En Bahía de Banderas aumenta 246 % la construcción y Erik Saracho sufre ofensiva digital y atentado
Frasua Esquerra, Nayeli Roldán y Alexis Ortiz · 11 de junio de 2026
Erik Saracho Aguilar llegó a San Pancho, un poblado en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, hace 25 años. La circunstancia lo convirtió en defensor del medio ambiente. Ha combatido la contaminación y enfrentado la depredación causada por una enorme bonanza inmobiliaria. En la defensa del territorio descubrió, de la peor manera, que hay intereses capaces de todo.
Saracho cree en la colectividad y en la defensa del lugar que habita, por eso en San Pancho conformó Alianza Jaguar, para defender esta especie en peligro de extinción y, junto con otros activistas creó la RedMAS, que agrupa a múltiples colectivos que lo mismo hacen talleres de composta, que se organizan para defender el medio ambiente.
El 11 de marzo de 2026 ocurrió un ataque que generó temor e incertidumbre en la comunidad. Esa mañana, Erik Saracho salió de su domicilio para llevar a su hija a la escuela. Al regresar a su casa, observó un vehículo que le pareció sospechoso, aunque en ese momento no le dio mayor importancia. Cuando se disponía a entrar, notó que un hombre caminaba en dirección a él.
Atravesó el cancel de seguridad que le había instalado con anterioridad el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y ya dentro de su casa levantó la mano derecha y saludó diciendo “Buenos días.” En ese momento, el sujeto sacó un arma y abrió fuego. Saracho alcanzó a levantar la mano izquierda y al dar un paso hacia atrás, una de las balas le impactó. Pese a la gravedad de las heridas, con ayuda de su esposa pudieron detener la hemorragia. Una hora más tarde llegó la policía municipal. Lo atendieron en el hospital regional y luego lo trasladaron a un hospital privado. Finalmente sobrevivió al ataque.
El intento de asesinato se dio un contexto de múltiples hostigamientos en su comunidad; como acoso judicial y una ofensiva digital a través de la difusión de material difamatorio.
Animal Político juntó las piezas del asedio.
Asfixia legal, hostigamiento digital y amenazas
Antes del atentado, Saracho había sido blanco de otras violencias con el objetivo central de silenciar sistemáticamente su labor como defensor del territorio e inhibir su activismo frente a los poderosos intereses inmobiliarios en San Pancho.
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En primer lugar, enfrentó una serie de acciones que, según su testimonio, buscaban obstaculizar su labor de defensa ambiental, incluyendo la llamada “ley mordaza” y el congelamiento de sus cuentas bancarias. Posteriormente, fue objeto de campañas de desprestigio y hostigamiento digital. Finalmente, la presión trascendió las redes sociales y alcanzó a miembros de su equipo: una de sus colaboradoras recibió una llamada telefónica con claras amenazas e intimidaciones.
La página Vallarta en Línea publicó información difamatoria en su contra. Luego se supo que dos personas responsables del sitio, tienen vínculos con una empresa de marketing que recibió contratos del municipio de Vallarta entre 2020 y 2025 por poco más de un millón de pesos, de acuerdo con información oficial publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia.
“Dicen que entre mayor sea el desafío que enfrenta tu comunidad, el interés económico o de recursos naturales, entonces mayor será el riesgo o la vulnerabilidad a ser atacado”, afirma Saracho en entrevista, un mes después de salir del hospital.
Por otra parte, el empresario local Carlos Chalita, desarrollador inmobiliario responsable de la construcción del complejo turístico “Sunset San Pancho”, también conocido como “Ysuri”, lo acusó de pedirle un soborno, pero después lo negó.
Este reportaje forma parte de la investigación Taladores Digitales, una colaboración liderada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, CLIP, en la que participó Animal Político juntos con otros seis medios de América Latina y el apoyo de la Iniciativa Global para la Integridad de la Información sobre Cambio Climático. Juntos han venido escudriñando quiénes están detrás de los ataques en contra de defensores del territorio y el medio ambiente en Guatemala, México, Honduras, Colombia, Brasil y Panamá.
La depredación inmobiliaria
En 2018, al concluir el sexenio de Enrique Peña Nieto, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó la construcción de 508 casas y departamentos en Bahía de Banderas, Nayarit. Mientras que al término del mandato de Andrés Manuel López Obrador hubo el mayor número de construcciones autorizadas: 1,759. Un aumento del 246% en sólo seis años.
Animal Político revisó la Gaceta Ecológica publicada cada semana de los últimos ocho años. En ella se informa de las solicitudes y autorizaciones para construcción. En total, Bahía de Banderas tuvo 7 mil nuevos inmuebles entre 2019 y 2026. Además de las casas y departamentos también se construyeron 268 villas y cabañas, 13 hoteles, 6 restaurantes, 3 centros deportivos y 5 centros de entretenimiento.
El crecimiento desenfrenado también ocurrió mientras el crimen organizado se apoderaba de la zona. El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tiene gran poder en Nayarit, un estado mexicano al oeste del país. Esta organización criminal tiene negocios más allá del tráfico de drogas, en otros sectores como el inmobiliario, según documentó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en una investigación que se dio a conocer a comienzos de 2026 y que derivó en sanciones contra 17 empresas y cinco personas.
Entre las empresas sancionadas por su relación con el cártel, Estados Unidos señaló a VG Desarrollos de la Bahía, S.A. de C.V. En 2024, previo al señalamiento del Departamento del Tesoro, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) le emitió una autorización para construir un edificio con 95 departamentos. Según documentos del Registro Público del Comercio, la empresa es propiedad de Carlos Humberto Rivera Miramontes, quien fue señalado por la OFAC en un comunicado de prensa por tener “un largo historial de colaboración con narcotraficantes”.
La construcción de inmuebles continúa, a pesar de las denuncias de posibles vínculos con organizaciones criminales. Solo en los primeros cinco meses de 2026, la Semarnat autorizó la edificación de 230 departamentos más.
Tampoco hay avances en las investigaciones del atentado contra Saracho. Lo único que ha cambiado es la vida del defensor. Tuvo que abandonar su hogar y trasladarse a otro lugar en México, para intentar vivir un poco más seguro que en Nayarit. La defensa del territorio lo desplazó a él, no a los depredadores.
Más construcciones, más resistencia
En San Pancho nunca se han resignado a ceder su comunidad. Desde hace más de dos décadas han formado diferentes colectivos integrados en la Red por el Medio Ambiente y la Sustentabilidad (RedMAS) en San Pancho. Hacen asambleas para discutir los problemas y encontrar soluciones juntos.
Una de las controversias más recientes fue el desarrollo llamado Ysuri, del empresario local Chalita Kaim. Un complejo turístico conformado por 6 edificios de 6 niveles cada uno, un estacionamiento para 63 autos; más locales comerciales, un área de comensales, alberca, área de camastros y sombrillas en la playa. La superficie impactada sería de 9 mil 821 metros cuadrados, según se explica en la Manifestación de Impacto Ambiental tramitada el 2 de octubre de 2025 por la razón social Operadora de Inmueble Yuri, S. A. de C. V.
Sin embargo, el asedio comenzó antes de este trámite. El 29 de septiembre de 2025, en el Centro Comunitario Entre Amigos, la comunidad participó en una asamblea para discutir el tema, con la presencia del Presidente Municipal de Bahía de Banderas, Héctor Santana, y funcionarios de desarrollo urbano.
Los activistas demostraron documentalmente las violaciones de la obra: una invasión de 58 metros cuadrados de la zona federal del estero; el proyecto excedía el límite legal de departamentos (proyectando 74 cuando el máximo es 50); la falta de cajones de estacionamiento (solo propusieron 64, incumpliendo con el reglamento local); y el depósito ilegal de escombros en la carretera federal 200.
A este clima de hostilidad se sumó la participación de actores locales que defendieron a la inmobiliaria. De acuerdo con el testimonio del propio Erik Saracho, durante la asamblea del 29 de diciembre destacó la presencia de una mujer identificada como “Katy”, quien fungió como una defensora muy vocal del proyecto.
Esa defensa, explica Saracho, respondía a una estrategia del desarrollador para ganar apoyo social: la empresa habría prometido donar 100 mil pesos a la secundaria pública local, donde esta mujer colabora. Esto fue confirmado por información difundida por el propio empresario Chalita Kaim entre miembros de la comunidad. El empresario mandó mensajes por WhatsApp enlistando las obras de “trabajo social” dentro de la comunidad, como “compra de palmeras”, “donación directa a la escuela”, entre otros “apoyos”, “instalaciones eléctricas”, además de cartas de apoyo de los habitantes.
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Luego, Chalita Kaim acusó al activista de exigirle un millón de dólares y un departamento a cambio de permitir la obra, señala Saracho. Incluso, el empresario buscó a la periodista Susana Carreño, reconocida por su cobertura de medio ambiente. Luego de sobrevivir a un atentado en 2022, tiene escoltas, como parte del mecanismo de protección para periodistas y defensores de derechos humanos.
La reunión ocurrió en 2025, luego de su cobertura de la protesta de los pobladores en contra del desarrollo inmobiliario Ysuri. Durante la conversación, el empresario le pidió “ayuda”, le habló del tamaño de sus inversiones y el rechazo de los ambientalistas. Cuando ella reviró que “a ellos les asiste la razón”, Chalita respondió: ‘Es que usted no conoce a Erik Saracho. Trató de extorsionarme’.
La periodista respondió que ella no era la vía. ‘Entonces no es conmigo con quien tiene que hablar, sino con la Fiscalía para hacer la denuncia’. Enseguida se retiró, recuerda Susana Carreño.
Animal Político buscó a Carlos Chalita, pero declinó otorgar una entrevista. Solo respondió vía WhatsApp negando todo. “En ningún momento he sido víctima de ningún tipo de extorsión por parte de la persona mencionada”.
Aunque en la solicitud no se le mencionó el atentado, el empresario afirmó que no tenía “nada qué compartir antes este trágico y condenable caso; extiendo mi apoyo y solidaridad al señor Saracho y su familia. Espero que las instituciones puedan proveer la justicia necesaria para esta familia”.
La ofensiva digital
Al no lograr frenar la defensa territorial en asambleas, vino una guerra digital. El 9 de diciembre de 2025, el portal “Vallarta en Línea” publicó una nota firmada por “JoseR”, titulada: “Señalan a Erick Saracho, activista, por bloquear el progreso turístico en San Pancho”, en la que lo acusaron, sin presentar pruebas, de frenar el desarrollo estatal bajo un falso monopolio de rentas de Airbnb.
A la par se difundió un video difamatorio contra Saracho en Facebook, además de comentarios ofensivos en el grupo de Facebook “San Pancho Nayarit Comunidad Propositiva”, un espacio de 41 mil miembros cofundado por Saracho y Luis Morales, otro de los pobladores.
El costo de la afrenta digital tuvo efectos emocionales y sociales, explica Saracho. “Al principio yo pensaba que eran intrascendentes porque el que nada debe nada teme, pero cuando generan desprestigio a tu alrededor, la gente de tu alrededor la cree y aunque tú seas inmune a ese veneno, ese veneno permea en la gente alrededor de ti. Entonces, de repente empiezas a ser odiado por tus comunidades”.
Para esta investigación, Animal Político rastreó información sobre las diferentes publicaciones para hallar a los responsables. El video difamatorio fue reportado por usuarios como información falsa, la plataforma lo eliminó. Sin embargo, se buscó la URL de la publicación que contenía un identificador numérico único que Facebook asigna de manera única a perfiles y páginas dentro de la plataforma.
Al ingresar directamente ese identificador, el sistema redirige automáticamente a la página “Vallarta en Línea”. Esto permite establecer que dicha cuenta fue la responsable de publicar originalmente el video posteriormente eliminado.
Fuentes del municipio confirmaron que el dueño de la página es José Reyes Burgos, la misma persona que firma notas con su nombre completo o con “JoseR”, como ocurrió con la nota difamatoria contra Saracho.
Reyes Burgos, además, aparece como “contacto” de la empresa SGS Marketing Solutions en el padrón de proveedores del gobierno de Puerto Vallarta para el periodo 2024-2027, de acuerdo con el listado oficial publicado en la Plataforma Nacional de Transparencia. Se trata del único vínculo entre Burgos y la compañía, toda vez que quienes aparecen como dueños en las actas notariales son Estanislao Ramírez Alonso, luego Abigail Jiménez Agustín y finalmente Teresa Pérez Cholula.
SGS Marketing Solutions se dedica a “la presentación de servicios como asesorías, consultorías, desarrollo de programas, diseño, producción en materia de mercadotecnia impresa, digital, o cualquier otro medio, por cuenta propia o mediante tercera persona”, según su acta constitutiva.
Fue registrada ante notario público en Puebla el 12 de febrero de 2020 y cuatro meses después, el 25 de junio de 2020, el gobierno de Puerto Vallarta –entonces bajo la administración del alcalde Arturo Dávalos Peña– le otorgó un contrato por 83 mil pesos (unos US$4700) por la difusión de avisos institucionales.
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Entre la información del ayuntamiento de Vallarta disponible en la web se encuentran estados de su cuenta bancaria, misma que se corroboró con el banco para verificar la autenticidad. Entre los registros se encuentra un pago a SGS Marketing Solutions por 125 mil pesos, por el concepto “video full HD para redes”, emitido el 21 de octubre de 2025, dos meses antes de la publicación del video difamatorio de Saracho.
También está un contrato por 257 mil pesos (US$14800 aproximadamente) que el municipio de Vallarta hizo con la empresa SGS Marketing Solutions para la publicación de banners durante 30 días en el portal “Vallarta en línea”, de acuerdo con reportes en la Plataforma Nacional de Transparencia.
La empresa reportó como dirección fiscal un domicilio ubicado en Puebla, dentro de una zona habitacional. Sin embargo, en el padrón de proveedores de Puerto Vallarta registró el domicilio Francia 388, Casa B-1, colonia Versalles, Puerto Vallarta, Jalisco, C.P. 48328. Actualmente, esa dirección aparece vinculada a un establecimiento de fisioterapia y, en registros de proveedores, también es utilizada como domicilio de una firma de abogados.
En tanto, el sitio “Vallarta en Línea” no tiene directorio y los datos del dueño del dominio están censurados. Aunque tienen un correo electrónico y teléfono de contacto, ninguno se encuentra en funcionamiento.
Animal Político buscó dicho número telefónico mediante una herramienta que hace un rastreo en diferentes fuentes digitales para saber a quién pertenece. Así se encontró que el número está vinculado a “Cynthia Roman Staf”, con registro en Puerto Vallarta, Jalisco. Se trata de una “creadora digital y bloguera”, según se describe en página de Facebook, y cuyo contenido está enfocado en la promoción de la vida turística y social de Puerto Vallarta.
Al contactarla dijo que ya no “colaboraba” en Vallarta en Línea desde hacía un año. No obstante, al comentarle que su contacto aparece como responsable de la página de Facebook, respondió: “he intentado que me quiten de ahí y no he podido”. Aunque en su perfil aún aparecía como su historial de trabajo actual, Vallarta en Línea.
Cynthia ofreció avisar “a la redacción” sobre esta investigación, pero se negó a proporcionar el contacto que mencionaba. Minutos después de la conversación, el portal Vallarta en Línea eliminó la publicación de la nota difamatoria contra Saracho.
En la conversación, también se pidió a Cynthia el contacto de José Reyes Burgos, pero respondió que no lo conocía. Sin embargo, aparece en videos del canal de YouTube de él, los cuales fueron borrados minutos después de la charla. Se enviaron mensajes al chat de la página de Facebook de Vallarta en Línea, pero no hubo respuesta.
* * *
Semanas antes del atentado que Saracho sufrió en marzo de 2026, se desplegó una ofensiva digital en su contra dentro del grupo de Facebook “San Pancho”, creado por Saracho y otros ambientalistas. Aunque los administradores y moderadores eliminaron todas las publicaciones y comentarios agresivos, las evidencias obtenidas por esta investigación —algunas capturas de pantalla rescatadas, las conversaciones con Erik Saracho, y el testimonio de los moderadores y administradores del grupo de Facebook San Pancho Nayarit Comunidad Propositiva— muestran que la campaña buscaba desacreditar y hostigar al activista, creando un ambiente de odio y agresión permanente.
Por ejemplo, en una de las capturas de pantalla que se conservan de aquella ofensiva un usuario sostiene que el propio activista habría ordenado el ataque para beneficiarse políticamente, afirma que Saracho buscaba presentarse como víctima y “quedar como héroe” ante la comunidad, al tiempo que descartaba que empresarios pudieran estar detrás de la agresión porque serían los primeros sospechosos. Asimismo, hubo usuarios que apoyaron este tipo de narrativas que, en lugar de condenar el atentado, promovieron versiones que cuestionaban al activista.
Cuestionados sobre esto, los administradores dicen recordar publicaciones adversas a Saracho. “Buscaban polarizar la opinión”, dice uno de los administradores.
Los perfiles compartían un patrón, como avatares de animales o frutas con gafas oscuras, e incluían cuentas como TaupePear1481 y SanPanchitoLibre, administrada por un usuario identificado como Denisse Perez. En ninguno de los casos fue posible rastrear más datos debido a que son perfiles restringidos.
Y después de la agresión física, persistió la digital. Por ejemplo, el usuario ScenicMango737 publicó en el grupo de Facebook que el propio Saracho “se mandó balear” a sí mismo para figurar como héroe y manipular a la comunidad de “hippies que lo apoya”.
Saracho y los moderadores cercanos a él acordaron eliminar los comentarios y bloquear a los agresores para respetar los objetivos fundacionales del grupo: fomentar un entorno propositivo, construir tejido social y promover la participación ciudadana y la conciencia ecológica.
Una docena de personas eran administradores y moderadores del grupo y tenían la facultad de decidir qué contenido era aceptable y actuaron en consecuencia. Consultados, admiten que no conservaron registros de los comentarios eliminados; sin embargo, los moderadores recuerdan la ofensiva digital.
Asimismo, usuarios de la misma página recuerdan dicha campaña señalando la participación de usuarios como skinledguaba7207, scenicmango737, Brightjackfruit805, TaupePear1481, Indigoflamingo5412, todos con avatares de dibujos con gafas, siguiendo un patrón de anonimato.
Una revisión permitió constatar que en total los administradores bloquearon 163 usuarios, de los cuales Erik Saracho pudo identificar personalmente a 30 como sospechosos de participar en la campaña. Sin embargo, no hay ninguna publicación de dichos usuarios en la ofensiva, solo la sospecha del activista.
De amenazas al atentado
Por su activismo, Erik Saracho se encuentra en el Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, la estrategia del gobierno de México para proteger a quienes enfrentan peligro de vida. Entre las medidas de protección que le asignaron estuvo la colocación de cámaras afuera de su casa y un botón de pánico, un aditamento para pedir auxilio a policías ante una situación de emergencia.
Nada de eso impidió el atentado.
Dos días antes de la agresión, la asistente directa de Saracho recibió una llamada telefónica extorsiva donde le advirtieron: “Hiciste molestar a gente muy importante, te están siguiendo y tienen permiso de matarte”.
El miércoles 11 de marzo, la agresión ocurrió cuando el activista regresaba a su domicilio, recibiendo el impacto de una bala.
El 18 de marzo de 2026, se dio a conocer la detención del supuesto agresor. Sin embargo, de acuerdo con Erik Saracho las autoridades habrían presentado a una persona ajena a los hechos. En sus propias palabras, la supuesta captura se realizó “para bajar la presión a la Fiscalía y distraer, pues, o sea, la atención del caso. […] agarraron a otra persona que quisieron que nosotros lo reconociéramos como el agresor, pero pues no era, pero en los medios quedó la percepción de que ya lo habían agarrado”.
Antes del ataque, el 19 de enero de 2026, Erik Saracho había interpuesto una denuncia formal ante el Ministerio Público de Sayulita por el asedio digital. Además de exigir la investigación, también pedía que la autoridad resguardara la evidencia digital de Meta (Facebook) antes de que fuera borrada permanentemente.
Acoso judicial y la “Ley Mordaza”
A Erik Saracho no solo lo han perseguido física y digitalmente. También ha habido autoridades que lo han acusado de daños sin sustento. El primer ataque registrado ocurrió el 17 de julio de 2017, cuando el Ministerio Público de Sayulita, encabezado por Francisco Javier Quiñones Reyes, lo mandó a llamar. ¿El motivo de esta citación? Lo acusaban de haber dañado una reja.
Para defenderse de esta acusación, el 1 de septiembre de ese mismo año, el activista tuvo que exigir por escrito que la autoridad acudiera al lugar del problema con un aparato GPS para registrar las coordenadas exactas de dónde estaba supuestamente esa reja afectada.
Saracho hizo esta petición porque tener la ubicación precisa en el mapa era la única manera de demostrar que él no tenía nada que ver con los hechos. Fue su forma de exigir su derecho más básico a defenderse y comprobar que las autoridades estaban inventando un delito para intimidarlo y frenar su labor en el pueblo.
El asedio judicial más grave ocurrió en 2019 con el conflicto del desarrollo llamado “Punta Paraíso”. Carlos Lemus Mateos, apoderado de Pacific Lifestyle Properties, la empresa desarrolladora, interpuso una demanda civil en contra de Erik Saracho y otros cinco defensores del territorio: Alfredo Gazra Leal, María Elvia García Palomera, Israel Landa Miranda, Indalecio Sánchez Rodríguez e Ismael Duñalds Ventura.
El argumento fue que las protestas, la publicación de panfletos y las entrevistas donde los activistas denunciaron que el desarrollo inmobiliario “Punta Paraíso” invadía bienes nacionales y estaba ligado a actos de corrupción, afectaron severamente la imagen de la compañía. Que atentaban contra su integridad moral y que habían frustrado sus pronósticos de ventas, causándoles pérdidas económicas que cuantificaban en 4 millones 698 mil 463 pesos mexicanos (unos US$270 mil de hoy).
Como resultado de esta demanda, el Juez Cuarto de lo Civil en Jalisco, Manuel Edgardo Servín Orozco, dictó medidas extraordinarias para silenciar y castigar a los activistas. Por un lado, aprobó un embargo precautorio girando oficios para congelar sus cuentas bancarias por la cantidad de los 4,6 millones de pesos exigidos.
Por otro lado, emitió la “ley mordaza” que les prohibió realizar marchas, manifestaciones, entrevistas o publicar cualquier tipo de información en medios de comunicación masivos o electrónicos en donde señalaran presuntos actos de corrupción de la empresa o del proyecto Punta Paraíso.
Saracho confiesa que el estrés derivado de estas agresiones y campañas digitales en su contra le provocó un infarto que lo llevó al Instituto Nacional de Cardiología. Hasta la fecha, las cuentas de los activistas siguen congeladas.
Ahora, a pesar de verse forzado a abandonar su comunidad, Saracho señala que sobrevivir conlleva la responsabilidad de continuar su defensa por el país: “No me parece que el privilegio de haber quedado vivo sea para gozar una vida sin responsabilidad en el entorno”.
Mantiene la convicción de que aún hay oportunidades para mejorar el entorno, descarta abandonar el territorio nacional debido al profundo amor que le profesa. “México es el mejor país del mundo, por eso nacimos aquí, y creo que vale la pena defenderlo”.