"Atenco no es un hecho aislado": las secuelas en un sistema que perpetúa la tortura sexual

El cuerpo tiene memoria a 20 años de haber vivido tortura sexual. Así lo define Norma, sobreviviente del operativo en Atenco y Texcoco, el 3 y 4 de mayo de 2006, que resultó en dos fallecimientos, la detención de más de 200 personas, el encarcelamiento por varios días de la mayoría —años para una decena de ellas— y la tortura sexual de más de 40 mujeres.

Cada año, cuando se acercan esas fechas, el cuerpo de Norma reacciona diferente. Se pregunta cuántos años más tendrán que pasar para dejar de sentir ese impulso. Las secuelas interminables se concentran en el solo hecho de vivir con dolor de forma permanente: “A 20 años, hay que seguir viviendo con dolor, es eso, y es terrible tener que sortear todo el tiempo el dolor físico, emocional, mental…” 

La tortura está diseñada para sobrevivir a través del tiempo, sostiene. Las secuelas físicas se convirtieron en padecimientos crónicos, y ese es uno de los principales reclamos de 11 de las sobrevivientes de tortura sexual que decidieron llevar el caso primero a instancias nacionales y después a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin que hasta ahora haya justicia. 

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A 20 años de los hechos, las mujeres que sobrevivieron a la violencia policial de Texcoco y Atenco aún se enfrentan a un sistema que se niega a indagar la cadena de mando de los tres niveles de gobierno que participaron en el operativo, e imputar responsabilidades al más alto nivel, que burocratiza su salud y consolida la impunidad de las fuerzas de seguridad. El dolor que sigue vivo se transformó en padecimientos crónicos y una lucha interminable.  

El fondo de esa lucha está relacionado, además, con una de sus exigencias más sentidas no solo para ellas, sino para muchas otras mujeres: la no repetición de la sistematicidad con la que las fuerzas de seguridad ejercen tortura sexual, un tema que lejos de erradicarse, ha seguido perpetuándose y aún más: no se cuenta con datos actualizados del mecanismo que el Estado debía reforzar tras la sentencia de la Corte Interamericana que se lo ordenó en 2018.   

“Que del tamaño del trancazo se responda con nosotras”

Animal Político conversó con cinco de las 11 mujeres sobrevivientes que llevaron sus casos hasta la Corte Interamericana: Ana María, Yolanda, Cristina, Norma y Edith. Sus relatos, como remarca una de ellas, siguen atravesados por el dolor, el mismo que enfrentan tantas otras que no pudieron o no quisieron denunciar, pero experimentaron —y continúan haciéndolo— las mismas secuelas.

Las mujeres de Texcoco y Atenco traen a la memoria dos escenarios, distintos, pero que las convirtieron en víctimas de la misma tortura: el mercado Belisario Dominguez, en las calles estrechas, de difícil movilidad, del centro de Texcoco, que –ellas mismas lo saben— han sido renovadas con la entrada de cada nuevo presidente municipal, hoy con un amarillo chillante.

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En ese mercado se venden flores en los puestos más cercanos a la entrada. Algunos de esos floristas son familiares de personas que vivieron el mismo operativo. Algunos de ellos prefieren ya no hablar, aunque a 20 años, no hay quien olvide los hechos. En cambio, Lucía, quien tiene un puesto de verduras y flores, se convence en un principio de platicar —un poco a instancias su amiga Cristina—, dice que hoy tiene la ayuda de un abogado, pero rompe en llanto al tratar de describir las secuelas que siguen vivas después de dos décadas. 

Ana María, Yolanda y Cristina, que suelen andar juntas, vivieron los hechos del 3 de mayo en esas calles de Texcoco, que conocen muy bien. Incluso, en una breve caminata por el centro del poblado, vuelven a señalar la casa, sobre la calle Leandro Valle, en la que se escondieron provisionalmente y de donde fueron sacadas con violencia. Las tres estaban en el mercado Belisario Domínguez por motivos diversos, como comerciantes o compradoras.

Después de resguardarse en la casa señalada, de las 7:30 u 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, los policías entraron por las azoteas. Las tres recuerdan los golpes de los toletes, la subida a un autobús y diferentes niveles de agresión sexual. Ana María incluso fue agredida por cuatro elementos policiacos distintos. Tuvo la fuerza para guardar su pantalón y entregarlo a la comisión de derechos humanos, que lo hizo perdedizo. No hubo castigo para los dos policías que reconoció mediante fotografías.

De regreso de las compras, María Cristina y su esposo se toparon con un camión que bloqueaba la México-Texcoco y el despliegue de granaderos. Ni siquiera sabían lo que estaba pasando. “Cuando vino la represión, dijimos que nosotros no teníamos que ver nada; también nos tocó que nos golpearan, nos insultaran, nos despojaran de nuestras pertenencias, nuestro dinero… así fuimos a dar hasta Almoloya”, recuerda.

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Yolanda vendía mezclilla e iba acompañada de su hijo menor de edad, que hoy sigue resintiendo las secuelas junto con ella. Terminaron escondidos en el domicilio de Leandro Valle, pero el cerco solo se cerró más —había más de 2 mil 400 efectivos—. Texcoco se llenó de gases, las personas empezaron a cerrar comercios y solo quedó la desolación. El camino fue de golpes, despojos y abusos. Las amenazas de bajarlos, quemarlos y desaparecerlos no cejaron. 

Las tres estuvieron 12 días en la cárcel. En ese periodo decidieron levantar la denuncia por tortura sexual. “El coraje era fuerte, pero no tanto porque me hayan agredido a mí, sino por mi hijo, que era menor de edad y fue brutalmente golpeado, cosido sin ningún medio de higiene, de anestesia, golpeado todo el tiempo en la cabeza”, describe.

Edith, luchadora social de toda la vida, pinta un panorama más amplio y recalca que los hechos de Atenco tenían la intención de desarticular La otra campaña, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Los hechos que ya habían ocurrido el 3 de mayo, ella los supo durante un mitin en la plaza de las Tres Culturas, en Ciudad de México. Ya había presos, y se conoció el asesinato de Javier Cortés, un niño de 14 años.

El llamado a la solidaridad los llevó a Atenco. El 4 de mayo, a las 6 de la mañana, el operativo empezó a avanzar sobre Atenco, para atemorizar, con el ruido constante de los escudos que los elementos de seguridad golpeaban sobre el suelo. “Parecían hormigas, no ofendiendo a las hormigas, claro —ríe Edith—, venían por todos lados, y eran una cantidad tremenda”. 

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Ahí hirieron a Alexis Benhumea, que falleció el 7 de junio. Edith terminó en una camioneta de redilas blanca, junto con otra compañera. “Ahí empiezan a divertirse con ambas, y posteriormente, lo dejan de hacer a partir de que llegan otros con más personas, y nos empiezan a apilar, como animales”. Después, en un camión amarillo de escuela, los volvieron a apilar en los pasillos. Un traslado de dos horas se hizo en seis, en las que volvió y persistió el abuso sexual.

En total fueron 47 mujeres, entre el 3 y 4 de mayo. En Almoloya, Edith se encontró con las que habían vivido los hechos del día anterior. La mayoría empezaron a salir, aunque durante varios días no supieron de qué las acusaban. De más de 200, se quedaron 31: siete mujeres y 24 hombres, por los supuestos delitos de secuestro equiparado y ataques a las vías de comunicación agravados. Edith cumplió casi dos años en prisión. 

“No pedimos que nos den privilegios, sino que del tamaño del trancazo, de ese tamaño se responda con nosotras, y eso quiere decir que sea una salud integral, no nada más para nosotras, para nuestras familias”, dice a 20 años del impacto que las violencias y agresiones siguen teniendo en sus cuerpos.  

“La tortura está diseñada para sobrevivir a través del tiempo”: las secuelas

La ausencia de una atención médica especializada y oportuna persiste como una de las deudas más dolorosas del Estado mexicano. Las secuelas físicas y psicológicas, herencia de las golpizas y la violencia sexual, no han hecho más que profundizarse con el paso de los años ante instituciones que no responden a las diversas peticiones de las sobrevivientes. 

Norma, que en aquel mayo era estudiante, lo define así: “La tortura está diseñada para sobrevivir a través del tiempo”. A dos décadas de los hechos, explica que el desgaste es inabarcable.

El estrés postraumático y el desgaste derivado de la exigencia de justicia detonaron enfermedades graves que siguen alterando la vida de las mujeres. Ana María desarrolló diabetes e insuficiencia renal severa. Pese a la sentencia de la Corte Interamericana que obliga al Estado a brindar rehabilitación integral, hace énfasis en el retraso de la atención y recetas esporádicas. 

El relato de María Cristina evidencia cómo la violencia estatal desarticula núcleos familiares. El impacto de la tortura minó la salud de ella y de su esposo, quien tras un deterioro agravado por la falta de apoyo para sus hemodiálisis, falleció. Ella enfrenta una diabetes detonada por el trauma, y su vista peligra ante cada alteración nerviosa. “Cuando veo las ambulancias o las patrullas, me colapsa, entonces vienen unas altas y bajones en el estado emocional, y eso hace que mi azúcar se desestabilice”, describe.

Ante un sistema de salud rebasado y una Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que impone trámites extenuantes y reembolsos que nunca llegan, las sobrevivientes exigen soluciones definitivas. Para Yolanda, eso significaría la creación de un fideicomiso permanente. Tras perder su empleo y desarrollar hipertensión ocular, pide que el gobierno se haga responsable de un fondo económico de por vida.

Edith padece lesiones crónicas en los meniscos que las instituciones públicas minimizan como achaques “de la edad”, por lo que exige que el Estado garantice especialistas de alto nivel: “Si fue el estado el que nos golpeó y el que nos hizo, entonces que un médico responda a ese nivel”.

Ivette Galván, abogada del Centro Prodh, advierte que las sobrevivientes se han enfrentado a una “burocracia exacerbada” que anula cualquier medida médica adecuada. Para la organización, obligarlas a financiar sus propios gastos y esperar reembolsos es una injusticia añadida para quienes, desde hace 20 años, han visto sus derechos humanos quebrantados.

“A la fecha ya estamos tan cansadas de ir como pidiendo, cuando no debemos de pedir, nos tienen que dar; tenemos que exigirlo y nos lo tienen que cumplir”, añade Yolanda. 

“El Estado tiene una impunidad total”: el pacto de silencio de las fuerzas armadas

Las sobrevivientes, el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) coinciden en que un punto vital en el camino a la reparación integral es la justicia en términos de investigación, que ha mantenido los hechos de represión y violencia de Atenco impunes. 

“Lo que yo rescato de esto es que uno, evidenciamos, a nivel nacional e internacional, que México es un país represor, y no nada más represor, sino que tiene delitos de lesa humanidad, que tiene muertos, y siguen los muertos ahorita. 

“Dos, que esta sentencia abre puertas para otras compañeras que han sufrido lo mismo; algo que nos dimos cuenta cuando estábamos presas es que es una constante de las fuerzas policiacas a todos los niveles que, cuando agarran a una mujer, les hacen infinidad de cosas, a veces para arrancar una confesión, o a veces nada más para divertirse”, señala Edith.

Galván, abogada del Pro, subraya que hasta el día de hoy no hay ninguna persona ni funcionario de alto nivel que haya sido juzgado por los hechos, lo cual es lamentable porque implica una deuda pendiente para las mujeres y para la sociedad en general por hechos que fueron sentenciados por un tribunal internacional. “Eso es muy grave”, puntualiza. 

Norma y Edith apuntan específicamente a la indolencia estatal, porque 20 años después, sigue sin existir certeza sobre la cadena de mando en la planeación y ejecución del operativo de Texcoco y Atenco. “Seguimos sin tener certeza de quiénes fueron, cuántos fueron”, dice la primera. Para Edith, la exigencia innegociable es que se castigue a toda esa cadena de mando, e inclusive a los autores intelectuales.

Soledad Sánchez, del CEJIL, explica que absurdos burocráticos paralizaron las investigaciones. Tras la sentencia de 2018, la Fiscalía General de la República solicitó atraer el caso, arrebatándolo al Estado de México, pero las autoridades estatales se negaron a entregar sus actuaciones, y la dependencia federal se escudó en ese silencio para congelar los avances.

Frente a esa inacción del Estado para obtener las actuaciones, el Centro Pro presentó las copias que desde antes tenía en su poder, y aun así, la FGR siguió sosteniendo que debía esperar el “canal formal”, lo cual no cumple con la debida diligencia. No fue sino hasta 2023 que el proceso empezó a tener un movimiento real. Luego, los pliegos de consignación se presentaron de forma parcial e incompleta, además de negarse a clasificar adecuadamente el delito de tortura sexual bajo los estándares internacionales.   

Las organizaciones acompañantes advierten que esta parálisis no es solo incapacidad técnica, sino una política de Estado inmersa en un contexto donde el poder militar y policial ha crecido desmesuradamente. Los datos de cómo ha crecido el proceso de opacidad normativa y de profundización de las capacidades de las fuerzas militares y de seguridad en México dan cuenta de que el patrón no ha cambiado.

Incluso ante el cambio de administración. A pesar de que hay sentencias de la Corte Internacional, el gobierno decide impulsar normativas que promueven la opacidad, y anulan el control y la rendición de cuentas, lo que genera un terreno absolutamente fértil a la impunidad. El Estado mexicano, como en otros casos que involucran a fuerzas de seguridad, se investiga a sí mismo.

La abogada recuerda que la sentencia estableció la necesidad de tener una observación externa de las políticas de rendición de cuentas sobre uso de la fuerza. “Hoy la situación es más grave: hay más capacidades y menos mecanismos de rendición de cuentas”, sostiene.

Un caso emblemático ante la persistencia de la tortura sexual

La tortura sexual es un fenómeno que persiste en nuestro país. Parte de las medidas de no repetición determinadas por la Corte Interamericana en la sentencia de 2018 es el establecimiento de un Mecanismo de seguimiento de casos de tortura sexual, que no ha reportado informes con la temporalidad que debería hacerlo ni emitido sentencias ejemplares.

“La tortura sigue sucediendo para las mujeres. Lo que nosotras pedimos es que ya no continúe, pero sigue. Sigue, y no ha habido justicia”, sostiene Ana María. El único diagnóstico nacional sobre tortura sexual cometida contra mujeres privadas de la libertad en México data de 2021, y debería haberse actualizado ya dos veces más en el transcurso de los últimos seis años.

Ahí se determina que 7 de cada 10 mujeres sufrieron algún tipo tipo de violencia, incluyendo la tortura sexual, en las diferentes etapas del proceso, como el arresto y traslado, puesta a disposición ante el ministerio público, arraigo, traslado y estancia en un centro de reclusión.

Edith menciona represiones en manifestaciones recientes y señala que las medidas institucionales de prevención no son más que papel si carecen de sanciones efectivas: “Esa no repetición no se va a cumplir hasta que no haya, de a de veras, candados para todos los órganos policíacos, desde el Ejército, sobre la acción de los derechos humanos”.

Pese a que la sentencia de la Corte Interamericana ordenó a México robustecer el mecanismo, este se ha mantenido inoperante. Norma denuncia que, tras cuatro años del primer informe, no hay avances ni metodologías precisas: “Poder acceder a esa medida de no repetición sí era una esperanza de poder detener un poco esto, pero el mecanismo no ha avanzado”. 

Para el CEJIL, la ausencia de documentación estadística oficial constituye una estrategia estatal deliberada para invisibilizar el patrón de abusos y sostener la narrativa de que son hechos aislados, aun cuando el trabajo en territorio evidencia lo contrario.

Galván subraya que el mensaje que proyecta el incumplimiento de la sentencia de Atenco es desolador para la sociedad: “Que estos hechos permanezcan en impunidad manda un mensaje de que son permitidos en el Estado mexicano”. Las garantías de no repetición están, además, indisolublemente vinculadas a la investigación; sin justicia, advierten las organizaciones, se pavimenta el camino para la generación de “nuevas víctimas”.

Frente a un “Estado indoloro” al que “le está estallando todo ese dolor de un país en la cara”, describe Norma, la resistencia de las mujeres de Atenco permanece inquebrantable: “Es algo muy fuerte; una de las cosas más tristes, y creo también el empuje un poco de tanta rabia y tanta dignidad, que la verdad mis compañeras han sido muy valientes; eso es muy importante”.

Mariana, Edith, María Patricia, Norma, Claudia, ltalia, Ana María, Yolanda, María Cristina, Angélica Patricia, Suhelen Gabriela y muchas otras, siguen luchando contra un sistema que apostó por su silencio y agotamiento. “Es algo que no se olvida, es algo que no vuelva a pasar, no a la tortura, es muy duro el trato psicólogico que nos dieron”, subraya Cristina. 

“Se ponen de acuerdo, realizan estos actos, todos saben qué pasó, luego lo niegan… A mí me parece gravísimo, porque además es algo que se ha ido repitiendo; no es como que Atenco sea un hecho aislado, lo hemos visto muchas veces, sin importar quién esté sentado en la silla presidencial. Han pasado gobiernos, han pasado instituciones, algunas se han ido, han cambiado cosas, pero de raíz no ha cambiado nada, porque seguimos viendo cómo esto es algo sistemático”, lamenta Norma.