A seis meses del ataque, organizaciones exigen justicia para defensor ambiental Erik Saracho
Animal Político · 13 de septiembre de 2026
A seis meses del intento de homicidio contra el defensor ambiental Erik Saracho Aguilar, organizaciones y personas defensoras del medio ambiente señalaron que la investigación de la Fiscalía de Nayarit registra pocos avances y que no se ha identificado a los responsables del ataque ocurrido el pasado 11 de marzo en San Pancho, comunidad del municipio de Bahía de Banderas.
A través de un boletín, organizaciones civiles, colectivos y personas defensoras exigieron a las autoridades garantizar el acceso a la justicia, establecer quiénes fueron los responsables materiales e intelectuales del ataque y otorgar medidas de protección para Saracho y otros defensores ambientales de la región.
De acuerdo con el documento, la carpeta de investigación por el delito de asesinato calificado en grado de tentativa, identificada con el número RH/01157/2026, permanece en la Fiscalía de Nayarit y presenta poco avance. Las organizaciones señalaron que hasta la fecha no se ha encontrado a los responsables.
Sin avances tras el atentado de marzo
El ataque ocurrió el 11 de marzo de 2026, cuando Saracho regresaba a su domicilio en San Pancho después de llevar a su hija a la escuela. El defensor observó un vehículo que le pareció sospechoso al regresar a su casa, aunque en ese momento no le dio mayor importancia.
Cuando se disponía a entrar a su domicilio, un hombre caminó hacia él. Saracho atravesó el cancel de seguridad que previamente había instalado el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Ya dentro de su casa, levantó la mano derecha y saludó al hombre con un “Buenos días.” En ese momento, el sujeto sacó un arma y disparó.
Saracho levantó la mano izquierda y dio un paso hacia atrás, pero una de las balas lo alcanzó. Con ayuda de su esposa logró detener la hemorragia mientras esperaba atención médica. Una hora después llegó la policía municipal y fue trasladado al hospital regional y posteriormente a un hospital privado.
El 18 de marzo se dio a conocer la detención de un supuesto agresor; sin embargo, Saracho sostuvo entonces que la persona presentada por las autoridades no correspondía con quien lo atacó.
En declaraciones recogidas por Animal Político, señaló que la detención se habría realizado “para bajar la presión a la Fiscalía y distraer la atención del caso. Agarraron a otra persona que quisieron que nosotros lo reconociéramos como el agresor, pero pues no era, pero en los medios quedó la percepción de que ya lo habían agarrado”.
Acoso previo y presión inmobiliaria
En el boletín difundido este domingo, las organizaciones sostuvieron que la agresión debe analizarse dentro del contexto de la actividad de Saracho como defensor ambiental y de las disputas relacionadas con el crecimiento turístico e inmobiliario en la costa sur de Nayarit y el norte de Jalisco.
Saracho dirige desde 2008 Alianza Jaguar, organización dedicada a la conservación del jaguar y su hábitat. Su trabajo también se ha enfocado en la relación entre la protección de esa especie y el equilibrio con las comunidades humanas en la región de Bahía de Banderas y Puerto Vallarta.
El boletín señala que Saracho y otros activistas han vigilado y cuestionado durante más de 20 años procesos inmobiliarios en la región. Las organizaciones consideran que esa actividad ha afectado intereses económicos y señalan que el defensor ha enfrentado campañas de desprestigio, estigmatización, calumnias y procedimientos legales.
Animal Político documentó en junio que el ataque físico estuvo precedido por distintos episodios de hostigamiento. Entre ellos se encuentran acciones judiciales, campañas digitales y amenazas contra personas cercanas al defensor.
Uno de los antecedentes fue una denuncia presentada por Saracho el 19 de enero de 2026 ante el Ministerio Público de Sayulita por el asedio digital. En ella pidió que se investigaran las publicaciones y que se preservara la evidencia digital de Facebook antes de que pudiera ser eliminada.
Dos días antes del atentado, una asistente directa de Saracho recibió una llamada telefónica en la que le advirtieron: “Hiciste molestar a gente muy importante, te están siguiendo y tienen permiso de matarte”.
Animal Político también documentó una campaña de desprestigio contra Saracho en redes sociales. El 9 de diciembre de 2025, el portal Vallarta en Línea publicó una nota en la que lo acusó de bloquear el desarrollo turístico de San Pancho. También se difundió un video en Facebook y hubo comentarios contra el defensor dentro del grupo San Pancho Nayarit Comunidad Propositiva, creado por Saracho y otros ambientalistas.
La investigación de Animal Político rastreó el origen del video y encontró elementos que vinculaban su publicación original con la página Vallarta en Línea. El medio también identificó vínculos entre José Reyes Burgos, quien aparecía como responsable de publicaciones del portal, y SGS Marketing Solutions, empresa que recibió contratos del gobierno de Puerto Vallarta.
El medio señaló que entre los contratos se encontraba uno por 125 mil pesos para un video destinado a redes sociales, emitido el 21 de octubre de 2025, dos meses antes de la publicación del video contra Saracho. También documentó un contrato por 257 mil pesos para la publicación de banners durante 30 días en Vallarta en Línea.
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Demandas judiciales y boom del turismo
En paralelo al hostigamiento digital, Saracho enfrentaba desde años atrás procesos legales relacionados con su actividad de defensa ambiental. El boletín recuerda que desde 2018 enfrenta una demanda estratégica contra la participación pública, conocida como SLAPP, junto con otros cuatro defensores ambientales.
Animal Político documentó que el conflicto judicial se relaciona con una demanda civil presentada en 2019 por Carlos Lemus Mateos, apoderado de Pacific Lifestyle Properties, contra Saracho y otros cinco defensores del territorio. La empresa argumentó que las protestas, publicaciones y entrevistas de los activistas habían afectado su imagen y sus previsiones de ventas en relación con el desarrollo inmobiliario Punta Paraíso.
Como parte del proceso, un juez civil de Jalisco ordenó medidas para congelar cuentas bancarias por 4 millones 698 mil 463 pesos, monto reclamado por la empresa. También se dictaron restricciones que impedían a los activistas realizar determinadas manifestaciones públicas, entrevistas o publicaciones relacionadas con presuntos actos de corrupción de la empresa o del proyecto.
El boletín publicado este 13 de septiembre relaciona estos antecedentes con la situación actual del defensor y sostiene que el crecimiento turístico e inmobiliario de la costa de Nayarit y Jalisco ha incrementado las presiones sobre el territorio.
En particular, las organizaciones pidieron reforzar las acciones de inspección y vigilancia de las obras y proyectos turísticos e inmobiliarios en los municipios de Bahía de Banderas y Compostela, con énfasis en San Francisco, nombre oficial de la comunidad conocida como San Pancho. También solicitaron que, cuando corresponda, se sancionen las obras que incumplan el marco legal vigente.
La petición incluye una referencia al desarrollo inmobiliario y turístico de la zona. Animal Político reportó que en 2018 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales autorizó la construcción de 508 casas y departamentos en Bahía de Banderas, mientras que al término del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se habían autorizado mil 759 construcciones de este tipo, un aumento de 246%.
Según la revisión realizada por Animal Político de la Gaceta Ecológica, entre 2019 y 2026 se autorizaron en Bahía de Banderas alrededor de 7 mil nuevos inmuebles, además de 268 villas y cabañas, 13 hoteles, seis restaurantes, tres centros deportivos y cinco centros de entretenimiento.
El medio también documentó el caso del proyecto turístico conocido como Ysuri, desarrollado por el empresario local Carlos Chalita Kaim. El proyecto contempla seis edificios de seis niveles, un estacionamiento, locales comerciales, un área de comensales, alberca y espacios en la playa, con una superficie impactada de 9 mil 821 metros cuadrados, de acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental presentada en octubre de 2025 por Operadora de Inmueble Yuri, S.A. de C.V.
Antes de ese trámite, habitantes y activistas de San Pancho habían discutido el proyecto en una asamblea realizada el 29 de septiembre de 2025, a la que acudieron autoridades municipales. Los activistas señalaron entonces posibles irregularidades relacionadas con la ocupación de una zona federal del estero, el número de departamentos proyectados, los cajones de estacionamiento y el depósito de escombros en la carretera federal 200.
En el contexto de esa disputa, Chalita Kaim acusó a Saracho de haberle pedido dinero y un departamento a cambio de permitir la obra, acusación que posteriormente negó. Animal Político buscó al empresario, quien respondió por WhatsApp: “En ningún momento he sido víctima de ningún tipo de extorsión por parte de la persona mencionada”.
Exilio forzado y exigencia a autoridades federales
Tras el ataque, la situación de Saracho también cambió en términos personales. El boletín de los colectivos señala que él y su familia tuvieron que abandonar su comunidad como consecuencia del atentado. Animal Político confirmó en su investigación de junio que el defensor tuvo que dejar su hogar y trasladarse a otro lugar de México para intentar vivir con mayor seguridad.
Las organizaciones solicitaron a la Secretaría de Gobernación que intervenga para apoyar la petición de que la Fiscalía General de la República atraiga el caso. También pidieron que Gobernación instrumente medidas suficientes de protección y tenga participación ante los gobiernos subnacionales para proteger a otros defensores que permanecen en el territorio.
Entre sus demandas está garantizar un debido proceso de investigación para determinar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales del intento de homicidio, así como establecer medidas de protección que permitan a Saracho continuar con su trabajo como defensor ambiental.
También solicitaron que México implemente y armonice el artículo 9 del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú, para fortalecer la protección de las personas defensoras ambientales.
Las organizaciones plantearon que esas medidas deben tener especial aplicación en las zonas costeras sometidas a presión por proyectos turísticos e inmobiliarios.
El boletín fue firmado por organizaciones ambientales, colectivos, organizaciones de derechos humanos y personas defensoras de distintas partes del país. Entre ellas se encuentran Alianza Jaguar, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, el Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, RedMAS Nayarit, Red TDT, Serapaz, Grupo Ecológico de la Costa Verde, Mujeres Unidas por Bahía de Banderas y otras agrupaciones.
Las organizaciones señalaron que el caso de Saracho debe convertirse en un referente de la respuesta de las autoridades frente a las agresiones contra quienes defienden el medio ambiente, la tierra y el territorio, y reiteraron que, seis meses después del ataque, esperan avances en la investigación y medidas de protección para el defensor y su familia.