Reforma a la reforma judicial. Control de daños

Las reformas que nacen como corrección suelen revelar, sin quererlo, la magnitud del error original. No hay mejor confesión que la enmienda apresurada. Y la reciente iniciativa de Morena sobre la elección judicial no es otra cosa que eso: un intento de control de daños frente a un desastre que apenas cumple un año.

Un año desde la captura del Poder Judicial.

Porque lo que se presentó como democratización terminó siendo otra cosa: una intervención política sobre la justicia, una mutación institucional que desplazó el mérito y la responsabilidad por la lealtad y la sumisión, la certeza por la improvisación y la independencia por la subordinación.

Hoy, el propio régimen reconoce, aunque de forma parcial, lo que antes negaba. Acepta que la primera implementación de la elección judicial fue defectuosa. Que no hubo condiciones para una evaluación meticulosa. Que existen vacíos operativos graves, como la imposibilidad de cubrir ausencias de personas juzgadoras y la opacidad en la evaluación de su desempeño.

Pero reconocer el síntoma no es curar la enfermedad.

La iniciativa promete tres cosas: calidad técnica, certeza jurídica y legitimidad institucional. Tres palabras que, en el papel, ordenan; en la realidad, todavía no sostienen.

Porque lo que se propone no corrige el diseño. Solo lo maquilla.

La ilusión de la técnica

Los cambios a la Suprema Corte parecen, a primera vista, razonables: mayor experiencia profesional, certificación de competencias, ajustes en requisitos. Se elevan años de práctica, se introducen evaluaciones, se reorganiza el funcionamiento interno.

Pero la pregunta de fondo permanece intacta:

¿quién controla el acceso al Poder Judicial?

Cuando la selección de perfiles sigue atravesada por decisiones políticas, la técnica no es garantía, es coartada. Un examen no sustituye la independencia. Una certificación no reemplaza la autonomía. La justicia no se fortalece con requisitos formales si el proceso que los articula sigue contaminado por el poder.

El problema que no quisieron ver

Lo más revelador de la iniciativa no es lo que cambia, sino lo que omite. No se corrige la complejidad del modelo de votación que hizo prácticamente imposible un voto informado. No se enfrenta el fenómeno de los “acordeones”, ese mecanismo informal pero sistemático que sustituyó la deliberación ciudadana por instrucciones prefabricadas.

No se atiende la opacidad del proceso. La ausencia de partidos políticos en la vigilancia, presentada como virtud, terminó debilitando los controles. La cadena de custodia se rompió. El propio INE documentó irregularidades que derivaron en fraudes.

Y, sin embargo, el diseño persiste.

Tampoco se resuelve la parcialidad del comité de evaluación. Se centraliza, se formaliza, pero no se despolitiza. Cada poder sigue teniendo la capacidad de decidir arbitrariamente en su integración. La independencia vuelve a quedar en manos de quienes tienen incentivos para limitarla.

Una incompatibilidad estructural

La iniciativa reconoce, aunque de forma implícita, una verdad incómoda: las elecciones judiciales no son compatibles con las elecciones de representación política.

Y claro que no lo son porque responden a lógicas distintas.

Las elecciones políticas se sostienen en la participación ciudadana directa, en el escrutinio en casilla, en la publicidad inmediata de los resultados. Las elecciones judiciales, en cambio, requieren evaluación técnica, deliberación especializada y procesos más concentrados.

Cuando ambas se empatan, el sistema se sobrecarga. Cuando se separan parcialmente, pero se mantienen las mismas lógicas, el problema persiste.

Mover la elección para evitar la concurrencia federal en 2027, pero empatarla con elecciones locales en 2028, no resuelve del todo la incompatibilidad: la traslada. El resultado es previsible: mayor confusión, menor información, más vulnerabilidad para la manipulación del voto. En todo caso, una mejor fecha sería noviembre u octubre de 2028.

El fondo del problema

¿por qué elegir jueces por voto popular?

El argumento democrático es seductor, pero incompleto. No toda función del Estado puede someterse a la lógica electoral sin distorsionarse. La justicia no es representación; es garantía. No expresa mayorías; protege derechos, incluso frente a ellas.

Cuando la legitimidad del juez depende del voto, y el voto depende de estructuras políticas, el riesgo es evidente: la justicia deja de ser imparcial para convertirse en reflejo de correlaciones de poder.

Y entonces, lo que se pierde no es eficiencia. Es algo más profundo: la posibilidad de ser juzgado sin interferencias.

El control de daños como síntoma

Esta iniciativa no es una solución. Es un reconocimiento implícito del fracaso.

Es la evidencia de que el modelo no funcionó. De que la improvisación tiene costos.

De que capturar una institución es más fácil que hacerla operar. Pero también es algo más: es la confirmación de que el poder no está dispuesto a ceder el control. Porque si realmente se quisiera corregir el rumbo, se discutiría el modelo completo. Se abriría el debate. Se convocaría a las oposiciones, a la academia, a la sociedad civil. Se reconstruiría el pacto. No se haría un ajuste técnico sobre una decisión política fallida.

La justicia en disputa

La historia enseña que las instituciones no colapsan de un día para otro. Se degradan. Se adaptan. Se transforman hasta parecer otra cosa sin dejar de llamarse igual.

Eso es lo que hoy ocurre con el Poder Judicial.

Sigue existiendo. Sigue operando. Sigue siendo nombrado. Pero su naturaleza está en disputa.

Y en esa disputa, el control de daños no es suficiente. Porque no se trata de reparar una falla técnica. Se trata de recuperar una idea: que la justicia debe estar por encima del poder. Si esa idea se pierde, no habrá reforma que la sustituya. Porque entonces, lo que quedará no será un sistema imperfecto. Será otra cosa.

Y la diferencia, como siempre en la historia, se notará demasiado tarde.