tan brutal y más que nada, los golpes a lo mejor sí tienen secuelas, pero lo psicológico”, recuerda.

Por aquella brutalidad, el Estado sigue en deuda en materia tanto de justicia como de reparación. Respecto a la primera, el reclamo central es la falta de una investigación que conduzca a las autorías intelectuales. Hasta ahora, 19 personas han sido imputadas por el abuso, todas ellas policías federales, ninguno estatal, y solo tres han sido reconocidas como víctimas de tortura sexual, pese a que la Corte determinó la responsabilidad en el caso de 11.

A Yolanda le cuesta trabajo hablar de justicia; eso se lo deja más a su compañera Edith. Lo que sí sabe son las dificultades del día a día, sobre todo de salud, con todas las implicaciones y en un contexto en el que los servicios del gobierno son deficientes, tratan mal y no hay medicamento. Todavía 20 años después de aquel día, cuando las golpizas, cuenta, fueron brutales. Su hijo quedó con secuelas que probablemente nunca sanarán. 

“Iba todo ensangrentado, le abrieron la cabeza, 22 puntadas. Entonces, quedó con una secuela, cuando tú no les pegas a tus hijos, como a mí nunca me pegaron mis papás, y de repente te muelen a golpes y abusos; entonces dices ‘dónde o por qué la policía que es la que nos debe de proteger, nos golpea tan fuerte”, reclama.

A ella también le ha traído fuertes secuelas en su percepción de seguridad: “Todos los problemas psicológicos de que te empiezan a quitar tus cosas, que los aretes, que los anillos, y como yo vendía, me colgaba una bolsita con dinero”, relata.

Lee: ¿Atenco reloaded? violencia sexual por protestar por violencia sexual

Después de la detención y la brutal golpiza que recibieron en los pasillos en Texcoco, vino lo mismo en los camiones. “Jamás pensé que iba a salir viva”, admite. Los amenazaban con que los iban a quemar o a desaparecer, y los obligaron a permanecer en cuclillas más de seis horas enteras. Luego de saquearlos, se dio cuenta de que la habían trasladado a la parte trasera de un camión. 

Al paso de los años, vivió siempre con esa angustia de persecuciones, miedo y una decisión personal de andar siempre sola y no usar las mismas rutas. Aprendió la lección demasiado tarde, dice, porque eso provocó que su hijo esté ahora enfermo. “Mis hijos siempre tienen miedo”, asegura. 

En aquel operativo participaron mandos de todos los niveles de gobierno, pero nunca ha sido investigado como una represión en su conjunto, con los niveles de mando jerárquicos. Hasta este momento, la Fiscalía se ha acotado a lo que hizo la Policía Federal Preventiva, pero no ha escalado ni en el mando de los elementos federales, ni ha abierto alguna línea de investigación en torno de autoridades de nivel municipal o estatal, con sus respectivas cadenas de mando. 

En la deuda en materia de reparación, explica Alexia Martínez, abogada del Centro Pro, evaluada en la audiencia de supervisión de cumplimiento, se encuentran aquellas medidas ordenadas en materia de salud, para que las mujeres tengan una atención médica integral, prioritaria y gratuita, y tres de ellas puedan acceder a becas para continuar sus estudios. 

“Estamos cansadas”

Yolanda lo resume así: “Son 20 años desde que iniciamos, y ya como que es burla, como de ‘vamos a darles largas, largas, hasta que se vayan cansando’, y es lo que hemos hecho, estamos cansadas, la verdad”, sostiene. Ella misma hace poco quería renunciar a la lucha, pero todavía quiere una indemnización justa y un fondo económico. Solo cuatro de 11 denunciantes siguen adscribiéndose a los servicios del Estado, pues el resto los consideró insuficientes. 

Cuatro de las mujeres denunciantes —incluyendo a Edith y a Yolanda— y los abogados del Pro explicaron que de las medidas de repetición determinadas por la Corte se adeudan principalmente dos: el mecanismo de seguimiento a casos de tortura sexual y el observatorio independiente del uso de la fuerza, que es un mecanismo de fiscalización ordenado por la Corte. Hasta hoy no existe ni una sola medida o acción tendiente a establecerlo, por el rechazo de las fuerzas de seguridad. 

Aunque en materia del mecanismo de seguimiento a casos de tortura hay algunos avances, múltiples pendientes hablan de que sigue sin ser fortalecido adecuadamente. Además, el Estado adeuda la actualización de un diagnóstico de tortura sexual, que después de su primera versión en 2021, debió haberse elaborado nuevamente cada tres años. 

Lee más: México acepta responsabilidad por tortura en Atenco, pero justifica violencia contra manifestantes

Entre las instituciones mexicanas, pese a que la tortura sexual persiste, no existe una adecuada coordinación para atender a las sobrevivientes, y de los casos que han sido incorporados al mecanismo, no se han emitido sentencias o resoluciones más que en uno. Por otro lado, el observatorio independiente, al que el Estado se ha negado, en un contexto de opacidad de las fuerzas armadas, debería ser fundamental, porque Atenco demostró que el abuso de la fuerza derivó en tortura y tortura sexual. 

“Son esas las medidas de las que hoy se dio cuenta de su incumplimiento, y las mujeres con mucha claridad dijeron lo que eso implica para ellas, por ejemplo no acceder a medicinas o atención médica les sigue impactando incluso después de haber sido reconocidas por una sentencia interamericana que el Estado sigue sin cumplir a casi ocho años de haber sido ordenada y 20 de los hechos”, apunta la abogada.

De manera relevante, entre los impactos que persisten por los hechos de Atenco está la profunda impunidad, sin garantías para que las mujeres accedan a la justicia, quienes incluso han tenido que litigar el acceso. Todavía no hay condiciones —subraya— para decir que esto ya pasó. La sentencia internacional no ha garantizado que el Estado promueva y tome acciones claras y contundentes para que las mujeres accedan a la justicia y haya medidas de no repetición, pues la tortura sexual sigue ocurriendo en México en muchos niveles. 

Esperan una futura evaluación de cumplimiento de la Corte

La audiencia —privada— de este jueves fue convocada por el Tribunal Interamericano para escuchar de las víctimas, sus representantes y el Estado mexicano cuál es el nivel de cumplimiento de las medidas ordenadas como reparaciones. Las mujeres, que han sido acompañadas en ese proceso por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) hicieron énfasis en que persisten omisiones y obstáculos para la implementación de las reparaciones. 

Además, aún hay una falta de coordinación entre las instituciones responsables de cumplir con la sentencia, particularmente entre la Fiscalía General de la República, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Secretaría de Gobernación, así como la falta de colaboración de Guardia Nacional, que se niega a sujetarse a un observatorio independiente. 

Las sobrevivientes incluso han tenido que interponer acciones legales por la fragmentación de las investigaciones en el fuero local y federal. La FGR no ha generado un plan de investigación integral que aborde el operativo en conjunto e investigue a la cadena de mando, por lo que una impunidad estructural persiste.

Lee: La deuda de Estado con las mujeres de Atenco

A esto se suma la indolencia y negligencia que han tenido que enfrentar para recibir tratamientos médicos y psicológicos por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, lo que ha incluido múltiples eventos de revictimización por falta de coordinación institucional y complejidades en procesos administrativos que no ponen al centro las necesidades de las víctimas. 

Ante lo expuesto en la audiencia, la Corte debe definir cuál es el estatus general de cumplimiento de las medidas y emitir una resolución de cumplimiento, que las organizaciones acompañantes esperan que esté guiada por la voz, claridad y exigencia de las mujeres, para exigirle al Estado que dé cuenta de las acciones concretas que ha hecho para cumplir las medidas y la forma en la que debe cumplir las que todavía se adeudan. 

“No nada más somos 11 mujeres, fuimos muchas, y es todo un pueblo. Exigimos esa atención que es lo que tienen que cumplir. A 8 años de la sentencia no hay ni un procesado y nosotras sí fuimos procesadas, sí estuvimos en la cárcel”, reclama Edith.